Un documento oficial firmado por Sofía Puente el 23 de diciembre de 2022 confirma que algunos descendientes de españoles podían obtener la nacionalidad sin acreditar el exilio de sus antepasados. Según publica El Debate, que ha tenido acceso al escrito, la directora general respondió a 21 consultas consulares sobre la aplicación de la ley de nietos.
La revelación reabre el debate sobre la interpretación de la Ley de Memoria Democrática y coincide con la negativa del Ministerio de Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, a entregar la documentación intercambiada con los consulados.
Justicia respondió a 21 preguntas
El documento, firmado electrónicamente por Sofía Puente el 23 de diciembre de 2022, responde a un oficio del 18 de noviembre con 21 consultas sobre la aplicación de la ley de nietos.
Una de las preguntas planteaba si todos los solicitantes debían demostrar que sus antepasados habían perdido la nacionalidad española por el exilio. Puente respondió: «Solo deberá exigirse esta documentación en aquellos casos en los que sea necesario acreditar el exilio».
Con esta aclaración, Justicia reconocía que determinados descendientes podían acceder a la nacionalidad española sin aportar pruebas del exilio de sus padres o abuelos, según el documento publicado por El Debate.
Sin límite generacional
El documento también establece que no había un límite temporal general para el nacimiento de los antepasados españoles. Una de las consultas planteaba el caso de un solicitante nacido en 1930, cuyo padre había nacido en 1880 y su abuelo en 1830. Justicia admitió que podía optar a la nacionalidad si cumplía los requisitos de la instrucción.
Esta interpretación permitía incluir a descendientes de emigrantes españoles de generaciones anteriores a la Guerra Civil y la dictadura franquista.
No obstante, Puente reconoció que algunas cuestiones seguían pendientes de aclaración. Sobre la posibilidad de tramitar simultáneamente la nacionalidad de varias generaciones de una misma familia, anunció que solicitaría un informe a la Abogacía General del Estado.
El desmentido de Exteriores
La publicación del documento recupera la polémica surgida en julio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y El Debate. El periódico había informado de que varios consulados cuestionaron la instrucción de Sofía Puente al considerar que ampliaba los supuestos recogidos en la Ley de Memoria Democrática.
El 4 de julio, Exteriores desmintió la información y negó, a través de la Oficina de Información Diplomática, que los consulados se hubieran opuesto a aplicar la normativa. Sin embargo, según El Debate, el ministerio no aclaró si los funcionarios habían planteado objeciones al alcance de la instrucción.
El periódico sostiene que el desmentido de Albares se centró en el cumplimiento de la ley, sin responder a la cuestión de fondo: si la interpretación de Justicia iba más allá de lo aprobado por las Cortes.
Albares no entrega los documentos
La publicación del documento coincide con la negativa de Exteriores a entregar los escritos enviados por los consulados y sus respectivas respuestas, tras una solicitud presentada por el abogado Guillermo Rocafort, según El Debate.
La documentación confirma que las dudas consulares llegaron a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y fueron respondidas por escrito. Sin embargo, todavía se desconoce cuántos consulados plantearon consultas, qué otras aclaraciones recibieron y si se llegó a emitir el informe de la Abogacía General del Estado anunciado por Puente.
Estas cuestiones mantienen abierto el debate sobre el alcance de la instrucción que reguló el acceso a la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática.


