El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha arremetido contra la intención del Consistorio y la Generalitat de adquirir un edificio okupado en el distrito de Sant Andreu sobre el que pesa una orden judicial de desalojo. El dirigente popular considera que las administraciones no pueden recurrir sistemáticamente a la compra de inmuebles con dinero público para resolver los conflictos derivados de la okupación.
«Collboni e Illa no pueden convertirse en una inmobiliaria de okupas y solucionar cada conflicto comprando edificios con el dinero de todos los ciudadanos», ha denunciado Sirera en un comunicado difundido este jueves.
El inmueble se encuentra en el número 74 de la calle Llenguadoc y cuenta con 20 viviendas, de las cuales 18 están afectadas por un procedimiento judicial de desalojo. Según señala el PP, varios pisos permanecen ocupados desde 2019.
Ante la intención de las administraciones de adquirir el edificio, Sirera ha exigido conocer cuánto dinero público se destinaría a la operación y ha establecido un paralelismo con la compra de la Casa Orsola, que, según recuerda, supuso un desembolso de casi diez millones de euros.
Dudas sobre la vulnerabilidad de los ocupantes
El dirigente popular también ha reclamado explicaciones sobre la situación de las personas que residen en el inmueble. En concreto, exige aclarar si existen informes oficiales que acrediten su vulnerabilidad, puesto que, según la información que atribuye al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), no consta ningún documento de estas características.
«Si hay familias vulnerables, especialmente con menores, las administraciones deben atenderlas y ofrecerles soluciones. Pero primero hay que estudiar cada caso, no comprar un edificio a golpe de protesta», ha defendido.
Sirera considera que la adquisición de inmuebles ocupados no puede convertirse en la respuesta habitual de las administraciones ante las movilizaciones de los colectivos en defensa de la vivienda. A su juicio, estas decisiones deben estar justificadas por criterios objetivos y por las necesidades sociales de los afectados.
Críticas a la política de vivienda de la izquierda
El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona ha responsabilizado a los anteriores y actuales gobiernos municipales de la situación de la vivienda en la ciudad. «La izquierda con Colau y Collboni lleva más de doce años gobernando Barcelona y ahora pretende solucionar con dinero público los problemas que no han sabido resolver», ha afirmado.
Sirera también ha advertido de que este tipo de operaciones pueden generar un agravio comparativo respecto a las personas que llevan años esperando acceder a una vivienda protegida. «No se puede premiar la presión mediática mientras miles de familias esperan una vivienda pública. La política de vivienda debe responder a criterios sociales y legales, no a las campañas de los sindicatos de vivienda», ha concluido.
El PP reclama así que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat expliquen tanto el coste previsto de la adquisición del edificio de Llenguadoc 74 como los criterios que justificarían la operación antes de comprometer nuevos recursos públicos.
