Los exmiembros de la Mesa del Parlament están siendo juzgados desde hoy por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional. Cada uno de los acusados se enfrenta a una multa de 30.000 euros y a una petición de un año y ocho meses de inhabilitación.
Los cinco acusados, Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, han llegado arropados por una concentración de unas 200 personas entre las que se encontraba Roger Torrent, presidente del Parlament, y representantes de JxCat, ERC y la Cup, así como miembros de entidades soberanistas.
Durante la concentración, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, en declaraciones a los medios ha defendido a los exmiembros de Mesa «Si son culpables de alguna cosa es de haber permitido la democracia. Ellos defendieron que el Parlament no podía ser nunca un órgano censor, que no se podían censurar los debates».
En la misma línea Eduard Pujol, portavoz de JxCat en el Parlament, ha añadido que cree que «serán juzgados por haber dado voz y por haber organizado un debate sobre el derecho a la autodeterminación».
Ómnium cree que la causa es una persecución al independentismo
El vicepresidente de Òmnium cultural Marcel Mauri cree que con el juicio se «está poniendo en riesgo la propia democracia». Ha criticado que en la causa esté personada la Fiscalía y la Abogacía del Estado (que representan al Ejecutivo central) «junto a la ultraderecha de Vox» y ha afirmado que la causa es una persecución contra la disidencia política, en concreto, contra el independentismo.
A través de su Twitter, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell ha calificado la causa de «otro juicio injusto» y ha lamentado no poder estar con ellos hoy «Pero estaré con ellos de corazón».
El juicio estaba previsto para el 23 de abril y se aplazó por tercera vez por las restricciones durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Ante las nuevas medidas de contención del coronavirus en Barcelona, el viernes la Sala preguntó a las partes si se mantenía el juicio esta semana, y el sábado resolvió hacerlo restringiendo «aún más el acceso a la sala de vistas» para garantizar la distancia entre personas.
