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El Parlament aprueba una rebaja del 50% en el alquiler de los locales cerrados por las restricciones

El decreto se ha aprobado con 68 votos favorables de JxCat, ERC y los comuns, y la 65 abstenciones de Cs, el PSC-Units, la CUP, el PP y PDeCAT

Vista de un Pleno en el Parlament celebrado sin apenas diputados por la pandemia del COVID-19 (Europa Press).

El Parlament ha validado este miércoles el decreto del Govern de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, que prevé que los negocios cerrados como consecuencia de las restricciones aprobadas por la Generalitat ante el coronavirus puedan pagar la mitad del alquiler mientras estén en vigor las medidas sanitarias.

El decreto se ha aprobado con 68 votos favorables de JxCat, ERC y los comuns, y la 65 abstenciones de Cs, el PSC-Units, la CUP, el PP y los cuatro diputados del PDeCAT integrados en JxCat.

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha explicado que el decreto dispone que, mientras se mantengan las restricciones, los arrendatarios de los locales comerciales con la actividad suspendida o limitada puedan pedir una rebaja del alquiler al propietario.

En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes, el precio del alquiler se reducirá a la mitad en los negocios cerrados completamente, y en los que tengan el aforo o el horario restringido, la rebaja del alquiler será proporcional a la rebaja del aforo. «Se trata de una medida justa y equitativa», ha defendido Capella, que considera que, en el contexto actual, era necesario ofrecer soluciones inmediatas para mantener el tejido empresarial catalán.

Medida «poco efectiva»

El diputado de Cs Nacho Martín Blanco considera que la medida es «poco efectiva y tiene muchos defectos» porque, a su juicio, la Generalitat traslada la responsabilidad de resolver posibles conflictos y problemas a los particulares, lo que genera un agravio comparativo entre la figura de los arrendatarios y los arrendadores, ha opinado. Desde el PSC-Units, la diputada Rosa Maria Ibarra ha vaticinado que la norma generará «inseguridad jurídica en un momento en que debería haber certezas», y ha acusado al Govern de centrifugar problemas porque, a su juicio, opta por trasladar los problemas a los arrendatarios de los locales.

El diputado de los comuns Lucas Ferro ha sostenido que es una medida «valiente» que pretende responder ahora a la situación de emergencia provocada por la crisis sanitaria, pese a añadir que no está exenta de contradicciones y que no contempla aspectos como qué pasará cuando los negocios pueda reabrir, entre otras cuestiones. La diputada de la CUP Maria Sirvent ha calificado de «insuficiente y muy genérico» el decreto, ha vaticinado que provocará problemas de interpretación y ha preguntado por qué se ha fijado la rebaja del alquiler a la mitad y no en un 75% como, ha asegurado, pedía el gremio de restauración.

Desde el PP, el diputado Santi Rodríguez ha augurado que la tendencia de la negociación entre las dos partes no será el pacto y se tenderá a la rebaja del 50% del alquiler directamente, y aunque comparte la premisa que inspira el decreto, ha advertido de que «la administración también debe asumir parte de las cargas y no sólo los privados». El diputado de ERC Jordi Orobitg ha defendido la necesidad de que el Govern interviniera en este ámbito con el objetivo de que imperara «el principio de solidaridad» para repartir las consecuencias negativas que conlleva las medidas de restricción, y cree que permitirá reducir procesos de litigio.

La diputada de JxCat Glòria Freixa ha recordado que gran parte del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas y «ahora lo están pasando mal», por lo que ha defendido la necesidad de esta medida pese a reconocer que preferirían disponer de más recursos para no tener que regular los alquileres, una cuestión en la que no se sienten cómodos.

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