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PIMEC pide un informe jurídico sobre la posible responsabilidad patrimonial de las medidas administrativas impuestas por el COVID-19

La patronal presenta su manifiesto "RescatxPimes RescatxAutònoms", enfocado en los sectores más perjudicados por las restricciones (turismo, hostelería, restauración, pequeño comercio, deporte, ocio y cultura, entre otros), y anuncia que con este informe descartan abrir procesos judiciales

Josep González, presidente de PIMEC.
Josep González, presidente de PIMEC.

«La aprobación del estado de alarma durante seis meses representa una medida sin precedentes que da carta blanca a las administraciones para prorrogar las actuales medidas e imponer otras con el mínimo control parlamentario, además de credibilidad y predisposición decreciente de la sociedad civil. Hoy queremos apremiar a la Administración para que agilice las medidas compensatorias necesarias para las pymes y los autónomos en riesgo de quiebra por culpa de las restricciones, los cierres y las pocas compensaciones económicas que están recibiendo«, ha declarado Josep González, presidente de PIMEC, durante la presentación del manifiesto RescatxPimes RescatxAutònoms en las instalaciones deportivas David Lloyd Club Turó (Barcelona). González ha añadido que sin ayudas económicas justas y potentes, se producirán «más abandonos de negocios», algo que a las administraciones aún «les saldrá más caro».

Responsabilidad patrimonial de las medidas administrativas adoptadas

El presidente de PIMEC ha anunciado que, a petición de sus asociados y de varios colectivos que les representan, han solicitado un informe jurídico relativo sobre la posible responsabilidad patrimonial derivada de las medidas administrativas adoptadas con motivo de la crisis sanitaria. «Nuestra intención no es abrir un proceso judicial contra la Administración, pero sí proveernos de herramientas jurídicas fundamentadas con las que tener más fuerza a la hora de reclamar medidas justas para el tejido empresarial», ha aclarado González.

Joan Manuel Trayter, catedrático de derecho administrativo de la Universitat de Girona, responsable de este informe jurídico.

Además, con este documento pretenden instar a la Administración a que agilice las medidas compensatorias necesarias que garanticen la viabilidad de los sectores más afectados. Medidas que no pasen por créditos ICO -que convierten problemas de liquidez en otros de solvencia-, sino por ayudas directas y bonificaciones fiscales. «La salud pública es, puede y debe ser compatible con la actividad empresarial. Las medidas tomadas en esta materia se deben basar en datos objetivos y herramientas avanzadas de gestión, antelación, preparación y ocupación», ha concluido.

«Nuestra intención no es abrir un proceso judicial contra la Administración, pero sí proveernos de herramientas jurídicas fundamentadas con las que tener más fuerza a la hora de reclamar medidas justas para el tejido empresarial»

Josep González, presidente de PIMEC

«Los daños no los produce la pandemia, sino su gestión por parte de la Administración»

El informe jurídico ha sido elaborado el catedrático de derecho administrativo de la Universitat de Girona y director del Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques de CatalunyaJoan Manuel Trayter, quien ha añadido: «Los daños no los está produciendo la pandemia, sino su gestión por parte de la Administración, ya que se podía haber hecho de otra manera. No es una cuestión de fuerza mayor». Por lo tanto, y así consta en el Informe, sí hay una relación directa causa-efecto entre las decisiones administrativas dictadas, mediante normas y resoluciones, y el daño lesivo al patrimonio de particulares, empresas o sectores que puedan causar.

El catedrático en derecho ha puesto en tela de juicio algunas de las medidas aprobadas en forma de restricciones, asegurando que no están «fundamentadas», desde el punto de vista jurídico. «La gente no entiende, y los juristas tampoco, cómo se pueden llegar a tomar medidas diferentes en unas comunidades autónomas u otras, cuando la pandemia es común en todas ellas. Las medidas deberían ser proporcionales entre un territorio u otro», ha explicado.

Antonio Cañete, secretario general de PIMEC.

En el encuentro han participado Antoni Cañete, secretario general de PIMEC; Álex Goñi, presidente de PIMEC Comerç, David Anton, presidente de PIMEC Formació i Ocupació y Esteve Guerra, presidente de PIMEC Turisme, junto a representantes de los sectores más afectados por las restricciones y el cierre administrativo al que se han visto obligadas muchas empresas, a fin de garantizar las medidas de seguridad e higiene establecidas por el PROCICAT. Como August Tarragó, presidente de ADECAF, patronal del sector del fitness en Cataluña; Pere Santos, presidente de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIRH) y Pilar Sierra, presidenta del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya, entre otros.

Un manifiesto al que ya se han apuntado 220

Finalmente, Antoni Cañete, secretario general de PIMEC, ha pedido que se organicen mesas sectoriales de cada uno de los sectores afectados para buscar soluciones y recursos que garanticen la viabilidad de las empresas y los puestos de trabajo. Asimismo, ha enumerado uno tras otro los diferentes puntos de este manifiesto, al que ya se han adscrito 220 pymes, incluso antes de ponerlo en marcha:

  • Sin datos objetivos desglosados, no es admisible que se decrete la suspensión total o parcial de determinados sectores de actividad.
  • Las decisiones de cierre o restricción de actividades empresariales se han de realizar con la suficiente antelación y consultadas con las entidades más representativas del sector en cuestión. «Las empresas y los autónomos no podemos cerrar de un día para otro, sin que nos genere un grave perjuicio», ha criticado.
  • Proponen que en las próximas reuniones del PROCICAT, además de representantes del Departament de Salut e Interior, se incorporen portavoces de Empresa i Coneixement, además del de Treball, Afers Socials i Famílies, teniendo en cuenta los efectos económicos y en el trabajo de las medidas que toma el PROCICAT y la necesidad de establecer medidas compensatorias a las actividades más afectadas.
  • Cabe tener en cuenta los efectos nocivos de los cierres en la salud física y mental de los ciudadanos.
  • El teletrabajo es una opción válida pero no siempre al alcance de todo el mundo. Sectores como la restauración y el comercio no prevén trabajar a distancia. Además, los autónomos y las pymes no han recibido ningún incentivo, como sí ha sucedido en otros países de nuestro entorno.
  • Las pymes y sobre todo los autónomos deben recibir compensaciones rápidas, directas y suficientes por los daños causados por las restricciones o los cierres.
  • La defensa económica de las pymes y los autónomos obliga también a que se tomen medidas inmediatas y generosas fiscales y financieras. Como suspensión de impuestos o tributos cuotas de autónomos o carencia de préstamos bancarios hasta el 31 de diciembre de este año.
  • «Más allá de las ayudas directas, de los avales y los préstamos, queremos reabrir nuestros negocios. Pedimos que las autoridades sanitarias apliquen medidas para proteger la salud pública, con «seny» e inteligencia. Uso masivo de tests rápidos de antígenos para detectar el COVID-19.
  • Ampliación de la infraestructura sanitaria, recurriendo en primer lugar a la oferta privada.

Anna León
Anna León
De la radio al mundo digital. Casi dos décadas comprometida con el periodismo.

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