Llevo más de cincuenta años trabajando junto al mar. Sé que, cuando una persona está en peligro, hay que socorrerla. También sé que quien conoce un riesgo tiene la obligación de prepararse para afrontarlo. Por eso me cuesta aceptar que la respuesta a la crisis migratoria en Canarias siga dependiendo de medidas de urgencia cuando la presión ya está sobre los puertos, los servicios sanitarios y los centros de acogida.
Mi crítica al Gobierno de Pedro Sánchez se centra en esa falta de previsión. Gobernar exige anticiparse, disponer de medios y evaluar si las decisiones funcionan. Convocar reuniones y anunciar refuerzos forma parte de la gestión, pero su utilidad se mide por la capacidad de respuesta que encuentran los profesionales sobre el terreno.
El Gobierno ha anunciado financiación extraordinaria y refuerzos de seguridad y salvamento. Hay que reconocer esas actuaciones. Al mismo tiempo, Fernando Clavijo ha denunciado falta de anticipación y ha reclamado recursos permanentes. La discusión relevante es si los medios llegan a tiempo y permiten sostener la atención sin desbordar los servicios de las islas.
A mi juicio, una política migratoria seria debe trabajar en dos frentes: atender correctamente a quienes llegan y actuar en los países de origen y de tránsito. Ambos requieren continuidad, presupuesto y responsables que rindan cuentas.
Atender las llegadas con medios y normas
La primera obligación es salvar vidas, prestar asistencia sanitaria y garantizar una acogida digna. Hay que proteger especialmente a los menores y a las personas vulnerables, identificar a quienes llegan y resolver con diligencia cada expediente, incluidas las solicitudes de asilo.
Todo ello necesita profesionales, instalaciones y financiación. Una isla pequeña como El Hierro tiene una capacidad limitada. Sus servicios deben atender a las personas desembarcadas y seguir respondiendo a las necesidades de los vecinos. Reconocer ese límite permite organizar una respuesta responsable.
Como concejal, conozco la facilidad con la que las administraciones superiores trasladan problemas hacia abajo. El vecino pide explicaciones a quien tiene más cerca, aunque las competencias y el dinero estén en otro lugar. Por eso defiendo que cualquier traslado de personas vaya acompañado de información previa, coordinación y recursos suficientes.
Tampoco podemos mantener indefinidamente a las personas en la incertidumbre administrativa. Hay que resolver quién necesita protección, quién reúne las condiciones para residir y trabajar legalmente y en qué casos corresponde acordar un retorno, siempre con las garantías necesarias.
Las leyes deben hacerse cumplir. La regularización necesita criterios claros, derechos, obligaciones y una perspectiva real de integración. Una administración lenta y desbordada facilita la explotación laboral y deja a muchas personas dependiendo de quienes se aprovechan de su vulnerabilidad.
Como empresario, creo en la inmigración legal vinculada al trabajo, en la contratación transparente y en las oportunidades de progreso. Para que ese modelo funcione, el Estado debe ofrecer procedimientos ágiles y reglas que se respeten.
Actuar en el origen con una diplomacia exigente
El segundo frente requiere una visión que vaya más allá del siguiente desembarco. España y la Unión Europea necesitan mantener un diálogo fluido y permanente con los países de origen y de tránsito. Ese diálogo debe producir acuerdos concretos y compromisos recíprocos cuyo cumplimiento pueda comprobarse.
Esos acuerdos deben servir para perseguir las redes que organizan travesías peligrosas, mejorar la cooperación policial, facilitar los retornos que correspondan y abrir vías legales de migración. La relación entre países tiene que permitir hablar con claridad de las obligaciones de cada uno.
También hay que apoyar la formación, la actividad empresarial y la creación de empleo en origen. No existe una solución inmediata para causas tan complejas, pero precisamente por eso hacen falta proyectos sostenidos, con objetivos y resultados evaluables. La cooperación pierde credibilidad cuando se mide por el dinero anunciado y no por lo que consigue.
Debemos prevenir entradas masivas y descontroladas mediante la diplomacia, la vigilancia y la cooperación entre gobiernos. Y debemos rechazar que cualquier Estado utilice a personas vulnerables como instrumento de presión sobre otro país.
Como europeísta, espero de la Unión Europea financiación, apoyo operativo y capacidad negociadora. Como ciudadano español, espero que mi Gobierno impulse esa respuesta y explique qué resultados obtiene. Invocar a Europa obliga también a trabajar para que sus instrumentos se traduzcan en actuaciones útiles.
La falta de visión consiste en gestionar cada episodio como si el trabajo terminara al aliviar la presión inmediata. Trasladar personas puede ser necesario; enviar refuerzos, también. Pero una política debe explicar cómo se sostendrá la acogida, cómo se aplicarán las normas y qué se hará para reducir las salidas irregulares.
Defiendo una respuesta liberal y humanista que proteja la dignidad de las personas y haga valer la ley. Ambas exigencias necesitan un Gobierno capaz de asumir decisiones, cumplir compromisos y anticiparse.
Salvar una vida en el mar es un deber inmediato. Trabajar para que menos personas tengan que arriesgarla es una responsabilidad política. Al Gobierno de Pedro Sánchez hay que exigirle que esté a la altura de las dos.


