El Congreso aprueba la ley de eutanasia

Los 'populares' lo ven un "fracaso" del sistema sanitario y Vox considera que se está "quebrantando el derecho a la vida"

La exministra de Sanidad María Luisa Carcedo (i), junto a una movilización de la asociación Derecho a Morir Dignamente, tras la aprobación de la ley que regula la eutanasia Foto: Europa Press

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, con los únicos votos en contra de PP y Vox. El texto ha contado, así, con el apoyo del 56% de la Cámara (198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones) y ahora continuará con su tramitación en el Senado. La norma recoge que esta práctica se podrá llevar a cabo en el país a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable».

El solicitante deberá tener nacionalidad española, residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses; tener mayoría de edad y «ser capaz y consciente en el momento de la solicitud». Sobre el proceso, indica que, si el paciente está consciente, debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia si no puede escribir) en dos documentos separados por 15 días, haciendo patente que no es «resultado de ninguna presión externa».

Recoge la objeción de conciencia

Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación «podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia«, un reparo que «deberá manifestarse anticipadamente y por escrito».

Antes de la votación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha dirigido al Congreso, para agradecer la aprobación de una norma que, a su juicio, es un avance hacia «una sociedad más humana y más justa». Para Illa, esta medida demuestra que España es «una democracia moderna» y «lo suficientemente madura» como para afrontar esta cuestión. Además, ha agradecido la labor en estos años de las organizaciones de la sociedad civil luchando por esta regulación, a quienes han aportado enmiendas a la norma y, especialmente al PSOE, grupo proponente de la ley, y a la impulsora de la misma, la exministra de Sanidad socialista María Luis Carcedo «por la convicción con la que la ha defendido».

Críticas de PP y VOX

PP y Vox se han mostrado muy críticos en sus discursos. El representante de los ‘populares’, Ignacio Echániz, ha acusado al PSOE de aprobar esta norma «al final del último día, del último Pleno ordinario» y a través del procedimiento de proposición de ley, «sin informes técnicos ni jurídicos», «sin audiencia pública», «sin estudios demoscópicos recientes» o «sin permitir las comparecencias de expertos» entre otros, porque es «injusta, inoportuna e inconstitucional«. A su juicio, el Gobierno ha aprobado esta ley «frívola» de forma «atropellada y chapucera» en lugar de optar por la «alternativa» de los cuidados paliativos que, según ha señalado, es «encaja en el sentir mayoritario de los españoles» y en la que coinciden organismos y asociaciones internacionales, judiciales y del ámbito sanitario. Echániz ha lamentado esta «derrota» y «fracaso» del «sistema sanitario» y de la «sociedad».

Por su parte, la diputada de Vox Lourdes Monasterio, ha lamentado que esta después de esta «traición despiadada, inhumana e ilegítima», los partidos a favor lo celebren «al tiempo que firman sentencias de muerte a los más débiles». A su juicio, se esta «quebrantando el derecho a la vida» con esta norma y cree que el Estado prefiere esta decisión porque es «más fácil, más cómodo y económico». En este sentido, ha acusado a quienes han subido a la tribuna del Congreso a «hacer teatro de manera hipócrita y necia, usando la libertad y la compasión para legalizar el horror vivido en las residencias» y «ahorrarse el ingreso» en las mismas «de las personas mayores». «Recurriremos esta barbarie al Tribunal Constitucional», ha advertido.

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