La titular del juzgado de vigilancia de Cataluña ha desestimado este martes los recursos presentados por los políticos presos en Lledoners y se reafirma en su decisión de suspender cautelarmente el régimen de semilibertad que la Generalitat les concedió el pasado 14 de julio. La decisión afecta al líder de ERC, Oriol Junqueras; a los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn y Josep Rull; al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez; y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
De esta forma, los presos siguen sin poder salir de prisión en régimen abierto mientras la juez resuelve sobre el recurso que la Fiscalía ha presentado contra el tercer grado, una decisión que, avanza, adoptará «en los próximos días» dado el «carácter preferente y urgente» del caso.
La magistrada comparte los argumentos de la Fiscalía de que, en el caso de los delitos graves con penas de más de cinco años de cárcel, «el recurso tendrá efecto suspensivo que impedirá la puesta en libertad del condenado hasta la resolución del recurso».
El Departamento de Justicia de la Generalitat otorgó el régimen de tercer grado a los líderes del procés después de recibir una recomendación de la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners. Dicha resolución fue suspendida cautelarmente por la justicia a raíz del recurso presentado por la Fiscalía Provincial alegando que los presos no habían cumplido una cuarta parte de la condena de los 12 años que fueron condenados, algo que va en «contra de los fines de la pena».
Forcadell y Bassa siguen en semilibertad
Situación distinta es la de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, que siguen en semilibertad dado que el juzgado de vigilancia número 1 de Barcelona, al que corresponde revisar su situación, desoyó a la Fiscalía y rechazó suspender cautelarmente el tercer grado.
Precisamente, esa diferencia de criterios en el caso de Forcadell y Basses, a las que corresponde un juez distinto por estar encarceladas en las prisiones de Puig de les Basses y Wad-Ras, respectivamente, es uno de los argumentos que utilizaron las defensas para oponerse a la suspensión del tercer grado en el caso de los siete internos de Lledoners.