En un plazo de dos años, la sede central de Correos, situada en la plaza Antonio López y la calle Ángel Baixeras, se transformará en un hub de economía digital que genere puestos de trabajo de alto valor añadido y de servicios para el barrio. El Ayuntamiento de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca y Correos han firmado un protocolo de intenciones que convertirá estos edificios en un polo de actividad económica y empresarial. La iniciativa, de carácter público, pretende «reeconomizar» el distrito de Ciutat Vella, regenerar su tejido productivo y crear ocupación cualificada en el centro de la ciudad.
Cuna de empresas de nueva creación
Con la firma de este protocolo, Correos cede ambos edificios, que suman una superficie superior a los 30.000 m2, para que el Consorci los rehabilite y el Ayuntamiento los pueda destinar a equipamientos al servicio de la economía digital, la formación, la investigación, el emprendimiento y el talento. El espacio resultante podría albergar hasta 150 compañías y startups y se llegaría a utilizar por un promedio de 2.000 y 2.500 personas cada día. Grosso modo, este nuevo hub podría generar unos 1.500 puestos de trabajo, sobre todo relacionados con el sector tech.
Los firmantes del acuerdo aseguran que la intervención contribuirá a la transición hacia una economía sostenible en Barcelona, basada en el conocimiento, y que ayudará a dinamizar la vida de los barrios Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera.
El espacio resultante podría albergar hasta 150 compañías y startups y se llegaría a utilizar por un promedio de 2.000 y 2.500 personas cada día. Grosso modo, este nuevo hub podría generar unos 1.500 puestos de trabajo, sobre todo relacionados con el sector tech
El protocolo de intenciones firmado hoy es un primer paso para acordar un convenio que formalice las obligaciones entre las partes, y que persigue introducir actividad económica en el centro de la ciudad. El acuerdo también pretende acercar la administración a la ciudadanía, ofrecer actividades culturales e impulsar la colaboración público-privada que impulse el desarrollo de nuevas actividades económicas basadas en la innovación.
En qué consistirá la intervención
Los edificios de Correos se destinarán a usos propios de equipamiento de titularidad pública destinado, sobre todo, a la promoción de la actividad económica digital e innovadora, el uso formativo y posiblemente sociocultural, según la siguiente propuesta:
- Incubadora de empresas, centros formativos, oficinas, centros de investigación y otros usos similares, en un espacio destinado a empresas y startups vinculadas a la economía digital, análogo a los equipamientos de promoción económica que albergan incubadoras de sociedades y empresas de nueva creación.
- Correoslabs, un espacio gestionado por Correos que pretende transformar su negocio tradicional a partir de la innovación abierta con emprendedores, universidades, administraciones y empresas.
- Mantener una oficina y atención al público de Correos, preferiblemente con acceso independiente desde la vía pública.
- Disponer de una oficina de atención a la empresa y al talento por parte del Ayuntamiento de Barcelona para prestar un servicio público.
- Disponer de un espacio cívico-cultural que pueda albergar actividades o necesidades de la ciudadanía barcelonesa, especialmente de los vecinos y vecinas del distrito de Ciutat Vella.
- Actividad de restauración para poder dar servicio a la actividad propia del equipamiento de promoción económica.
Una operación que no gusta a los sindicatos
La cesión no es del agrado de CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en Correos, quienes han conocido este proyecto a través de los medios de comunicación. Fuentes de ambas organizaciones recalcan que las negociaciones entre Correos y el Ayuntamiento de Barcelona se llevan a cabo desde hace dos años, por lo que denuncian falta de transparencia y desprecio hacia el diálogo social.
«Con esta operación se confirman nuestras denuncias. Desde hace meses, el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, está tratando de implementar un plan estratégico de desguace de la empresa pública estatal que incluye la venta, la privatización parcial o cesión por interés político de los inmuebles del operador postal, sin tener en cuenta las organizaciones sindicales ni la sociedad», han afirmado. Dichas fuentes sindicales insisten en que este acuerdo oculto afectará a una plantilla de 400 trabajadores/as que trabajan en este inmueble emblemático de Barcelona.
