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El Gobierno ignora a miles de loteros que exigen una indemnización por las pérdidas ocasionadas por el Covid-19

Un Real Decreto obliga al ejecutivo a actuar frente a las pérdidas millonarias que ha sufrido la Red de Ventas de Loterías y Apuestas, compuesta por 4171 administraciones de lotería y 6300 puntos mixtos

Administración de Lotería en Cornellá de Llobregat

El Estado de Alarma hizo que durante dos meses (del 16 de marzo al 16 de mayo) se suspendieran todos los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Ahora, esa misma red de ventas que aportó en 2019 (según los últimos datos publicados en el Anuario del Juego en España 2019) un beneficio de 1609 millones de euros al Tesoro Público, pide al Estado (único accionista de Loterías y Apuestas) que responda ante unas pérdidas millonarias de las que muchas administraciones de lotería no podrán recuperarse.

A diferencia de otras actividades, las administraciones de lotería son concesiones otorgadas por el Estado y su actividad, tiene unos derechos reconocidos por el Gobierno de España:

«Si la ejecución de un contrato público quedara totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este durante el periodo de suspensión”. Así recoge el artículo 34.1 y 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Julio de 2020: Los loteros se movilizan para exigir sus derechos como concesionarios públicos

En el mes de julio, la publicación digital Azar Plus, ya se hizo eco de las más de 200 reclamaciones que el despacho Roca Junyent llevaba gestionadas hasta ese momento para exigir al ejecutivo de Sánchez que atendiese a los derechos reconocidos en el mencionado decreto.

Manuel Silva, abogado y socio del despacho, entiende que «es legítimo que se les indemnice, no solo con los gastos en los que hayan incurrido sino también el lucro cesante durante el periodo en que estuvieron suspendidos los sorteos y las competiciones deportivas con que se comercializan la Quiniela y otras loterías». Así se lo expresó a Azar Plus, siempre argumentando su postura en lo recogido el el texto legal.

“La situación de hecho creada por el Covid-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato”.

“Dicho reequilibrio, en todo caso, compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante el periodo de duración de la situación de hecho creada por el covid-19“.

Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados trasladó al ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos una pregunta parlamentaria sobre las reclamaciones del sector.

Este miércoles 23 de septiembre se cumplía el plazo para que el gobierno contestase al principal partido de la oposición que, mediante un escrito con fecha 10 de julio, preguntaba al ejecutivo qué medidas iba a adoptar para hacer frente a la gran pérdida económica que los más de 10.000 puntos de venta (entre administraciones de loterías y mixtos) han registrado a causa del cese de su actividad durante el Estado de Alarma, según El Confidencial.

Un silencio peligroso

El silencio del ejecutivo podría provocar un agujero negro en las arcas públicas si los titulares de los más de 10.500 puntos de venta deciden acudir a los tribunales para exigir una compensación al Estado. Manuel Silva, cuenta El Confidencial, «ha decidido enviar una carta al Ministerio de Hacienda, responsable último de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), para que aclare esta situación. Sin embargo, tampoco ha recibido contestación por parte del departamento que dirige María Jesús Montero«.

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