El cantante español Julio Iglesias nunca llegó a ser considerado sospechoso en la investigación que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió tras la denuncia de dos exempleadas domésticas, quienes le atribuían presuntos delitos de trata de personas con fines sexuales y explotación laboral. Así lo señaló el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, en un escrito en el que explica los motivos por los que se ha impedido al artista acceder a la denuncia que afectó gravemente su reputación.
Denuncia archivada
La denuncia, interpuesta por la dominicana M.A.F. y la venezolana S.A.L., fue archivada el 23 de enero debido a que los tribunales españoles carecían de jurisdicción, ya que los presuntos hechos no se habían denunciado en los países donde supuestamente ocurrieron: República Dominicana y Bahamas.
Defensa busca acceso a la denuncia
El abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, solicitó acceder a la denuncia, pero no obtuvo respuesta. Por ello, el 2 de marzo presentó un recurso contencioso-administrativo para que los tribunales obliguen a la Fiscalía a entregarle el documento. La defensa sostiene que medios como eldiario.es y Univisión difundieron la denuncia, “desencadenando una campaña mediática de desprestigio contra el denunciado, que ha dañado de manera irreversible su reputación y su fama públicas”.
El recurso sostiene que la negativa de la Fiscalía impide a Iglesias conocer los hechos que se le imputan y ejercer su derecho a la defensa, incluyendo la posibilidad de acciones legales por denuncia falsa o simulación de delito.
Recurso admitido a trámite
Aunque denunciantes, Fiscalía y Abogacía del Estado se opusieron al recurso, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo lo admitió a trámite por la vía de protección de derechos fundamentales. Según la doctrina del Tribunal Supremo, basta invocar un derecho cuya vulneración se atribuya a la actuación administrativa para tramitar el recurso. El juzgado no decidirá sobre el fondo hasta la sentencia final.
Defensa insiste en control judicial
La defensa de Iglesias subraya que, en un Estado de Derecho, ninguna decisión administrativa que afecte los intereses legítimos de un ciudadano debería quedar fuera del control judicial. Según Choclán, “las resoluciones dictadas en las diligencias de investigación pre-procesal tienen la naturaleza de actos administrativos y no pueden ser exentas del control de legalidad por la jurisdicción”.
Caso sigue pendiente
El caso sigue pendiente de resolución, mientras la polémica sobre el acceso a la denuncia y el impacto en la reputación del cantante continúa generando debate.
