La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que confirme la decisión del juez instructor José de la Mata de proponer juzgar al expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal y aprovecharse de su «posición privilegiada» para acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
La teniente fiscal Belén Suárez presentó el pasado 3 de septiembre un escrito impugnando el recurso que interpuso familia Pujol contra la decisión que adoptó el juez de la Mata el pasado 16 de julio. La defensa, que pidió además el sobreseimiento de la causa, acusó al magistrado de procesarles por ser miembros de esa familia sin describir las conductas individualizadas que habría desarrollado cada uno de ellos y que justificaría el delito de organización criminal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 dictó a mediados de julio un auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, de 509 páginas, con el que puso fin a la investigación de la pieza principal de este caso. El magistrado considera que los hechos serían constitutivos de presuntos delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
La misma manera de actuar
La fiscal afirma en su escrito dirigido a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que Pujol, Ferrusola y sus siete hijos deben ser juzgados por organización criminal o asociación ilícita porque a lo largo de la instrucción se ha visto que todos los miembros de la familia han actuado de manera similar. Señala que las cuentas bancarias abiertas de las que fueron titulares todos los miembros de la familia Pujol en la entidad Andbank se abrieron entre los 1990 y 1992, se cancelaron en las mismas fechas, entre los meses de octubre y diciembre de 2010,, y que simultáneamente todos abrieron cuentas bancarias en la entidad Banca Privada de Andorra.
«Después todos traspasaron sus fondos a Fundaciones panameñas con objeto de obtener mayor opacidad, y finalmente, una vez ya iniciado este procedimiento, todos cancelaron esas cuentas, siendo el destino de los fondos, en algunos casos su regularización fiscal ante las autoridades españolas», explica. Así, destaca que consta documentación y que de sus declaraciones se concluye una «actuación conjunta» de todos los procesados «en cuanto a la recepción de fondos, su reparto, incluidas las consignas de actuación respecto de los mismos, que permitió la ocultación de la existencia de los fondos con lo que ello significaba».
En este punto, la fiscal recuerda que el hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, regularizó ante Hacienda los fondos de los que disponía en la Banca Privada de Andorra, mientras que no hizo lo mismo con los que tenía en Andbank para que «no se descubriesen los fondos existentes de los demás miembros de la familia».
De manera similar responde Anticorrupción a las alegaciones sobre los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental que les atribuye el juez. Explica que la mayoría de los movimientos de fondos que se realizan en las cuentas, se hacen «en efectivo, tanto los ingresos como los reintegros», por lo que no se ha podido determinar ni el origen ni el destino. Por otro lado, también hace referencia al argumento esgrimido en el recurso sobre que la actuación concreta del expresidente catalán, «aparece muy escasamente mencionado» en el auto del juez, ya que «sólo» se le atribuye de manera directa una cuenta en la entidad andorrana Andbank «que se afirma titularizaba».
Acusación de Podemos
La Fiscalía Anticorrupción todavía no ha emitido su escrito de acusación, pero sí lo ha hecho Podemos, que ejercer la acusación popular, y solicita para el expresidente Jordi Pujol hasta 20 años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal, una pena que se podría ver reducida a 16 años de cárcel si finalmente se estima el delito de asociación ilícita en lugar de organización criminal.
Para la mujer del expresidente catalán interesa penas que irían de los 13 a los 17 años de prisión por asociación ilícita, subsidiariamente organización criminal, y blanqueo de capitales. En cuanto al hijo mayor, la petición de penas asciende a 50 años y seis meses de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública en relación al IRPF de hasta cinco años de 2007 a 2012, una petición que podría incrementar hasta los 54 años y medio si se considera que la conducta de Jordi Pujol Ferrusola encaja más en un delito de organización criminal que en asociación ilícita.
Para el resto de hermanos, la petición de penas oscilan desde los seis años que solicitan para Marta y Mireia Pujol Ferrusola, hasta los 18 años y seis meses que se solicitan para Josep Pujol Ferrusola, pasando por los 9 que piden para Oleguer, Oriol y Pere. A todos ellos se les imputan delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.