Las entidades constitucionalistas Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana (SCC) y S’ha Acabat! han presentado este miércoles en el Registro del Congreso una petición, dirigida a todos los grupos parlamentarios y al presidente de la Comisión de Educación, para que se mantenga en la próxima Ley Orgánica de Educación (la denominada ‘Ley Celaá’) el carácter de lengua vehicular para el castellano y las demás lenguas cooficiales.
«Hemos registrado un documento dirigido a los portavoces de los grupos con el objeto de que conozcan la situación legal a día de hoy en Cataluña, cuál es nuestra experiencia y nuestra información sobre lo que realmente ocurre en la escuela catalana y lo que supone eliminar de la Ley de Educación esta frase que tiene muchísima trascendencia, pues elimina el paraguas donde se protegen los derechos de todos los alumnos en toda España», ha explicado en declaraciones a los medios la presidenta de la AEB, Ana Losada.
‘La educación, también en castellano’
Las asociaciones han lanzado una campaña bajo el título ‘La educación, también en castellano’ para defender que se pueda estudiar en toda España tanto en la lengua cooficial como en castellano, ya que esa es «la única forma de que se garanticen los derechos de todos los alumnos».
Según Losada, al eliminar de la Ley de Educación el carácter del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, se está lanzando un mensaje a los españoles de que estudiar en español «no se debe dar por hecho», pues con la nueva redacción del texto, cualquier comunidad con lengua cooficial podría establecer que la lengua vehicular en los centros educativos fuese solo la lengua cooficial.
Pese a la polémica que ha suscitado la iniciativa pactada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha afirmando en varias ocasiones que cambiar la Ley a este respecto no supondría ningún cambio en la práctica porque el carácter vehicular del castellano nunca fue recogido en una ley educativa hasta 2013, año en que se aprobó la ‘Ley Wert’. Y es que, tal y como asegura el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, la ‘Ley Wert’ fue precisamente un «avance» al incorporar esos derechos. «No acabamos de entender su retirada, supone un retroceso, se está quitando derechos en vez de reconocerlos, lo que hace la ‘Ley Wert’ es incorporar lo que habían dicho los tribunales de manera generalizada, fue progresista», expresa, en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 2010, que ordenó a la Generalitat que el castellano fuese lengua vehicular en la enseñanza.
