El blindado retiro dorado de los ex presidentes catalanes

Retirar legalmente en el Parlament los privilegios a uno de estos cargos es más difícil que aprobar la independencia

Un momento de la intervención de Carles Puigdemont. En el plató, Quim Torra.
Quim Torra junto a Carles Puigdemont en la presentación del nuevo JxCat el pasado agosto.

No es mal negocio ser ex presidente de la Generalitat catalana. La clase política de esta comunidad autónoma tiene en tan alta estima a sus mandatarios que, en plena pandemia del COVID-19, con miles de muertos y contagiados sobre la mesa y con la economía totalmente paralizada, el Govern de JxCat y ERC dio luz verde a una subida del 0,9% de las pensiones que cobran sus ex presidentes y ex consellers. Lo hizo, además, escondiendo este incremento en un decreto de medidas económicas y sociales destinadas a paliar los efectos de la crisis del coronavirus mientras, por ejemplo, ya era noticia el cierre de las plantas de Nissan en Barcelona.

El entonces presidente, Quim Torra, será a partir de ahora beneficiario de esa subida siempre y cuando no encuentre trabajo en la empresa privada. Durante algo más de un año, cobrará el 80% del sueldo que ha tenido como presidente, que ascendía a más de 153.000 euros. Ahora los catalanes le pagarán más de 120.000 euros. Una vez que cumpla 65 años, Torra pasará a cobrar una pensión vitalicia de 92.000 euros. A ello hay que sumar otras prebendas como el coste de la llamada «oficina del president«, vehículo y protección personal por parte de los Mossos. Carles Puigdemont, por ejemplo, a pesar de su situación de fugado de la Justicia española y de haber renunciado a la pensión, mantiene abierta una de estas oficinas en Barcelona cuyo coste para el erario catalán es de 235.000 euros anuales, según informó en mayo El Confidencial.

Una vida «digna»

Fue durante el mandato de Torra que la Generalitat incrementó estas bicocas. En enero de 2019, JxCat y ERC promovía una medida consistente en que todas las conselleries de la Generalitat deben tomar las medidas necesarias para garantizar que los ex presidentes puedan tener «una vida digna» tras dejar el cargo y hasta su fallecimiento. La entonces portavoz del Govern, Elsa Artadi, hoy concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, justificó esta decisión apelando a la situación del socialista Pasqual Maragall, que padece alzheimer. Además, se daba luz verde a la pensión vitalicia del 60% del sueldo cobrado como cargo público.

Todo ello quedaba debidamente blindado gracias a que en 2015, bajo el Govern de Artur Mas y a raíz de los escándalos de la familia Pujol, el Parlament había aprobado que las prebendas de los ex presidentes solo podrían ser revocadas total o parcialmente si así lo votaba una mayoría de dos tercios de la Cámara. Sorprendentemente, tal y como ha apuntado en Twitter el ex presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Pere Lluís Huguet, para «declarar la independencia o aprobar la Ley Suprema» se considera que la mayoría debe ser de «la mitad más uno».

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