El Ayuntamiento de Barcelona ha aceptado una propuesta del Partido Popular para personarse como acusación particular contra los responsables de los actos vandálicos registrados durante las manifestaciones independentistas del pasado 1 de octubre y las protestas por la vivienda celebradas cuatro días después. El objetivo es que los autores de los destrozos respondan ante la justicia y asuman el coste de los daños ocasionados en el espacio público.
La iniciativa, presentada por el presidente del Grupo Municipal del PP, Daniel Sirera, ha recibido este miércoles el visto bueno del Gobierno de Jaume Collboni en la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior.
Durante las movilizaciones se produjeron altercados, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y daños en el mobiliario urbano. Solo durante las protestas por la vivienda del 5 de octubre fueron incendiados 32 contenedores, con desperfectos valorados inicialmente en más de 42.000 euros. Los disturbios también dejaron agentes de los Mossos d’Esquadra heridos.
«Quien rompe y destroza, paga»
Sirera ha defendido que los costes de estos episodios de violencia no pueden seguir recayendo sobre los contribuyentes. «No puede ser que unos vándalos destrocen Barcelona, quemen contenedores, provoquen altercados y agredan a policías y que después la factura de todos estos destrozos la tengan que pagar los barceloneses con sus impuestos», ha denunciado el dirigente popular.
El presidente del PP municipal ha resumido su posición con una advertencia: «Quien rompe y destroza, paga, y quien comete actos violentos debe responder ante la justicia».
La propuesta aceptada por el Gobierno municipal contempla que el Consistorio ejerza la acusación particular en los procedimientos judiciales relacionados con estos incidentes y reclame a los responsables el importe de los daños ocasionados. De esta manera, el PP pretende evitar que la reparación de contenedores, pavimentos y otros elementos del mobiliario urbano se financie exclusivamente con dinero público.
Sirera ha insistido en que el derecho de manifestación debe estar garantizado, pero ha advertido de que no puede servir como justificación para la violencia. «El derecho a manifestarse es legítimo y debe ser respetado, pero no puede convertirse en una excusa para ejercer la violencia, atacar a los cuerpos policiales o destrozar el patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos», ha afirmado.
Inspecciones en la plaza de Urquinaona
La iniciativa de los populares también incluye una petición para que el Ayuntamiento inspeccione los desperfectos registrados en la plaza de Urquinaona y otros puntos de Barcelona afectados por los disturbios. El objetivo es determinar el alcance de los daños en el asfalto y el mobiliario urbano, además de evaluar las actuaciones necesarias para su reparación.
Sirera ha valorado positivamente que el Ejecutivo de Collboni haya aceptado su propuesta, aunque ha advertido de que el acuerdo municipal debe traducirse ahora en actuaciones concretas. «Ahora es necesario pasar de las palabras a los hechos y garantizar que los responsables de los destrozos respondan ante la justicia y paguen los daños ocasionados», ha señalado.
El dirigente popular considera que la actuación judicial del Ayuntamiento debe servir también para combatir la sensación de impunidad ante los episodios de violencia que se producen durante determinadas movilizaciones. «Barcelona no puede ser una ciudad donde destrozar el mobiliario urbano salga gratis. Hay que acabar con la impunidad de quienes utilizan las manifestaciones para sembrar el caos y la violencia en nuestras calles», ha concluido.
La aceptación de la iniciativa supone un compromiso del Gobierno municipal para actuar contra los responsables de los incidentes, aunque la identificación de los autores, la determinación de sus responsabilidades y las eventuales indemnizaciones dependerán de los correspondientes procedimientos judiciales.
