El Govern aprobó ayer el nuevo decreto de Turismo de Cataluña que permite a cualquier propietario alquilar su vivienda con fines turísticos. En él establece que cualquier titular podrá compartir su vivienda habitual con cuatro personas más y con una estancia no superior a 31 días.
Según el decreto, el propietario deberá residir en la vivienda, tener la cédula de habitabilidad y estar inscritos en un registro de alquiler turístico de su ayuntamiento, que tienen un año para crear el registro y aprobar las ordenanzas para regular los detalles.
En última instancia, serán los ayuntamientos los que decidirán si en esa población se puede llevar a cabo la actividad de vivienda compartida. Las corporaciones locales tendrán que dar los detalles a la Generalitat, que se encargará de elaborar el registro general en Cataluña.
Según ha explicado en declaraciones a los medios el director general de Turismo de la Generalitat, Octavi Bono, «ya se está realizado: hay cerca de 10.000 viviendas en estas condiciones en Barcelona y 14.000 en Cataluña».
Barcelona en comú rechaza el decreto
La iniciativa no ha gustado nada a Barcelona en comú, que han utilizado Twitter para criticar el decreto. Así, Janet Sanz, la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, ha escrito en su cuenta «La Generalitat tarda 5 años en hacer un decreto de turismo que regula los pisos turísticos. Lo aprueban en agosto a escondidas y con aplausos de Airbnb. No es el decreto que necesitamos. Barcelona no se quedará de brazos cruzados. Protegeremos el derecho a la vivienda».
Por su parte, la concejal de Vivienda, Lucia Martín, afirmaba: «El Govern de la Generalitat pone la alfombra roja a Airbnb: puertas abiertas para especular con el alquiler de habitaciones y toda la presión para los Ayuntamientos que deberán inspeccionar y controlar. ¡Y esto lo aprueba un Consejo de Gobierno donde está ERC! ¿Y el derecho a la vivienda? Rectificad».
También el Sindicat de Llogaters se ha mostrado muy crítico con el decreto. En un comunicado enviado este miércoles tildaba el mandato de «barra libre a la especulación» y acusaba a Junts per Catalunya (JxCat) de utilizar una «estrategia mezquina».
«En pleno agosto, sin rueda de prensa y coincidiendo con el escándalo del Rey emérito. Es decir, por la puerta de atrás y con nocturnidad» afirma y añade que «JxCat ha elaborado todo este proceso mientras bloquean la Ley de Regulación de los Alquileres, una ley que ha sido el resultado de un amplio acuerdo de país para acabar con el aumento exponencial de los alquileres. Una ley que ellos mismos firmaron y que ahora, bajo la presión del lobby inmobiliario, quieren tumbar con enmiendas que desvirtúan la proposición».
Vivienda singular
El nuevo decreto crea una nueva figura, la vivienda singular, para todas aquellas viviendas que no encajan en ninguna de las tipologías vigentes como, por ejemplo, las cabañas en los árboles, las barracas de piedra seca entre viñedos y las cuevas, entre otros. Así, se establece que éstos deberán ubicarse fuera de vehículos, aeronaves o embarcaciones, así como de edificios convencionales, construcciones prefabricadas, elementos modulares o similares, y podrán tener una capacidad máxima de seis plazas.
En cuanto a los pisos de uso turístico, el decreto indica que no podrán ser ocupados con más plazas que las indicadas en la cédula, y su capacidad máxima no podrá exceder las 15 plazas. Los titulares de un establecimiento turístico deberán entregar las normas de convivencia y requerir el abandono «inmediato» a los clientes que no las cumplan.
Fraude y comercialización ilegal
En el nuevo decreto se establece también la responsabilidad de los intermediarios de alojamiento turístico de acuerdo con su régimen jurídico, y especifica que los operadores y prestadores de servicios de la sociedad de la información están sometidos al régimen jurídico del Decreto, tanto los situados en Cataluña como los de fuera que realicen intermediación en alojamientos situados en la comunidad.
El decreto prevé el auxilio de las fuerzas de seguridad para el desarrollo de funciones inspectoras y amplía los deberes de las personas inspeccionadas, a la vez que da seguridad jurídica a las administraciones locales para imponer todo tipo de sanciones previstas en la Ley de Turismo.