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Los CDR rechazan la negociación con «el enemigo» y exigen la reactivación de la declaración de independencia de 2017

La Audiencia Nacional concluye el sumario por el que 12 radicales se sentarán en el banquillo acusados de delitos de terrorismo

El intento de asalto de los CDR al Parlament en 2018. TWITTER.

Los Comités de Defensa de la República, también conocidos como CDR, han hecho público un comunicado este viernes en el que dejan claro que no apoyan las negociaciones que mantienen ERC y Junts con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Lo han hecho el mismo día en el que la Audiencia Nacional ha anunciado la finalización del sumario por el que 12 de sus integrantes se sentarán en el banquillo acusados de los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista.

Hoguera en Barcelona durante la protesta de los CDR contra la sentencia del 1-O Foto: Europa Press

En su comunicado, los CDR han indicado que no admiten «ninguna negociación con el enemigo» y «menos después de la connivencia y la complicidad que han mostrado durante seis años». Y es que consideran que estas negociaciones darán al Estado una «estabilidad» en la que no parecen estar dispuestos a participar. Y exigen a los políticos separatistas la reactivación de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. «No reconoceremos ni acataremos ningún pacto destinado a sustituirla, retractarla, retrasarla o invalidarla ni de forma explícita ni implícita«, han advertido.

La amnistía como «una trampa»

Los CDR, además, han mostrado su rechazo a la amnistía, por considerar que esta comporta «reconocer la potestad del Estado sobre Cataluña y todo el movimiento independentista». Consideran que la amnistía «no cierra la puerta a ser revocada ni a la persecución del independentismo al día siguiente». «La amnistía, han añadido, «es una trampa desmovilizadora para reconducirnos a la senda constitucional, una maniobra para segregar a la clase política del procés del activismo de base y una forma de blanquear a España internacionalmente, con el peligro de que las causas internacionales abiertas sean archivadas».

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