Tres años después, conviene volver al principio. La guerra de Gaza no comenzó con los bombardeos israelíes, sino el 7 de octubre de 2023, con una masacre deliberada de civiles perpetrada por Hamás y otros grupos armados. Aquel día fueron asesinadas unas 1.200 personas y 251 fueron secuestradas. No fue una batalla entre dos ejércitos. Fue una operación concebida para golpear a la población civil, provocar a Israel y desencadenar una reacción de enormes dimensiones.
Lo consiguió. Pero probablemente no de la manera que esperaba Hamás.
El 7 de octubre tuvo una finalidad que iba mucho más allá del terreno militar. Los Acuerdos de Abraham habían empezado a transformar Oriente Medio. Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán habían normalizado sus relaciones con Israel, rompiendo la vieja doctrina según la cual ningún avance diplomático con el Estado judío debía producirse sin una solución previa de la cuestión palestina.
En 2023, además, Arabia Saudí negociaba su propia normalización con Israel. Para Hamás y para Irán, su principal patrocinador regional, aquello suponía una amenaza estratégica: un Oriente Medio en el que los países árabes establecieran relaciones con Israel en función de sus propios intereses económicos y geopolíticos podía relegar progresivamente la causa palestina y, sobre todo, debilitar la estrategia de la denominada “resistencia”.
En este punto, el 7 de octubre sí consiguió uno de sus objetivos. La normalización saudí quedó congelada y Riad endureció posteriormente sus exigencias, vinculándola a la creación de un Estado palestino.
Pero el segundo cálculo falló.
Hamás podía confiar en que la reacción israelí provocara una movilización del mundo árabe capaz de transformar el conflicto de Gaza en una nueva guerra regional contra Israel. No ocurrió.
Hubo declaraciones durísimas, manifestaciones, cumbres y una opinión pública árabe profundamente movilizada por las imágenes procedentes de Gaza. Pero los gobiernos actuaron de manera mucho más prudente. Emiratos mantuvo sus relaciones con Israel. Egipto y Jordania conservaron sus tratados de paz. No hubo embargo petrolero, ruptura diplomática generalizada ni intervención militar de los grandes Estados árabes.
Quienes entraron directamente en el conflicto fueron fundamentalmente los aliados de Irán: Hezbolá, los hutíes y distintas milicias de Irak y Siria. Y todos ellos han pagado un precio considerable.
Esta es quizá una de las grandes conclusiones de estos tres años: la retórica de solidaridad con Palestina continúa siendo enorme en el mundo árabe, pero la disposición de los Estados árabes a sacrificar sus propios intereses por ella es mucho menor.
Y mientras tanto, quien ha pagado la factura principal ha sido Gaza.
Ese es el aspecto más difícil de justificar de la estrategia de Hamás. Gaza llevaba casi dos décadas bajo su gobierno de facto. Después de años de control político, militarización, túneles y lanzamiento de cohetes, el resultado no ha sido un Estado palestino, ni una economía viable, ni unas instituciones democráticas. Ha sido una devastación gigantesca.
Las autoridades sanitarias de Gaza cifran los muertos desde octubre de 2023 en más de 74.000. Es una estadística procedente de una administración controlada por Hamás y que no distingue entre civiles y combatientes, pero ninguna discusión sobre las cifras puede ocultar la magnitud de la tragedia. El territorio ha quedado arrasado y cientos de miles de palestinos han visto destruidas sus viviendas y sus vidas.
El alto el fuego impulsado por Estados Unidos en octubre de 2025 puso fin a la fase principal de la guerra, pero no resolvió el problema de fondo. Hamás no ha sido completamente desarmado, Gaza continúa pendiente de una reconstrucción gigantesca y el futuro político palestino sigue sin encontrar una salida clara.
Aquí aparece la cuestión que demasiadas veces se evita: ¿qué responsabilidad tiene un dirigente sobre las consecuencias previsibles de sus decisiones para la población que gobierna?
Naturalmente, Israel responde de sus propias acciones militares y del cumplimiento del derecho internacional. Pero reconocer esa responsabilidad no obliga a borrar la de Hamás. Ambas cuestiones pueden coexistir.
Un movimiento político que inicia una guerra mediante una matanza de civiles, sabiendo que provocará una respuesta militar devastadora de un adversario incomparablemente superior, tiene también la obligación de explicar qué esperaba conseguir y qué precio estaba dispuesto a hacer pagar a su propia población.
Porque convertir el sufrimiento de los civiles propios en un instrumento político no es una estrategia de liberación. Es una política de sacrificio ajeno.
Tres años después, los palestinos necesitan probablemente algo muy distinto: dirigentes capaces de asumir una realidad incómoda pero difícilmente discutible. Israel no va a desaparecer. La prosperidad palestina no llegará mediante una sucesión interminable de guerras que no pueden ganar.
Una parte importante del mundo árabe ya ha llegado a esa conclusión. Los Acuerdos de Abraham fueron precisamente la expresión de ese pragmatismo: comercio, inversiones, tecnología y relaciones diplomáticas en lugar de una guerra perpetua.
Hamás intentó detener ese proceso mediante el 7 de octubre. Lo consiguió temporalmente. Pero a un coste extraordinario para los palestinos.
Y esa puede ser la gran paradoja de estos tres años: Hamás consiguió devolver la cuestión palestina al centro de la agenda internacional, pero lo hizo destruyendo buena parte del territorio que decía querer liberar.
La pregunta decisiva ya no es, por tanto, quién ganó la guerra. Es otra mucho más importante: si los palestinos van a seguir atrapados en una estrategia que convierte cada derrota en el pretexto para preparar la siguiente guerra.
