El acuerdo nace como pieza central del pacto presupuestario PSC–Comuns. La promesa: Cataluña limitará la compra “especulativa” en las zonas de mercado tensionado y será la primera comunidad en hacerlo.
Pero la política va más rápido que la ejecución. La reforma debe pasar por el Parlament de Catalunya y, además, el propio acuerdo reconoce que el texto se quiere tramitar por vía rápida y necesita sumar apoyos, con Esquerra Republicana de Catalunya como actor clave en la aritmética.
Qué cambia: no se prohíbe comprar, se intenta controlar para qué se compra
La letra importante no está en “quién compra”, sino en “para qué se compra”. La medida se articula vía urbanismo y habilita a los ayuntamientos de los 271 municipios tensionados (más del 90% de la población catalana) a aprobar planes especiales que impidan que esas compras terminen en alquiler libre o en usos especulativos.
En la práctica, el mensaje es: compra, sí; pero el piso deberá destinarse a residencia habitual (del comprador o familiares) o a alquiler con precio limitado, y no a alquiler “a lo que dé” ni a fórmulas que el plan municipal vete.
La letra pequeña: excepciones que reducen el efecto
El “gran tenedor” se fija a partir de cinco inmuebles o más en zona tensionada, y a ese perfil se le pretende cortar la compra de viviendas “sueltas”. Pero se abre una puerta relevante: los grandes tenedores sí podrían adquirir edificios enteros si los destinan a alquiler regulado.
También se habilita un margen amplio para particulares: los pequeños propietarios podrían comprar hasta cuatro viviendas si son para uso propio, de familiares o para alquilarlas con el precio limitado. Y la norma contempla una segunda residencia en un municipio distinto como “extensión” de la primera, incluso si ese segundo municipio es tensionado.
Para sostener el cumplimiento, el pacto incorpora sanciones “muy graves” que llegan hasta 1,5 millones de euros, pensadas para fraudes de ley, simulaciones o incumplir el uso declarado.
El problema de fondo: si depende del ayuntamiento, depende del calendario
El Govern vende rapidez (“antes de verano”), pero el corazón del mecanismo lo activan los municipios. Sin plan especial municipal, no hay efecto real. Y eso significa velocidades distintas: ayuntamientos que lo ejecutarán y otros que lo demorarán, lo suavizarán o no lo priorizarán.
Esto debilita la promesa política porque la emergencia de vivienda es inmediata, mientras que el despliegue administrativo, por definición, no lo es.
El riesgo que no cabe en el titular: menos alquiler disponible
La medida puede enfriar la compraventa especulativa, sí. El problema es el efecto secundario: varios análisis advierten de que limitar compras de inversores puede traducirse en menos oferta de alquiler, porque parte del parque que hoy alquilan inversores termina vendiéndose a propietarios que lo destinan a uso propio y no vuelve al mercado del arrendamiento.
Ese es el punto donde el anuncio se queda corto: frenar “al comprador grande” no garantiza que aparezcan viviendas asequibles; puede, de hecho, estrechar aún más el embudo del alquiler si no entra oferta nueva (parque público, incentivos claros y seguridad jurídica). En X, este argumento aparece de forma recurrente en las reacciones críticas:
Las críticas desde el frente social: agujeros y “flipping” fuera del foco
La medida también recibe avisos desde organizaciones de inquilinos: celebran el giro retórico (“los pisos son para vivir”), pero denuncian “forats” y señalan que el texto no ataca con precisión prácticas como el flipping (comprar para revender pronto con plusvalía), uno de los motores reales de expulsión y encarecimiento en algunos barrios.
En X, parte de la crítica va por ahí: mucho anuncio y demasiadas vías de escape si la inspección y la definición de “uso” no se vuelven realmente operativas.
Cierre: el pacto puede ser un gesto, pero no es una solución
El pacto PSC–Comuns tiene un objetivo entendible: reducir compras puramente especulativas y empujar vivienda hacia uso residencial o alquiler regulado. El problema es que el diseño mezcla un titular duro con una ejecución lenta, excepciones amplias y un riesgo serio para el alquiler.
Si el Govern quiere vender esto como política de vivienda —y no como moneda presupuestaria— tendrá que demostrar dos cosas: que los ayuntamientos lo aplican de verdad y que, al mismo tiempo, el alquiler no se encoge. Porque si la consecuencia es un mercado con menos pisos disponibles para alquilar, lo único que habrá cambiado será el relato, no el problema.
