Tras la llegada al poder de Pedro Sánchez, hubo un remplazo mediático casi inmediato y las presiones sobre los principales grupos mediáticos llegaron sin hacerse esperar, dando lugar a que en la era Sánchez se hayan colocado más que nunca en muchas televisiones y radios a personajes como Sarah Santaolalla, Jordi Évole, Jesús Cintora o Javier Ruíz, que fundamentalmente a lo que se dedican es a llevar a término una gran propaganda o manipulación a favor de la izquierda radical.
Un control mediático que se realiza a sabiendas y con una remuneración muy elevada, sobre todo de dinero público. Hablamos de muchos millones de euros. Por ejemplo, para que se hagan una idea, el programa de ‘La Revuelta’ cuesta más de 20 millones de euros o TV3 y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) cuestan más que la Casa Real.
La Jefatura del Estado tiene una asignación congelada de 8,4 millones de euros. En contraste, los presupuestos de la Generalitat de Cataluña recogen una aportación pública de 390 millones de euros para la CCMA.
Es evidente que se pagan cuantiosas sumas millonarias de dinero público para favorecer a un lado político y no al otro, además de que ello conlleve censurar actores (periodistas, artistas, asociaciones) esenciales y noticias importantes y de interés popular, porque perjudican a los argumentos de la izquierda, según ellos.
Resulta tremendamente preocupante está situación y no debería ocurrir en un Estado que se hace llamar democrático, porque es totalmente antidemocrático y choca frontalmente contra el Estado de Derecho y las libertades fundamentales, entre ellas la libertad de expresión que debería existir en una sociedad que realmente es plural y diversa con sus pros y sus contras.
Por ello, también es inadmisible en lo que han convertido RTVE, dado que ha pasado a ser un nido de sectarismo y rojerío, que es más propio del chavismo venezolano que no de una televisión pública decente occidental.
