Los dos Reales-Decretos sobre vivienda rechazados en el Congreso el pasado 2 de octubre lejos de solucionar la escasez de vivienda en España iban a agravarla, pero en el Estado fallido en que vivimos desde el 1 de junio de 2018 a los gobiernos de Sánchez, entregados al populismo y a sus avalistas en el Congreso, les han venido como anillo al dedo. Han servido para desviar la atención de los oKupas instalados en la Puerta del Sol de quien realmente tiene la responsabilidad de la escasez de vivienda y animado a los antisistema de profesión a protagonizar bien embozados manifestaciones no autorizadas y violentas. El rechazo ha llevado a Sánchez a disolver Las Cortes para castigarlas por no avalar sus descabellados decretos y a convocar elecciones generales el 29 de noviembre (29-N) en un ambiente muy cargado y crispado.
Unai y Pep, los líderes de CCOO y UGT, respectivamente, han llegado a la conclusión de que las subvenciones recibidas bien valen convocar una huelga general para respaldar a sus benefactores, y ni cortos ni perezosos han decidido atender la llamada del ‘sindicato’ de inquilinas en Sol y convocar una huelga general el 11 de noviembre (11-N), en vísperas del inicio de la campaña electoral. Dos hombres de exquisito tacto y fino paladar. Como no encontraban ninguna razón de orden laboral para convocarla, se les ocurrió culpar a los bajos salarios actuales de las dificultades de los ciudadanos para acceder a una vivienda. Curiosamente, la huelga no va dirigida contra los máximos responsables de las políticas laboral y de vivienda en el gobierno de Sánchez, sino contra los partidos de oposición (PP y Vox) a los que la mayoría de encuestas electorales les otorgan mayoría absoluta en las Cámaras. Resultaría francamente cómico ver a las ministras Díaz y A Rodríguez portando codo con codo con Unai y Pep la pancarta con el lema “Por una vivienda digna (nosotras ya la tenemos)” el 11-N.
La vivienda, una baza electoral para engañar a crédulos
Casi todo el mundo entiende que los aumentos de los precios no son sino un síntoma de la escasez de los bienes y servicios. Si el crudo refinado no llega en cantidad suficiente a las gasolineras, el precio de los combustibles sube y la gente cuando va a llenar el depósito ha de pagar precios más altos. Hay otro mecanismo alternativo al de los precios para racionar la demanda: impedir la subida de los precios por decreto, llenar el depósito de los primeros en la cola y dejar al resto de automovilistas con los depósitos vacíos. En el caso de la vivienda, las consecuencias del exceso de demanda causado por la insuficiente oferta y las regulaciones gubernamentales puestas en marcha para frenar las subidas de los alquileres tienen consecuencias incluso peores. Y es que el espíritu de Ley de la Vivienda de 2023 y los dos Reales Decretos, aprobados por el gobierno de Sánchez y rechazados por el Pleno extraordinario del Congreso celebrado el 2 de octubre, al imponer la renovación automática de los contratos de alquiler van a reducir aún más la oferta disponible y convertir en tarea casi imposible alquilar una vivienda a las personas más vulnerables, como los inmigrantes que llegan con las manos en los bolsillos y necesitan un techo y las personas que desempeñan trabajos poco cualificados y perciben salarios relativamente bajos.
Es todo un síntoma del desprecio del gobierno de Sánchez hacia la voluntad expresada por la mayoría de diputados en el Pleno que pretenda aprobar los Reales Decretos introduciendo algunas modificaciones, meramente cosméticas, en la Diputación General, el órgano encargado de sustituir al “Pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas”. ¿Por qué tanto empeño y tanta urgencia en aprobarlos antes de las próximas elecciones generales? La respuesta es muy simple: los arrendatarios constituyen junto con los pensionistas dos bazas electorales importantes que pueden ayudar al PSOE de Sánchez a capear los malos resultados que la mayoría de las encuestas anticipan.
La Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas, elaborada por el INE en 2021, cifra en 2.999.460 el número de hogares y en 7.787.608 el número de personas en viviendas alquiladas. El número de personas en hogares cuyos miembros son todos españoles era de 3.810.168 y en hogares mixtos de españoles y extranjeros 1.834.632. Aunque la Encuesta no proporciona la edad de las personas en los hogares exclusivamente españoles ni el número y la edad de los españoles en los hogares mixtos, la información disponible sobre la composición de los hogares permite estimar entre 2,5 y 3 millones el número de españoles mayores de edad que resultarían afectados por la aprobación de los dos Reales Decretos sobre vivienda. Las cifras de hogares, personas y composición han podido variar desde 2021 y quizá muchos de esos inquilinos tenían ya decidido votar al PSOE de Sánchez o al PSC de Illa el 29-N, pero no cabe duda de que la aprobación de ambos decretos puede inclinar a muchos más a hacerlo para asegurarse la continuidad de sus contratos actuales.
Huelga general por la vivienda
La excusa de Unai y Pep para convocar una huelga en vísperas del inicio de la campaña electoral es de juzgado de guardia: los salarios son bajos, dicen, y no permiten acceder a la vivienda. ¿Acaso estos sindicalistas creen que si los salarios fueran más altos la gente de a pie podría pagar los elevados alquileres actuales en las principales ciudades? He de decir que no me sorprendería porque los líderes sindicales, como la ministra Díaz que los ha regado con subvenciones desde 2023, no destacan precisamente por su finura analítica. A estos sindicalistas postmodernos les cuesta entender que si quienes están buscando una vivienda dispusieran de salarios más altos, los alquileres de las cada vez más escasas viviendas disponibles para alquilar serían también más elevados, y la mayoría de ellos no encontraría una vivienda para alquilar. Aumentar los salarios, topar los alquileres y alargar la tenencia de los contratos no aumenta la oferta de viviendas y dificulta aún más la tarea de quienes intentan alquilar una.
Si Unai y Pep hubieran sido consecuentes con lo que dicen para justificar su huelguita general hace ya unos cuantos años que habrían convocado una huelga general contra los gobiernos de Sánchez porque los precios de la vivienda y los alquileres no han parado de subir desde el final de la pandemia, como los precios de los alimentos, la electricidad y otros servicios considerados indispensables para la gente de a pie. Nadie sabe ya cuántas veces Sánchez ha prometido durante estos ocho últimos años construir cientos de miles de viviendas, pero como en tantos otros casos ha incumplido la palabra dada. A pesar de ello, la ministra de Vivienda se atrevió a presentar el 16 de septiembre de 2025 el Plan de Vivienda 2026-2030 para “consolidar un sistema público de acceso a la vivienda”.
El Plan de la Vivienda presentado cuando la XV Legislatura agonizaba no es sino otro engaño más de los gobiernos de Sánchez. Cuando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros un periodista preguntó a Rodríguez cuántas de las 500.000 viviendas prometidas habían construido los gobiernos de Sánchez desde 2018, la ministra le miró incomodada y salió escopeteada por los cerros de Úbeda: “una de las cuestiones, eh, compartiría, después, eh, hacemos una pequeña nota para que tengan, eh, a mano, eh, la evolución del sector de la construcción y como ha influido la política de este gobierno en activar el sector, en la generación de puestos de trabajo, en la inversión en licitaciones públicas eh, en vivienda, y en el incremento de vivienda pública en España,…”. Se hacen una idea, ¿verdad?, del cacao mental y la incompetencia de la ministra que estaba presentando nada más y nada menos que el Plan de Vivienda 2026-2030.
¿Dónde estaban Unai y Pep estos últimos años? Pues bien, ni una sola vez desde 2018 les habrán escuchado, tan preocupados como dicen estar ahora por la situación de la vivienda hasta el punto de convocar una huelga general en vísperas de las elecciones, denunciar los incumplimientos del Gobierno en materia de vivienda. Y si se preguntan por qué tanta sumisión, aquí puede estar la respuesta: los ministros de Trabajo de Sánchez han regado con dinero público a los sindicatos que han pasado de recibir 8,8 millones en 2018 a 13,88 millones en 2021, a 17 millones en 2022-2024 y a 32 millones en 2025 y 2026. Estas cifras corresponden a la partida de subvenciones del Ministerio de Trabajo y “no representan la totalidad de las ayudas públicas que reciben las organizaciones sindicales de todas las administraciones”. Da para muchas mariscadas y hasta para financiar huelgas generales contra los partidos de la oposición que en las Comunidades Autónomas donde gobiernan han construido bastantes más viviendas protegidas que los gobiernos de Sánchez.
Elecciones bajo sospecha
Está confirmado que el candidato Sánchez no tuvo ningún escrúpulo en jugar sucio en las elecciones primarias en las que resultó elegido secretario general del PSOE en 2014 y 2017, así que en esta campaña, donde se juega que su mujer e incluso él puedan acabar haciendo compañía a Ábalos en Soto del Real, va a jugar más sucio que nunca. Algunos ministros se han rasgado las vestiduras porque algunos constitucionalistas han expresado dudas sobre la limpieza del proceso electoral. A quienes están obnubilados por la información sesgada de los medios de comunicación afines al régimen (El País, La Vanguardia, Diario.es, El Plural, Público, la SER y la Sexta), les daré un par de pistas:
Primera, Leire Diez, la fontanera del PSOE investigada por sus andanzas para desacreditar a la cúpula de la UCO, comprar a fiscales y amenazar a jueces, supervisó desde su puesto en Correos, la empresa que presidía Juanma Serrano, imputado también con Díez en el caso de las cloacas, el voto por correo en las últimas elecciones generales. ¡Lagarto, lagarto! ¡Hasta mis hijos nacidos en una democracia ya consolidada me dicen que no vote por correo el 29-N!
Segunda, la mal llamada ley de nietos, adulterada tras la interpretación del ‘espíritu’ de la Ley realizada por Silvia Puente cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, arroja sombras muy graves sobre la limpieza del proceso de nacionalización exprés impulsado por el sanchismo. En las elecciones generales de 2023, la líder del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, ya “fue acusada de intentar amañar aquellas elecciones mediante la obtención de pasaportes de ciudadanos españoles, incluso de personas fallecidas, a través de fotocopias de sus documentos”. Y la concesión de nacionalidad española a cientos de miles de descendientes de españoles, exiliados o no, sin contrastar los datos aportados por los solicitantes, podría elevar el fraude electoral el 29-N a cifras de escándalo.
Como en las películas del Oeste, podemos dar por descontado que Sánchez, jugador audaz y sin escrúpulos, va a jugar muy, muy sucio esta que los constitucionalistas deseamos sea su última partida. Lo hará con cartas marcadas, tirando del BOE, calentando las calles y plazas, apelando a los ciudadanos más crédulos e ingenuos con sus promesas vacías y, no los olvidemos, a los estómagos agradecidos por las ayudas recibidas. Quien por acción y omisión ha logrado convertir la vivienda en el principal problema de los españoles, su familia es además propietaria de varias viviendas, se presenta ahora como el gran defensor de los sin techo frente a los fondos buitre, fondos a los que su gobierno ha vendido inmuebles públicos. De momento, Sánchez permite que la Puerta del Sol continúe ocupada, ha lanzado a CCOO y UGT, sindicalistas de ‘clase’ liberados de trabajar de por vida, a tomar a las calles de España el 11-N y quiere que millones de descendientes de españoles voten el 29-N. El N.º 1 y nexo de todos los casos de corrupción que han aflorado durante los últimos ocho años en que ha estado al frente del Ejecutivo cuenta con que a unos cuantos millones de españoles parece importarles un rábano que un mafioso dirija las tramas mafiosas desde la Moncloa.
