Ante la inminente decisión del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, las formaciones separatistas en el poder, Junts per Catalunya y ERC, se están reuniendo estos días para planear la transición que llevaría a una convocatoria electoral de manera automática. La idea es que, si no se presenta una candidato entre las formaciones de la oposición y se anunciase un candidato hoy, los comicios tendrían lugar entre el 31 de enero y el 7 de febrero.
Según cuenta La Vanguardia, los socios del Govern se están guiando por un informe del gabinete jurídico sobre el margen de maniobra del Ejecutivo, que quedará en funciones. Según este texto, la inhabilitación de Torra tendrá efectos inmediatos a partir de que ésta sea notificada. La sustitución correrá a cargo del vicepresidente, Pere Aragonès, que durante este periodo de interinidad no podrá presentar cuestiones de confianza ni cesar ni designar consejeros. Por otra parte, el Govern no podrá acordar anteproyectos de ley, pero si gobernar por decreto ley, formula que ya se ha estado usando durante la pandemia y que, según Junts, garantizará la eficacia del Ejecutivo —que seguirá sometiéndose a las sesiones de control en el Parlament—.
Preocupados por la formas
Por otro lado, las formas que adoptará el Ejecutivo han tenido un gran peso en las negociaciones. Así el vicepresidente Aragonès no se trasladará al Palau, se reservará el espacio del president en la sala del Consell Executiu, no se pronunciará discurso de Fin de Año y, por último, se pactarán y repartirán todas las funciones de representación —en especial las que se ocupen de la relación con el Estado—.
Las cuestiones relativas al calendario electoral también quedan más claras. Tras notificarse la sentencia, el presidente del Parlament, Roger Torrent, tendrá diez días para consultar a los parlamentarios y proponer una candidatura. Como es sabido, el separatismo no presentará candidato y aún no se sabe si Ciudadanos postulará a Carlos Carrizosa —y si Torrent lo considera apto—. Si no hay candidato, habrá dos meses para disolver la legislatura y, una vez transcurridos, Aragonès firmaría el decreto de convocatoria de elecciones, que se celebrarían 54 días después.
