La crisis migratoria de Ceuta ha llevado al PP a reclamar al Gobierno la aplicación del acuerdo firmado con Marruecos en 2007 para facilitar el retorno de menores no acompañados.
El pacto, vigente desde 2012 y ratificado en España en 2013, contempla la cooperación entre ambos países para favorecer la reunificación de los menores con sus familias o su acogida por los servicios de protección marroquíes. Génova defiende que, ante la actual situación y el buen momento de las relaciones entre España y Marruecos, el acuerdo debe utilizarse para agilizar estos retornos.
Vivas endurece su postura
Más de una semana después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, ha endurecido su postura ante la negativa del Gobierno a asumir el mando único que reclama desde el inicio de la crisis. Vivas defiende el retorno a Marruecos tanto de adultos como de menores y cifra en unos 10.000 las personas que permanecen en la ciudad de forma irregular, entre ellas alrededor de 1.500 menores. Carmen Fúnez eleva la cifra total a 12.000 y respalda que las devoluciones son necesarias para garantizar la seguridad en Ceuta.
Feijóo respalda los retornos
Alberto Núñez Feijóo también ha respaldado la devolución de los menores no acompañados a Marruecos. El líder del PP considera que es «lo lógico y pertinente», aunque la propuesta del partido pasa por aplicar el acuerdo bilateral de 2007 respetando los procedimientos legales, por lo que los retornos no podrían hacerse de forma colectiva.
El Supremo limita las devoluciones
El Tribunal Supremo marca el principal límite a la propuesta del PP. En 2024 estableció que los menores no pueden ser devueltos de forma colectiva y que cada caso debe tramitarse de manera individual, tras declarar ilegales las devoluciones realizadas en Ceuta en 2021.
Así, cada menor debe ser identificado y contar con los informes necesarios para determinar si puede reunirse con su familia en Marruecos o quedar bajo la tutela de los servicios sociales del país. Todo el proceso debe ajustarse a la legislación española, al derecho internacional y a la Convención sobre los Derechos del Niño.
El menor debe ser escuchado
La devolución tampoco es automática si el menor se opone a regresar a Marruecos. En estos casos, debe ser escuchado y su opinión valorada según su edad y madurez, con la intervención de la Fiscalía. La decisión final debe determinar si el retorno garantiza su interés superior y cuenta con las condiciones adecuadas en el país de origen.
El PP sostiene que los servicios sociales marroquíes pueden hacerse cargo de determinados menores y reclama que esta posibilidad sea valorada en cada caso.
Más medios para las devoluciones
El PP considera que la aplicación del acuerdo con Marruecos requiere reforzar los recursos en Ceuta. Los populares reclaman más fiscales, abogados de oficio y personal para identificar a los menores, realizar las pruebas necesarias y tramitar los expedientes.
El objetivo es agilizar los procedimientos y evitar que se prolonguen durante meses, agravando la situación de una ciudad que, según el partido, está desbordada. Para ello, también reclaman una cooperación plena con Marruecos.
Casos que seguirían otra vía
El PP admite que no todos los menores podrán ser retornados y defiende que los casos de posibles víctimas de trata o que requieran protección internacional sigan procedimientos específicos. La formación considera que serán situaciones excepcionales y apuesta por estudiar cada expediente para determinar si el menor puede reunirse con su familia, quedar bajo tutela de los servicios sociales marroquíes o permanecer en España por motivos de protección.
El PP plantea reformar Extranjería
Más allá de la crisis de Ceuta, el PP plantea reformar la Ley de Extranjería para corregir los «vacíos legales» que, a su juicio, dificultan la gestión migratoria. Entre sus propuestas está que el Estado asuma la determinación de la edad antes de trasladar a los menores a otras comunidades, evitando que lleguen a los centros de acogida sin tener su situación plenamente acreditada.
Un reparto igual para todos
Otro de los puntos que el PP quiere modificar es el reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas. Génova acusa al Gobierno de aplicar un trato desigual y critica que Cataluña y el País Vasco quedaran excluidos del reparto obligatorio previsto en 2025 para trasladar menores desde Canarias, Ceuta y Melilla.
Los populares reclaman un sistema homogéneo que establezca los mismos criterios y obligaciones para todas las comunidades.
Financiación hasta la emancipación
El tercer eje de la propuesta del PP es económico. Los populares reclaman que el Estado asuma íntegramente el coste de atención de los menores no acompañados desde su llegada hasta su emancipación.
Aunque en 2025 se habilitó un fondo de 100 millones de euros para compensar a las comunidades por los gastos derivados de la sobreocupación, el PP considera insuficiente este modelo y pide una financiación estatal permanente hasta la emancipación de los jóvenes.
El acuerdo de 2007, de nuevo en el foco
La propuesta del PP pasa por reactivar el acuerdo bilateral con Marruecos, cuya aplicación debe ajustarse a la legislación española y a las resoluciones judiciales. Los populares reclaman más recursos y agilidad para tramitar los retornos, que en ningún caso podrían realizarse de forma colectiva, sino mediante expedientes individualizados y con las garantías necesarias.
La crisis de Ceuta vuelve a situar en el centro del debate la gestión de los menores no acompañados y la cooperación migratoria con Marruecos, mientras la ciudad reclama más medios para afrontar la situación.
