El presidente Pedro Sánchez ha propuesto unos «Pactos de la Moncloa» para afrontar la reconstrucción de España tras la crisis del coronavirus. La portavoz del Gobierno María Jesús Montero ha dicho que se trata de fijar un nuevo» modelo de país «y convoca a un pacto económico a medio plazo» pero también, «de avance de derechos y libertades y de redefinición del valor de lo colectivo».
Nadie duda de la necesidad de algo más que un gobierno débil, apoyado en una mayoría precaria e inestable, para afrontar adecuadamente una gigantesca tarea. Sin embargo, la evocación a los Pactos de la Moncloa debe ser, por lo menos, matizada. Los Pactos de la Moncloa de 1977 sirvieron para iniciar el proceso constituyente. Fueron el elemento clave del cambio de régimen. Aunque se recuerda a su impulsor, Fuentes Quintana, vicepresidente económico, la realidad es que en su contenido fueron tan importantes las medidas políticas como las económicas: libertad de prensa, prohibición de la censura previa, libertad de reunión, asociación política y libertad de expresión, desmantelamiento del Movimiento Nacional, despenalización del adulterio y amancebamiento, despenalización de la venta de anticonceptivos, y otras medidas en la misma línea liberalizadora. Había un interés común en construir una democracia homologable que nos permitiera la reconciliación nacional y la integración en Europa. Los dirigentes políticos no habían estado enfrentados directamente y hasta los que provenían del régimen franquista estaban a favor de su desmantelamiento.
No es esta la situación actual. No existe consenso para un cambio constitucional, que es lo que parece deducirse de las palabras de la Portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda cuando alude a «modelo de país o a derechos y libertades y de redefinición de los colectivos». Unos quieren acabar con el «Régimen del 78», otros lo defienden. Hay quién quiere una reforma constitucional que incluya el derecho de secesión, mientras otros propugnan eliminar las autonomías. Hay quién, incluso en el gobierno, quiere una República, mientras otros defienden la Monarquía constitucional y así casi hasta el infinito. La clase política, además de no tener objetivos comunes, tampoco tiene la voluntad de diálogo, ni la capacidad intelectual de la de entonces. Ni Sánchez es Felipe González, ni Casado es Suarez, ni Torra es Roca, ni Pablo Iglesias es Carrillo, ni Abascal es Fraga. Ahora el PSOE y UP tienen una gestión que defender y para ello buscan culpabilizar a otros. El PP mira de reojo a VOX y ya ha mostrado su escasa disposición. Los más predispuestos al pacto son Ciudadanos que ven la oportunidad de recentrarse, como alternativa a su absorción por el PP.
Que la ética de la responsabilidad, de unos y otros, por una vez, y a la vista de la gravedad de lo que se nos cae encima, prevalezca
En definitiva, hablar de Pactos de la Moncloa puede ser evocador y sin duda es una estrategia para presionar a la oposición y poder acusarla de falta de visión de estado si no pacta. Pero la necesidad de acuerdos de estado, esencialmente económicos, sigue ahí. Acuerdos que deberían empezar por el presupuesto de 2020, pero sin duda ir más allá. Se deberán revisar las pensiones, el sistema fiscal, limitar o reducir salarios en las administraciones públicas, cambiar las prioridades de inversión, reformar el sistema educativo, reforzar la sanidad. Todo ello imposible sin un amplio consenso político que incluya a sindicatos y patronales. Habráque esperar para ver si unos y otros buscan el acuerdo o prefieren seguir enzarzados en la batalla política, unos para mantener el poder y otros para tratar de alcanzarlo. El papel de los agentes sociales será importante si apuestan decididamente en favor de un acuerdo. Y desde luego el papel de la UE que, sin duda, presionará para una disciplina de ingresos y gastos, imposible de alcanzar sin un amplio acuerdo. Pero la música de las declaraciones de Montero tiene un trasfondo ideológico que, si se concreta, puede torpedear cualquier acuerdo. Aunque quizás lo que se pretende es una nueva batalla ideológica entorno al fortalecimiento del estado y de los llamados «derechos colectivos» que haga olvidar el fracaso en la gestión de la crisis. Tampoco el PP debe escudarse en un juicio de intenciones previo para negarse a un diálogo serio, pensando que un gobierno desgastado caerá por su propio peso.
No puedo terminar más que apelando a que la ética de la responsabilidad, de unos y otros, por una vez, y a la vista de la gravedad de lo que se nos cae encima, prevalezca.
