En otras ocasiones he señalado en este diario al desgobierno en que vive inmersa Cataluña (véase, por ejemplo, ‘Ni los Borbones ni Franco’, publicado el 31 de diciembre de 2019 y ‘Cataluña renquea y sus gobiernos nos endeudan’, publicado el 20 de junio de 2020) como la causa inmediata de la pérdida de vigor de la economía catalana en las últimas décadas. Desde los años 90, la iniciativa empresarial y la proyección nacional e internacional de sus empresas han cedido el protagonismo a unas Administraciones cuyas decisiones han estado guiadas más por la obsesión de sus dirigentes políticos de convertir Cataluña en un Estado (‘Gencat: una Administración sobredimensionada y cara’, publicado el 7 junio de 2020) y controlar todos los resortes económicos a través de una potente (y con demasiada frecuencia corrupta) red clientelar, que de mejorar la eficiencia de los servicios públicos e impulsar el crecimiento económico.
Hasta los años 90, Cataluña era un modelo de referencia en toda España por su vocación modernizadora y europeísta, y fue precisamente esa proyección la que nos impulsó a muchos españoles a hacer las maletas (en mi caso desde Madrid) para hacernos un hueco en una sociedad que miraba al futuro y no al pasado, y estaba más interesada en atraer talento que en preguntarse en qué lengua se expresaba cada uno y el idioma en que estaban rotulados los comercios. En el ámbito de los estudios de Economía, por ejemplo, Barcelona constituía en 1984 un foco sobresaliente dentro de España, con profesores comprometidos a seguir la estela de las Universidades estadounidenses, empeñados en profesionalizar la docencia, impulsar programas de doctorado de calidad y proyectar la investigación a nivel internacional. Desde entonces, han cambiado mucho el ambiente en Cataluña y pocos docentes se inclinarían a aceptar hoy una oferta de trabajo en Barcelona en preferencia a otros lugares de España.
El decálogo de un sindicato amarillo
Aunque ya catedrático jubilado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), sigo recibiendo los correos institucionales con que las centrales sindicales bombardean al personal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS). Pues bien, hace unos días recibí un correo de la CSC-intersindical muy ilustrativo de los cambios que se han producido en Bellaterra desde que inicié aquí mi carrera académica en el curso 1984-85. CSC-intersindical es una organización al frente de cuya secretaría general se encuentra Carles Sastre, terrorista de Terra Lliure condenado por el asesinato del empresario catalán Josep María Moltó en 1977, al que los terroristas adosaron una bomba en el pecho que explotó y acabó con su vida.
«CSC-intersindical es una organización al frente de cuya secretaría general se encuentra Carles Sastre, terrorista de Terra Lliure condenado por el asesinato del empresario catalán Josep María Moltó en 1977″
Se trata de un sindicato independentista rescatado del ostracismo gracias, en primer lugar, al protagonismo que otorgó a Sastre una entrevista en TV3 en diciembre de 2015, siendo Mas todavía presidente del gobierno de la Generalitat, en la que la figura del terrorista fue presentada no como lo que era, un asesino, sino como militante histórico del independentismo y ‘preso político’. El proceso de recuperación de su figura lo completó el irresponsable presidente Puigdemont, al incorporarlo al Pacto Nacional por el Referéndum en 2016. Su presencia en la foto de familia de aquella reunión, junto a Puigdemont, Mas, Junqueras, Forcadell, etc., da una idea muy cabal del alto grado de descomposición de la vida político social en Cataluña, triste remedo del blanqueo de los Bilduetarras por los gobiernos del PNV en El País Vasco. CSC-intersindical ha pagado con creces la deuda convocando varias huelgas generales desde entonces, la primera el 3 de octubre de 2017, para reforzar el proceso independentista.
En ese comunicado, CSC-intersindical se refería al decálogo elaborado por la organización, así que me decidí a echarle una ojeada. Comienza afirmando que «defiende una universidad pública, de calidad y al servicio de toda la sociedad», un loable objetivo con el que difícilmente nadie puede estar en contra. Ahora bien, en ese párrafo introductorio se nos explica que «trabajamos para mejorar las condiciones laborales de los colectivos de la UAB y por la democratización en profundidad de sus órganos de gobierno», dando por sentado que los intereses de los colectivos de la UAB son los mismos que los de la sociedad en su conjunto y que la «democratización en profundidad» de los órganos de gobierno es la vía más adecuada para mejorar los estándares de calidad de la enseñanza y la investigación. Disiento en ambos casos.
¿Dónde está el interés general?
Por si lo dicho hasta ahora fuera poco, CSC-intersindical nos aclara que las 10 propuestas de su decálogo responden a su carácter de «sindicato feminista, catalán y republicano con una acción progresista y transformadora», dando por supuesto que el feminismo, el catalanismo y el republicanismo son parte indispensable del modelo de una universidad pública de calidad al servicio de la sociedad en su conjunto. Ojalá, ustedes se pregunten también al leer estas palabras, qué tienen que ver con la excelencia universitaria el feminismo, el catalanismo y el republicanismo y el pretendido progresismo transformador con que se asocian las tres palabras. Absolutamente nada.
«CSC-intersindical no es más que un grupo de presión que supedita los estándares de calidad a la ideología política»
Responden a una visión de la Universidad concebida como instrumento político al servicio de objetivos que nada tienen que ver con los fines esenciales de una institución universitaria, a saber, promover el avance del conocimiento y su eficaz transmisión a los estudiantes interesados en adquirirlo, ni con el papel que debería desempeñar un sindicato universitario, a saber, presentar iniciativas a las autoridades académicas que refuercen la consecución de los fines que justifican la existencia de estos centros. Nada más lejos de la realidad. CSC-intersindical no es más que un grupo de presión que supedita los estándares de calidad a la ideología política y a los intereses de colectivos cuyo papel en una institución académica juegan un papel auxiliar o incluso contrario al establecimiento de altos estándares de excelencia en docencia e investigación.
Veamos si estoy en lo cierto. El primer mandamiento del decálogo es «preservar los derechos democráticos y laborales» que al parecer de CSC-intersindical se han visto vulnerados «por la virtualización de la enseñanza durante la crisis sanitaria» y por «los ataques más preocupantes a los derechos civiles y políticos… y las vulneraciones más flagrantes desde la dictadura franquista», ante la pasividad de los equipos de gobierno de la UAB que no han escuchado ni dado voz a «los agentes sociales». Además, «las sucesivas crisis económicas que se han producido en los últimos años han implicado una muy notable pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras y una precarización intolerable del conjunto de la plantilla… [y] los salarios del PDI y PAS han servido para cuadrar las cuentas». Todo ello para concluir que «es evidente que hace falta una mejora de las condiciones laborales antes de que se resienta todavía más la calidad de la docencia y los servicios y el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria».
Al analizar el documento con detención comprobamos que no es la defensa del interés general y la calidad de la docencia e investigación lo que defiende CSC-intersindical sino unas posiciones políticas e ideológicas muy definidas y los intereses particulares de los «trabajadores y trabajadoras», especialmente los considerados más precarios, para alcanzar la conclusión «evidente» de que es preciso mejorar las condiciones laborales «antes de que se resienta todavía más la calidad de la docencia y los servicios». No son este tipo apreciaciones superficiales y conclusiones precocinadas las que uno esperaría de una organización con un interés genuino en promover el conocimiento y mejorar el funcionamiento de una institución cuya única justificación de su existencia es estrictamente académica, no política, y cuya misión principal es producir conocimiento y transmitirlo, no dar empleo.
«Al analizar el documento con detención comprobamos que no es la defensa del interés general y la calidad de la docencia e investigación lo que defiende CSC-intersindical sino unas posiciones políticas e ideológicas muy definidas«
En relación con la crisis sanitaria creada por el COVID-19, la preocupación principal de las autoridades universitarias no puede ser otra que poner a disposición de profesores y alumnos los medios técnicos más apropiados para ofrecer docencia virtual de calidad. La «virtualización de la enseñanza» no constituye ninguna una amenaza a «los trabajadores y trabajadoras», como da a entender CSC-intersindical, sino una herramienta muy útil que permite flexibilizar horarios y facilita el acceso de los alumnos al material explicado en las clases. Quizá uno de los aspectos positivos de esta crisis sea precisamente haber puesto de manifiesto que resulta posible aprovechar las nuevas tecnologías para cambiar el modelo educativo, abandonando rutinas docentes (como repetir una clase a varios grupos de una misma asignatura), obsoletas y muy caras por los elevados recursos que absorben (aulas, profesores, proyectores, personal auxiliar, etc.), y que al sustituirlas permiten liberar recursos y dedicarlos a avanzar hacia una enseñanza más personalizada. Y en cuanto a los efectos de las crisis económicas, la pregunta que deberíamos hacernos no es si los colectivos de ‘trabajadores y trabajadoras’ en la Universidad sufrimos una pérdida de poder adquisitivo, porque eso mismo sucedió a la mayoría de los ciudadanos, sino si, en todo caso, sufrimos más perjuicios que otros colectivos pensionistas, parados, autónomos, directivos, líderes sindicales, etc. Sinceramente, no creo que ese hay sido el caso.
Precarización y aumento de plantillas
Con la vista puesta en el futuro de la Universidad, hay otras dos cuestiones cuyas implicaciones resultan incluso más preocupantes porque la posición de CSC-intersindical aquí no dista mucho de la del resto de las organizaciones sindicales. Me refiero a la obsesión por eliminar la precarización del trabajo y a aumentar las plantillas de los centros universitarios (y del sistema educativo en general).
Aunque eliminar la precarización suena bien, conviene detenerse un momento a examinar sus implicaciones y las razones que a veces se esgrimen para eliminarla. Para empezar, la precarización afecta a los trabajadores contratados, tanto en docencia e investigación como en administración y servicios, que no se han presentado a concursos de provisión de plazas en propiedad, escasos en los últimos años, o que habiéndolo hecho no superaron las pruebas. Resulta demagógico, por ello, calificar de precaria sin más la situación de docentes que desarrollan su actividad laboral principal fuera de los centros universitarios, o la de aquellos que incumplen los requisitos exigidos para optar a una plaza en propiedad. Pretender eliminar este tipo de precariedad y «estabilizar las plantillas de PDI y PAS» sin más, como pretenden CSC-intersindical y otras organizaciones sindicales, convirtiendo a estos ‘trabajadores y trabajadoras’ en personal fijo es tan disparatado como aprobar a todos los alumnos sólo por el hecho de haberse matriculado.
En cuanto al tamaño de las plantillas, el primer hecho a tener en cuenta es que el número de alumnos matriculados en Universidades públicas ha fluctuado en torno a 1,3 millones desde el curso 2008-09 hasta 2020 y no muestra tendencia al alza. Hay, además, otras razones de peso para no aumentar el número de profesores En primer lugar, los laxos criterios de admisión en la Universidad pública y las bajas tasas de matrícula (muy inferiores al coste real de la enseñanza) inflan el número de alumnos matriculados, muchos de los cuáles ni siquiera asisten a clase. En segundo lugar, las plantillas actuales responden al desdoblamiento (no siempre justificado) de grupos en las asignaturas troncales, y a la proliferación de un gran número de asignaturas optativas, cuya inclusión en los programas de grado responde en muchos casos precisamente a la necesidad de justificar las abultadas plantillas de los departamentos. Todo ello, lógicamente, redunda en un aumento del coste en profesorado e inmovilizado de los centros.
«Las plantillas actuales responden al desdoblamiento (no siempre justificado) de grupos en las asignaturas troncales, y a la proliferación de un gran número de asignaturas optativas«
Autarquía y violencia sectaria
Está el documento plagado de planteamientos chuscos que producirían risa si no fuera porque el secretario general de este sindicato es un terrorista y la organización está implantándose en las Administraciones Públicas en Cataluña con el beneplácito del gobierno de la Generalitat y el apoyo de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC). Un par de ejemplos. CSC-intersindical considera en peligro la ‘soberanía’ de la UAB por su dependencia para poner en marcha la enseñanza virtual de empresas tecnológicas «de alto coste y de prestaciones discutibles como Microsoft» y se inclina por «trabajar, pues, para que la UAB potencie su propio talento». Asimismo, considera necesario «reconsiderar la necesidad de externalizar servicios y, en todo caso, revisar los criterios de los concursos para los servicios externos (restauración, limpieza, impresión. etc., para favorecer a las empresas locales». ¡Viva la autarquía! Mucho me temo que estos cráneos privilegiados están también a favor de sustituir los libros de texto de editoriales «de alto coste y prestaciones discutibles» por los apuntes de clases de los profesores de la UAB.
Un breve comentario merece también la propuesta de una Universidad inclusiva «libre de sexismo, clasismo, ‘capacitismo’, xenofobia, LGTBIQ-fobia y otros tipos de discriminación». ¿No les parece significativo que en esta enumeración de pecados capitales CSC-intersindical no mencione siquiera los ataques a la libertad de expresión y reunión de conferenciantes, profesores y alumnos, perpetrados con total impunidad por el sindicato estudiantil de ‘países catalanes’, ni denuncie la coerción ejercida por los sindicatos estudiantiles a profesores, trabajadores y alumnos al impedirles acceder al recinto universitario cuando convocan huelga? La indigencia intelectual no sólo los lleva a defender la autarquía más pueblerina, camuflada bajo el disfraz de la proximidad y un ecologismo ridículo, sino a defender el autoritarismo y la discriminación contra todos aquellos que no comparten su concepción feminista, LGTBIQista, catalanista y republicanista de la Universidad.
¿Por qué pierde liderazgo Cataluña?
Volvemos al punto de partida. Hay muchas razones detrás de lo que podríamos denominar pérdida de relevancia o incluso decadencia económica, social y política de Cataluña, pero sin duda una de ellas es la creciente obsesión de quienes han estado al frente del gobierno de la Generalitat desde 1980 por rescatar un pasado mítico (‘los países catalanes’), apostando por convertir las lógicas discrepancias con las instituciones del Estado en un enfrentamiento abierto, y aceptando el ‘todo vale’ con tal de impulsar la ‘república’ catalana. La gestión de Pujol que abocó a la quiebra a Banca Catalana o el expolio del Palau de la Música Catalana, con aquiescencia del gobierno de Pujol cuyo partido, CDC, era principal beneficiario, son dos antecedentes próximos del deterioro institucional de Cataluña. Pero se podrían poner muchos otros ejemplos.
Que un personaje de la talla de Canadell aupado a la presidencia de la Cambra de Comerç de Barcelona por la ANC, con la misión de impulsar desde allí la independencia y la república en el ámbito empresarial, es un ejemplo más próximo del creciente deterioro de la vida pública en Cataluña. Pero incluso más preocupante resulta ver a Sastre, un terrorista convicto sacado del ostracismo por la televisión oficial del régimen (TV3) y por el irresponsable president Puigdemont, al frente de la secretaría general de un sindicato que está extendiendo sus tentáculos tóxicos por las Administraciones catalanas con la complicidad del gobierno de Torra y la ANC. La foto de Torra con Paluzie, presidenta de la ANC, y Sastre habla por sí sola. Cataluña necesita con urgencia un buen osteópata que le enderece la cabeza para que mire de nuevo al futuro, no a la imagen deformada de 1714, y recupere el talante emprendedor, la búsqueda de la excelencia y la cultura compartida que caracterizó a la sociedad catalana hasta los años 90. El deterioro es grande, la tarea resulta ímproba, pero la esperanza, dicen, es lo último que se pierde.
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