Junts per Catalunya y el Partido Popular de Catalunya (PP) recurrirán ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la ley impulsada por los Comuns para limitar la compra especulativa de vivienda en zonas tensionadas.
El anuncio lo han hecho el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, y la portavoz del PP, Lorena Roldán, antes de la votación de la tramitación de la norma por lectura única, una vía que previsiblemente permitirá su avance con el apoyo del Govern.
Dudas jurídicas
Salvador Vergés ha argumentado que la ley puede afectar al derecho a la propiedad y ha denunciado que invade competencias de los ayuntamientos. Además, ha criticado que el texto se tramite por lectura única, ya que, según Junts, limita el debate parlamentario y dificulta la participación de colegios profesionales y otros sectores implicados.
La formación juntaire también sostiene que la iniciativa podría entrar en conflicto con la normativa europea sobre libertad de empresa y directivas de servicios. Asimismo, alerta de posibles consecuencias en operaciones inmobiliarias como herencias y donaciones.
Más oferta de vivienda
Vergés ha criticado el papel de los Comuns en la política de vivienda del Govern de Salvador Illa, al considerar que sus medidas generan «inseguridad jurídica, restricciones e intervencionismo». Junts sostiene que el principal problema del mercado residencial es la falta de oferta y reclama impulsar la construcción de nuevas viviendas, cifrando en 125.000 los pisos necesarios en Catalunya.
Además, el dirigente juntaire ha alertado de que la aplicación de la ley podría provocar diferencias entre municipios, ya que serán los ayuntamientos quienes decidirán si adoptan las limitaciones. Según ha ejemplificado, ciudades como Barcelona podrían aplicar las restricciones mientras otros municipios optan por no hacerlo.
Pacto con los Comuns
La proposición de ley se enmarca en el acuerdo entre el Govern y los Comuns para facilitar la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2026. La limitación de la compra especulativa de vivienda era una de las condiciones planteadas por la formación de Jéssica Albiach para avanzar en el pacto.
La norma busca frenar la acumulación de viviendas por parte de grandes tenedores y fondos de inversión en las zonas con mayor presión inmobiliaria. La medida afecta a 271 municipios declarados como mercado residencial tensionado y permite que los ayuntamientos decidan su aplicación mediante planes urbanísticos para priorizar la vivienda habitual y el alquiler asequible.
Aprobación en espera
Aunque la tramitación de la ley en el Parlament previsiblemente saldrá adelante, el recurso ante el Consell de Garanties Estatutàries podría retrasar su aprobación definitiva. El organismo dispondrá de treinta días para emitir su dictamen, lo que podría situar la entrada en vigor de la norma, como pronto, en el mes de octubre.
Mientras Junts y PP cuestionan la legalidad y la eficacia de la iniciativa, los Comuns y el Govern defienden que la regulación es una herramienta necesaria para combatir la especulación inmobiliaria y mejorar el acceso a la vivienda en las zonas más tensionadas.
