Los socialistas de la UE piden la libertad de los presos de bajo riesgo y Puigdemont lo aprovecha para los del 1-O

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en una de sus salidas de la prisión.

El ex presidente y eurodiputado Carles Puigdemont ha retado este miércoles al Gobierno del socialista Pedro Sánchez a poner en libertad a los independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1-O. Lo ha hecho junto a sus compañeros también eurodiputados y fugados de la Justicia española Clara Ponsatí y Toni Comín. El trío de Estrasburgo ahora se promociona como Junts i Lliures per Europa y su primera intervención de calado tiene que ver con esta petición de puesta en libertad de los líderes independentistas junto a los cuales promovieron y llevaron a cabo la consulta separatista de octubre de 2017.

Clara Ponsatí y Carles Puigdemont en Perpignan.

Clara Ponsatí y Carles Puigdemont en Perpignan.
G. B.


La petición se basa en un documento aprobado este lunes por The Progressive, el grupo en el que el PSOE está integrado dentro del Parlamento europeo. Los socialistas de la UE consideran que los gobiernos deben poner en libertad a todos los presos «de bajo riesgo» o que se encuentran en situación de prisión preventiva para evitar la masificación de los centros penitenciarios y hacer frente a la pandemia del COVID-19. La crisis del coronavirus debe ser «una oportunidad», han explicado, «para repensar el sistema de encarcelamiento» con el fin de que «la detención sea siempre la última solución». En ningún momento se refieren a casos concretos y menos aún al de los condenados por el referéndum ilegal catalán. 

Ante esta decisión de los socialistas europeos, Puigdemont, Ponsatí y Comín exigen a Sánchez «coherencia y solidaridad» con respecto a la puesta en libertad de los protagonistas del referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña.

A vueltas con la sedición

Por otro lado, Amnistía Internacional, dirigida en España por Esteban Beltrán, ha anunciado también este miércoles que ha remitido un «informe técnico» a la Fiscalía General del Estado, a la del Tribunal Constitucional y a la Abogacía General del Estado explicando las razones por las que esta organización considera que los condenados por el 1-O Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) deben ser puestos en libertad. Un informe presentado tras conocer la admisión a trámite de los recursos presentados por ambos ante el Tribunal Constitucional.

La organización considera que atribuir el delito de sedición a Sánchez y Cuixart, tal y como decidió el Tribunal Supremo, es «contrario al principio de legalidad». Y en ambos casos «supone una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica«. 

Amnistía Internacional también señala en su informe que la sentencia de Sánchez y Cuixart en lo referente a la sedición «no cumple con los requisitos» de acuerdos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y reclama la revisión del delito de sedición en el Código Penal, un compromiso del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Además, alerta sobre la posibilidad de que, en base a la sentencia del 1-O, «se abran las puertas a la posibilidad de que las autoridades impongan un límite ilegítimo al número de personas que pueden ejercer simultáneamente su derecho a protestar pacíficamente». Algo que podría «tener un efecto paralizante para la ciudadanía».

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