El Tribunal Supremo ha decidido no resolver directamente la aplicación de la amnistía a la exsecretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, en la causa del procés vinculada al 1-O, y ha optado por remitir el caso a la Audiència de Barcelona al considerar que ya no es competente para continuar con el procedimiento.
Competencia perdida
En un auto de la Sala de lo Penal, con el magistrado Manuel Marchena como ponente, el alto tribunal concluye que Rovira no dispone de aforamiento, ya que actualmente no ocupa ningún cargo público que le otorgue esa condición. Por ello, el Supremo entiende que “ha perdido su competencia” y que debe ser la instancia inferior la que asuma la decisión sobre su situación procesal.
El tribunal mantiene el procesamiento de Marta Rovira por un presunto delito de desobediencia, aunque traslada a la Audiència de Barcelona la decisión final sobre si procede abrir juicio oral o aplicar la ley de amnistía en su caso.
Origen del caso
El origen de la causa se remonta al proceso independentista catalán y a los hechos del 1 de octubre de 2017. Rovira fue inicialmente investigada por delitos más graves como rebelión y posteriormente sedición, pero tras la reforma del Código Penal estos fueron descartados, quedando la acusación en desobediencia, un delito que puede conllevar inhabilitación.
Rovira se marchó de España en 2018 y vivió en Ginebra (Suiza) hasta su regreso en 2024. Su vuelta reactivó parcialmente la causa, que había quedado en suspenso durante su etapa en el extranjero.
Posiciones y decisión final
La Fiscalía ha apoyado la aplicación de la amnistía para dar por finalizado el caso, mientras que Vox ha solicitado que la dirigente independentista sea juzgada por desobediencia.
Será ahora la Audiència de Barcelona la que deberá decidir si abre juicio oral o si aplica la amnistía, en un contexto en el que la interpretación de esta norma sigue generando debate entre tribunales y partes implicadas.
