El gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha acordado suspender preventivamente la concesión de licencias para el alquiler de habitaciones turísticas en pisos para evitar tener que otorgarlas por la entrada en vigor, mañana, del decreto de la Generalitat que legaliza esta actividad.
Así lo ha anunciado la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, en rueda de prensa. De este modo, la suspensión de licencias permite que la Generalitat «rectifique» el decreto ley y diseñe una propuesta coordinada entre los ayuntamientos y la Generalitat para garantizar el derecho a la vivienda y abordar la crisis habitacional que, según Sanz, se ha agudizado a raíz de la crisis del coronavirus.
«No podemos pensar que las habitaciones turísticas no impactan en el mercado de la vivienda. Impactan, lo alteran, porque son actividades mucho más rentables y porque sustituyen la oferta por la vivienda habitual», ha advertido Sanz.
En ese sentido, ha criticado que el decreto presenta aspectos poco precisos como el límite de la temporalidad y de las estancias, la capacidad o la perduración de las licencias, y ha instado a la Generalitat a incorporar más instrumentos y a acompañar a los ayuntamientos para tener más competencias en el control y en las inspecciones de viviendas.
También le ha reprochado a la Generalitat que el Ayuntamiento de Barcelona no esté capacitado para determinar más condiciones y medidas del decreto, por lo que ha reclamado «respeto» por la autonomía y por la capacidad jurídica de los consistorios. Sanz ha argumentado que más allá de liberalizar la actividad, la Generalitat debería desarrollar una normativa que regulara esta actividad para evitar la especulación: «No hemos de contraponer turismo con vivienda, lo que tenemos que contraponer es la especulación con el derecho al hogar».
Aunque ha defendido la compatibilidad entre la actividad turística y el acceso a la vivienda, ha alertado de que la especulación y la rentabilidad «juegan en contra» de los barceloneses y que el decreto está diseñado para favorecer una determinada actividad lejos de los intereses de la ciudad de Barcelona.
El decreto que permite alquilar habitaciones en pisos compartidos a turistas estaba previsto para entrar en vigor el miércoles 26 de agosto, por lo que el lunes se reunió una comisión extraordinaria en el Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de «blindar el derecho a la vivienda».
