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El Defensor del Pueblo reclama neutralidad a las universidades catalanas

Nuevo respaldo a Universitaris per la Convivència, que había pedido amparo a Fernández Marugán por vulneración de diversos derechos fundamentales

Miembros de Universitaris per la Convivència

Con fecha 1 de octubre de 2020, el Defensor del Pueblo ha respondido a la queja presentada el pasado noviembre por Universitaris per la Convivència, en relación con diversos “incidentes” acaecidos en las universidades catalanas el octubre pasado, que ponían en peligro la libertad de cátedra, el derecho a la educación y la neutralidad ideológica: boicot y suspensión de clases, alteración extemporánea del sistema de evaluación, ocupación del espacio público con símbolos partidistas, incluso en período electoral, y aprobación de manifiestos de claro contenido político.

A raíz de esta queja y de otras similares, el Defensor decidió poner en marcha una actuación informativa en todas las universidades públicas de Cataluña. En las respuestas recibidas por el Defensor se observa un común tono autoexculpatorio, alegando las universidades que hicieron lo posible por mantener la normalidad ante los altercados y por garantizar tanto el derecho de los estudiantes a la huelga como el de asistir a clase con normalidad; y un tono justificativo en relación con la modificación de los sistemas de evaluación y con la aprobación de manifiestos en los claustros. En este último caso, las universidades apelan a la libertad de expresión de los claustrales y al derecho a la autonomía universitaria.

A partir de estas respuestas, el Defensor del Pueblo incide en el deber de neutralidad ideológica que pesa sobre todas las instituciones públicas, universidades incluidas, e informa de que dará conocimiento de los hechos objeto de la queja ante las Cortes Generales, a salvo de aquellos que permanecen pendientes de pronunciamiento judicial.

Diversidad ideológica

A la vez, Fernández Marugán señala que la institución que encabeza “ha trasladado a los rectores de las universidades consultadas que a juicio del Defensor del Pueblo las universidades, como instituciones vinculadas al cumplimiento de los fines que les asigna el ordenamiento jurídico, están integradas por personas con amplia diversidad ideológica, por lo que sus órganos de gobierno deben respetar esa diversidad cuando ejercen sus funciones, sin asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica”. Y continúa: “Por lo demás, las universidades públicas, como las demás instituciones que ostentan este carácter, deben respetar el principio de neutralidad ideológica que es exigible a todas ellas en una sociedad plural y democrática”.

Universitaris per la Convivència valora especialmente el recordatorio de que las universidades no pueden “asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica”, so pena de violar su deber de neutralidad institucional. 

En cuanto a los argumentos esgrimidos en contra por las universidades, este colectivo advierte que la libertad de expresión de los claustrales y demás miembros de la comunidad universitaria es un derecho individual que no puede justificar pronunciamientos unitarios de la institución; y que el derecho a la autonomía universitaria es un derecho de configuración legal que ha de ejercerse en relación con las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la universidad (por ejemplo, en el art. 2 de la Ley Orgánica de Universidades o arts. 3 y 4 de la Ley Catalana de Universidades). Se trata de un derecho que se fundamenta en la libertad académica, manifestada a su vez en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio, libertades que nada tienen que ver con la asunción de posiciones políticas partidistas, y menos aún cuando tales posiciones son manifiestamente contrarias a los valores del orden constitucional vigente y a los principios propios de la democracia y el estado de derecho. 

Libertad de expresión

Tal como establecen la legislación y la jurisprudencia constitucional, el ámbito en el que rige la autonomía universitaria es el de la organización y funcionamiento de las universidades, un ámbito al que desde luego no pertenecen las declaraciones institucionales que pretenden la defensa de posiciones políticas muy controvertidas, por muy mayoritarias que se pretendan.

La reciente sentencia 137/2020 del Juzgado nº 3 de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, así lo acredita, haciendo ver que tales declaraciones, manifiestos y pronunciamientos no solo no quedan cubiertos por la autonomía universitaria y por un inexistente derecho colectivo o institucional a la libertad de expresión, sino que además suponen una lesión de los derechos individuales a la libertad ideológica, la libertad de expresión y el derecho a la educación de sus alumnos y profesores.

Por eso, sorprende el reciente comunicado de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), firmado por los rectores de todas ellas, en el que un tono más comedido no oculta un contenido muy semejante al de los manifiestos aprobados en 2019 por los claustros catalanes. En una situación como la actual, la “apuesta por el diálogo” o por el descarte de la vía judicial para la resolución de “conflictos políticos” no puede engañar a nadie: se trata de dar apoyo a una posición política de parte cuya exacerbación ha sumido a Cataluña en una crisis de convivencia que ya nadie ignora. El comunicado supone, cuando menos, la incomprensión del sentido de la división de poderes y la independencia judicial y, por ende, del estado de derecho y la democracia constitucional.

Diálogo entre catalanes

Que los rectores, en cuanto tales, se arroguen la capacidad de cuestionar pilares básicos de toda comunidad democrática, y se permitan opinar libremente sobre el sentido y oportunidad del control judicial de los actos de las autoridades públicas, resulta un ejercicio de deslealtad institucional, de parcialidad ideológica y de extralimitación en sus funciones, que no cabe sino lamentar. 

Universitaris per la Convivència, además de celebrar esta respuesta del Defensor del Pueblo, agradece las innumerables muestras de apoyo recibidas estos días a raíz de la referida sentencia 137/2020 y manifiesta su firme voluntad de seguir trabajando por unas universidades de todos, que no adopten posiciones políticas oficiales sino que fomenten un debate de ideas sereno y respetuoso que contribuya al tan necesario diálogo entre catalanes.

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