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Proceso insurreccional y desgobierno en Cataluña (II)

Manifestación independentista en el centro de Barcelona en la Diada. 11 de septiembre de 2012 Foto: Europa Press

Acababa la primera parte de este artículo la semana pasada, analizando el primer ensayo de consulta organizado por el presidente Mas el 9 de noviembre de 2014 (9-N), desafiando abiertamente la prohibición expresa del Tribunal Constitucional (TC) de llevarlo a cabo. No cabe duda de que el éxito de la manifestación del 11-S con el lema «Cataluña, un nuevo estado europeo» pesó en la decisión del presidente Mas de aprobar la Ley de consultas refrendarias el 26 de septiembre y convocar la consulta un día después, con la evidente intención de ocupar el podio del director del cada vez más populoso orfeón independentista. Aunque no cabe despreciar tampoco el peso que con toda probabilidad tuvo en la decisión de Mas la cada vez más complicada situación en que se encontraba su partido, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en 2013 y 2014.

El 14 de marzo de 2013, el Instituto de Estudios Económicos presentó en el Circle d’Economia el libro titulado «La cuestión catalana, hoy», un compendio de artículos donde algunos académicos examinábamos desde diversos ángulos el contencioso entre la Generalidad y el Estado. Costas, entonces presidente del Circle presidió el acto, y presentamos la obra, Feito, director del Instituto, y yo, en calidad de autor de tres artículos. En la primera fila, se encontraba el expresidente Pujol, junto al que me senté durante el posterior almuerzo. Terminada la exposición y ya en el turno de preguntas, Pujol pidió el micrófono y comenzó un interminable monólogo dando cuenta de los múltiples agravios infligidos a Cataluña, para acabar advirtiendo que el tiempo para los pactos se había agotado y Cataluña no iba a conformarse ya con nada que no fuera la plena soberanía. Aunque solicité la palabra para responderle, Costas dio por finalizado el acto y mientras íbamos hacia el salón del almuerzo Pujol me dijo: «así, que usted es el Clemente Polo», «Pues, sí», le contesté yo, y seguimos charlando cordialmente.

Así estaban ya las cosas, más de un año antes de que Pujol reconociera tener una fortuna en paraísos fiscales y de que se celebrara la consulta el 9-N. Quienes escuchamos la intervención del expresidente aquella mañana en el salón de la calle Provenza salimos de allí con la certeza de que CDC había tomado ya la decisión de romper todos los puentes y lanzarse a la aventura de la república. Las investigaciones judiciales seguían avanzando y CDC se sentía cada vez más asediada por los tribunales. El 23 de julio de 2014, los Mozos de Escuadra irrumpieron, por mandato de un juez, en el Palau de la Música Catalana y salieron de allí con un cargamento de cajas de documentación que iban a permitir conocer cómo CDC había empleado el patrocinio a la institución musical para encubrir las comisiones pagadas a CDC por empresas adjudicatarias de obras de la Generalidad. Y tres días después, el 26 de julio de 2014, el expresidente Pujol, fundador y patriarca del partido, conmocionaba a la opinión pública al hacer pública una nota en la que reconocía haber ocultado a Hacienda su millonaria fortuna durante más de tres décadas, una autoinculpación que añadía más leña a las causas ya abiertas por varios jueces contra casi todos los miembros de su numerosa familia. Sólo la independencia -debieron pensar- podrá salvarnos ya de dar cuentas.

El otro legado de Pujol

En mi artículo anterior, me referí al funesto legado político de Pujol asumido con incluso más entusiasmo por los dos gobiernos tripartitos presididos por Maragall y Montilla que por la propia CiU. Toca ahora ocuparnos del otro legado de Pujol: la financiación ilegal de CDC. El primero en desvelarla en público fue el presidente Maragall durante el debate sobre acción política y de gobierno celebrado los días 24 y 25 de febrero de 2005, a resultas del derrumbamiento de viviendas en el barrio de El Carmel mientras se construía la Línea 9 del metro, una obra planeada e iniciada durante el último gobierno de CiU. En un momento del debate, Maragall, al que Mas había acusado de eludir su responsabilidad por el derrumbe, le espetó «ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3 por ciento» (Diario de Sesiones, 24 de febrero de 2005, p. 29), una clara alusión a la práctica de CDC de cobrar comisiones del 3% a los proveedores de las Administraciones de la Generalidad, incluidos las empresas adjudicatarias de la construcción de la Línea 9.

«El 26 de julio de 2014, el expresidente Pujol, fundador y patriarca del partido, conmocionaba a la opinión pública al hacer pública una nota en la que reconocía haber ocultado a Hacienda su millonaria fortuna durante más de tres décadas»

La acusación quedó en nada porque Maragall accedió a retirar sus palabras después de que Mas le recordara en tono amenazador que «entre ustedes y nosotros en los próximos meses hemos de hacer cosas muy importantes al servicio de este país, no lo olvide». En su réplica, Maragall dejó claro que accedía precisamente a retirarlas para que «usted y su Grupo estén en condiciones de cumplir efectivamente con la parte de su obligación en los meses que vendrán en los que se jugará el Estatuto de Cataluña, la Constitución española y, en buena medida, nuestro futuro». Queda meridianamente claro de las palabras de Maragall que el Estatuto que estaba impulsando el el PSC pretendía ampliar las competencias de la Generalidad en aspectos que entraban en conflicto con la Constitución Española. Tras agradecerle el gesto, Mas le conminó a que si realmente tienen alguna sospecha «hagan el favor de hacer aquello que han de hacer: ir a los tribunales, presentar las demandas que hagan falta». No hace falta decir que Maragall y el PSC se abstuvieron de acudir a los tribunales, por el bien del ‘país’, naturalmente.

Fue exactamente el 23 de julio de 2014 (un mes más tarde de que el fiscal lo solicitara) cuando los Mozos de Escuadra irrumpieron por orden judicial, en el Palau de la Música Catalana para realizar un registro y salieron del histórico edificio horas después con un cargamento de cajas de documentación requisada. Incomprensiblemente, Millet y Montull, los principales responsables del Consorcio del Palau y de la Fundación Orfeó Catalá-Palau de la Música, quedaron en libertad durante meses y con las manos libres para librarse de cualquier documento comprometedor. Así comenzó un tortuoso proceso de instrucción de un caso que, pese a los cambios del juez instructor y las dificultades con que se encontraron para investigar los hechos, acabaría poniendo al descubierto, tanto las gravísimas e incomprensibles irregularidades cometidas por los gestores del Palau, conocidas e ignoradas por los servicios de inspección del gobierno de la Generalidad, como el papel de intermediarios que Millet y Montull (y la hija de éste último) habían jugado para hacer llegar a CDC las comisiones abonadas por los proveedores de la Generalidad.

En efecto, algunas empresas que patrocinaban al Palau de la Música habían recibido adjudicaciones de obras del gobierno de la Generalidad, y los gestores del Palau hacían llegar el importe de la comisión a la fundación Trías Fargas de CDC, camuflado como pago por supuestos servicios prestados al Palau por la fundación de CDC. Además de los principales gestores del Palau, Millet y Montull, el juez imputó también a Osàcar, secretario personal de Mas (2000-2005) y tesorero tanto de CDC como de la Fundación Trías Fargas (2005-2010), rebautizada CatDem tras destaparse el escándalo. Mas nunca fue imputado, cierto, aunque ustedes seguramente se preguntarán, como me preguntaba yo en 2011, cómo había logrado escapar quien había sido consejero de Política Territorial y Obras Públicas (1995-1997), consejero de Economía (1998-2000), y primer consejero (2001-2003), esto es, cómo podido librarse la persona que había ocupado esos cargos «en los años claves en que se hicieron las adjudicaciones de las obras de remodelación y ampliación del Palau, la línea 9 del metro, la Ciudad de la Justicia y el plan de regadío y explotación Segarra-Garrigues, entre otras, y no se enterara de las comisiones que presuntamente cobraba su tesorero y se empleaban para financiar los actos y las campañas electorales de su partido».

La corrupción que destapó la investigación judicial del caso Palau era tan sólo la punta del iceberg de unas prácticas mafiosas que CDC había venido empleando para financiarse ilegalmente durante décadas. Para empezar, la investigación del caso Palau se circunscribió a una parte del dinero aportado por Ferrovial (5,9 de 12 millones) y a un período de aproximadamente una década, por haber prescrito ya los posibles delitos cometidos con anterioridad. Además, los principales imputados, Millet y Montull, se acogieron a su derecho a mantener silencio, para no explicar lo ocurrido con los 35,6 millones que se habían esfumado del Palau. Por último, CDC sólo empleaba intermediarios y protocolos ‘sofisticados’ para ocultar comisiones cuando se trataba de empresas nacionales que, como Ferrovial, así lo exigían por razones fiscales. En el caso de adjudicaciones de obras y concesiones de servicios a empresas del ‘país’ se podían utilizar otros mecanismos más burdos: asumir como gastos propios facturas de proveedores de CDC; realizar entregas de dinero en metálico; adjudicar publicidad institucional del gobierno de la Generalidad a las agencias que hacían las campañas electorales de CDC a precio de saldo.

«La corrupción que destapó la investigación judicial del caso Palau era tan sólo la punta del iceberg de unas prácticas mafiosas que CDC había venido empleando para financiarse ilegalmente durante décadas»

Al descrédito ocasionado por las prácticas mafiosas de CDC, se sumó en julio de 2014 la conmoción que produjo el reconocimiento público realizado por Pujol, patriarca de la formación, de haber ocultado a Hacienda su millonaria fortuna durante décadas, una autoinculpación que venía a añadir más leña a las investigaciones que varios jueces estaban realizando sobre las oscuras finanzas de varios miembros de su familia, incluido Oriol, secretario general de CDC. La conmoción que produjo saber que el padre de la patria y demócrata intachable había engañado a su hermana, a sus colaboradores, a sus votantes y al fisco durante décadas, llevó a muchos de quienes hasta entonces lo habían respetado o temido a rasgarse las vestiduras, o cuando menos a poner una prudencial distancia de por medio. El mito Pujol se había desplomado con el mismo estrépito que su estatua había sido derribada en Premià de Dalt, su pueblo natal.

Del 9-N al 27-S: transición y descomposición

Tras el receso navideño después de la consulta, Mas y Junqueras se reunieron el 14 de enero de 2015, con Forcadell, Casals y Vila d’Abidal, presidentes de la ANC, Ómnium y AMI, respectivamente, y acordaron celebrar elecciones autonómicas anticipadas el 27 de septiembre (27-S), a fin de iniciar una legislatura constituyente que haría de Cataluña una república independiente en 18 meses. En otra reunión celebrada el 30 de marzo, Mas, Junqueras, Forcadell y Casals acuerdan la siguiente hoja de ruta: atribuyen a las elecciones autonómicas del 27-S carácter de elecciones plebiscitarias, paso previo para el inicio de una legislatura constituyente que culminaría con la constitución de la república catalana en un plazo de 18 meses. No obstante, se mantiene la incertidumbre sobre si CDC y ERC concurrirán en una lista unitaria, como pretende Mas, ante un Junqueras receloso de verse contaminado por los escándalos de corrupción de CDC.

El 17 de junio, se produce uno de los hechos más trascendentes de la X legislatura: se rompe CiU, la coalición creada en 1978 entre CDC y Unió Democrática de Cataluña (UDC) que había estado al frente del gobierno de la Generalidad desde 1980 hasta 1993 y de nuevo entre 2010 y junio de 2015. Tras una votación ajustada sobre si la federación debía seguir o no adelante con la hoja de ruta impuesta por Mas, Unió abandonó la coalición y sus consejeros abandonaron el gobierno de Mas. Éste, ya con las manos libres, aumentó la presión sobre Junqueras, firme partidario de acordar un programa común para las elecciones del 27-S, pero reacio a concurrir en una lista única junto a los convergentes. En una jugada maestra, Mas arrinconó a Junqueras contra la pared al anunciar el 20 de junio su disposición a que la lista unitaria estuviera encabezada por representantes de la sociedad ‘civil’ en lugar de políticos.

A Junqueras le quedaban poco margen de maniobra para escapar de la tupida red que Mas le había ido tendiendo, porque rechazar la lista unitaria que Mas le proponía habría permitido a su adversario retratarlo como el principal responsable de acudir desunidos a una cita considerada ‘histórica’. Finalmente, el 13 de julio, Junqueras acabó cediendo a las presiones de Mas y se tragó la lista única con todas las sombras de corrupción que envolvían a CDC. Mas, convertido ya en protagonista indiscutible del viaje a Ítaca, anunció que la lista de la coalición Junts pel Sí (JxS) la encabezarían Romeva (militante de Iniciativa Cataluña Verdes hasta marzo 2015), Forcadell (presidenta de la ANC hasta mayo de 2015) y Casals (presidenta de Ómnium hasta el 16 de julio de 2015) con Mas (CDC) en cuarta posición y Junqueras (ERC) en quinta. La CUP-Crida Constituyente que había participado en las negociaciones y era partidaria de una lista única sin políticos, se mantuvo firme en su rechazo, y acabó descolgándose del acuerdo.

Tras otra Diada gloriosa organizada por la ANC, Ómnium y la AMI, bajo el lema “Vía libre” y con una imagen que unía simbólicamente con una flecha las dos fechas, 11S y 27S. Tras la manifestación, Sánchez y Torra, los nuevos presidentes de la ANC y Ómnium, respectivamente, se reunieron con el presidente Mas y con la vista ya puesta en el 27-S reclamaron «coraje» a los políticos independentistas para «que estén a la altura» si una mayoría de catalanes apuesta por un estado catalán el 27-S. Iceta, secretario general del PSC, aprovechó el éxito de la manifestación para indicar que «mantener el estatus quo no es una opción viable» y culpó de la deriva independentista a quienes se niegan aceptar la necesidad de alcanzar «un mejor encaje de Cataluña en España». El presidente Mas, empleando un tono decididamente populista, se situó ya abiertamente por encima de la ley al acusar al gobierno de España de «amenazar con las leyes como si fuéramos delincuentes». No iba del todo desencaminado el sagaz Mas porque algunos políticos catalanes ya habían delinquido y otros iban a hacerlo pronto.

«Finalmente, el 13 de julio, Junqueras acabó cediendo a las presiones de Mas y se tragó la lista única con todas las sombras de corrupción que envolvían a CDC»

Por fin, llegó el esperado 27-S y se celebraron las elecciones autonómicas, supuestamente ‘plebiscitarias’. La coalición JxS obtuvo 39,54% de los votos y 62 diputados, y quedó a 6 escaños de alcanzar la mayoría absoluta (68) y, por tanto, a expensas de la CUP-Crida Constituyente, la formación antisistema que logró al calor de la creciente radicalización 8,89% del voto y 10 diputados, 7 más de los conseguidos en la anterior legislatura. Todo un chasco, pero al mal tiempo buena cara. Aunque JxS no había logrado la mayoría absoluta en el Parlamento y la suma de votos de JxS y CUP, 48,43%, no alcanzaba siquiera el ansiado 50% del voto emitido, los líderes de JxS consideraron que el ‘pueblo’ de Cataluña les había otorgado un mandato para seguir adelante con su plan de convertir la XI legislatura en constituyente y alcanzar la república independiente en el plazo acordado de 18 meses. Junqueras afirmó sin pestañear que «a ojos de la sociedad catalana y del mundo», el independentismo «está legitimado para iniciar el proceso». ¡Que Santa Lucía le conserve el buen ojo!

El plan, no obstante, parecía ir sobre ruedas. El 15 de octubre, Más acudía a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña arropado por todos los líderes del 27-S y los alcaldes convocados por la AMI, y Forcadell, número 2 de la lista de JxS, era elegida presidenta del Parlamento de Cataluña el 26 de octubre. En su discurso de aceptación, Forcadell daba unas cuantas pistas sobre lo que estaba por llegar en los meses siguientes: «con esta undécima legislatura del Parlamento moderno cerramos la etapa autonómica y abrimos un nuevo escenario hacia el mañana. Somos conscientes que protagonizamos un momento fundacional. Ahora y aquí creamos un antes y un después. Desde ahora mismo constituimos un parlamento soberano, que quiere representar a un pueblo libre, de un parlamento regional de competencias limitadas, recortadas y recurridas en un parlamento nacional con plenas atribuciones». Y acababa su discurso con tres vivas: «¡Viva la democracia, viva el pueblo soberano, viva la república catalana!».

Dejando al margen la libertad de referirse al ‘parlamento moderno’, dando a entender que hubo un ‘parlamento antiguo’ en algún otro momento de la (mítica) historia de Cataluña tan cara a los independentistas, el mensaje de Forcadell fue meridianamente claro: ni la Constitución Española ni el Estatuto ni el resto del ordenamiento jurídico estaban por encima de la voluntad soberana del Parlamento de Cataluña, y su compromiso irrenunciable como presidenta de la institución era constituir la república catalana.

La caída del delfín… y el fin de CDC

La expresión más palpable de la creciente descomposición política de Cataluña se produjo cuando, apenas unos días después de la elección de Forcadell, se consumó la hasta unas cuantas semanas antes inimaginable caída del presidente Mas, el delfín elegido por Pujol para sucederle al frente de CDC y el gobierno de Cataluña. Había llegado el momento de investir a Mas quien, aparentando sacrificarse en pro de la unidad de todas las fuerzas independentistas, había accedido a ocupar humildemente la cuarta posición en la lista de JxS, por detrás de Romeva, Forcadell y Casals, en el bien entendido (por parte de Junqueras y el resto de la troupe) de que él y nadie más que él sería el candidato a presidente del gobierno de la Generalidad pasado el trámite electoral. Mas estaba convencido de que con su habilidosa maniobra de ocupar la cuarta posición en una lista unitaria había logrado sacar fuera de la campaña electoral a CDC, desacreditada políticamente e investigada por los tribunales, y despejado su futuro político, asegurándose la presidencia del próximo gobierno de la Generalidad.

Pero el plan acordado con ERC y las organizaciones independentistas encontró un escollo inesperado al negarse los 10 parlamentarios de la CUP por dos veces a investirlo presidente, primero, al no obtener la mayoría absoluta (68 votos favorables) el 10 de noviembre, y, por segunda vez, el 12 de noviembre, al no alcanzar ni siquiera la mayoría simple (64 votos favorables frente a los 63 del resto de grupos), sin que ninguna de las ofertas que Mas hizo entretanto a la formación anticapitalista doblegara las voluntades de los diputados ‘cuperos’. Finalmente, el Consejo Político de la CUP-Crida Constituyente ratificó el 3 de enero su negativa a investir a Mas que se quedó con cara de bobo. Resulta un tanto paradójico que fueran las ‘arranitas’ y los ‘cuperos’ quienes le asestaron a Mas el golpe de gracia y se atrevieron a demoler la masía carcomida de CDC, algo que no se habían atrevido a hacer ni el presidente Maragall ni el candidato Junqueras.

«Pero el plan acordado con ERC y las organizaciones independentistas encontró un escollo inesperado al negarse los 10 parlamentarios de la CUP por dos veces a investirlo presidente«

CDC, que se había resistido como gato panza arriba a aceptar la exigencia de la CUP de cambiar al candidato durante semanas, se encontró obligado a hacerlo en pocas horas para mantener al menos a uno de los suyos al frente del gobierno de la Generalidad, y a Mas sólo le quedó, a modo de premio de consolación, el dudoso privilegio de elegir a un hombre de su confianza para sucederle en el cargo. Así fue como Puigdemont, alcalde de Gerona y presidente de la AMI, llegó a ser investido in extremis presidente el domingo 10 de enero de 2016 con los votos favorables de la CUP. Junqueras fue nombrado vicepresidente y consejero de Economía del nuevo gobierno que había de pilotar la travesía hacia la independencia, bajo la vigilante mirada de los diputados de la CUP ejerciendo su papel de guardianes de las esencias nacionales más rancias y violentas.

En pocas horas, Mas se veía obligado a abandonar la primera línea política y su partido iniciaba una peligrosa singladura hacia la descomposición. La estrategia cuidadosamente diseñada por Mas para retener el poder, accediendo a plantear las elecciones del 27-S como ‘plebiscitarias’ e imponiendo a Junqueras concurrir a ellas con una lista única había resultado un completo fiasco. para él, desde luego, pero también para su partido. Para empezar, Mas, al aceptar la ‘hoja de ruta’, había roto la exitosa coalición que había mantenido CDC con UDC desde 1978 y provocado la salida de los consejeros de Unión del último gobierno de Mas. Y si bien es cierto que UDC recibió un golpe mortal el 27-S al quedar dividida y sin representación parlamentaria, CDC salió también muy debilitada y quedó a expensas de sus socios de coalición: ERC y las crecidas ANC y Ómnium, competidores más que socios fiables, y, sobre todo, de los aguerridos ‘cuperos’.

El gran error de cálculo de Mas, al romper su coalición con UDC y aceptar diluir su partido para ponerse al frente del proceso independentista -genuinamente representado por ERC y la CUP-Crida en el Parlamento y por las organizaciones independentistas, ANC y Ómnium en la calle-, fue tan colosal que pocos meses después CDC, la casa grande del catalanismo soberanista desde 1980, pasaba a la historia con más pena que gloria, rebautizada en un agitado congreso fundacional celebrado en julio de 2016 como Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PDeCAT, con la ‘e’, eso sí, muy pequeña). Ni en el nombre del partido se ponían de acuerdo los huerfanitos de Pujol que buscaban apresuradamente nuevos referentes ideológicos «en la mentalidad de Prat de La Riba y el espíritu liberador de Macià». Nadie se sorprenderá que el PDeCAT, falto de liderazgo y perdidas las referencias políticas que lo habían hecho imbatible durante décadas, se haya diluido rápidamente víctima de divisiones internas y pueda incluso desaparecer en breve.

Responsabilidad compartida

El intento fallido de Mas de situarse al frente del movimiento independentista a partir de 2012 recuerda los intentos, asimismo fallidos, de Maragall y Montilla de desbordar a CDC y ERC y ponerse al frente del movimiento soberanista entre 2003 y 2010. El gran error de Maragall fue sacar de la marginalidad y otorgar visibilidad a ERC, sumándola a su gobierno, al mismo tiempo que hacía la vista gorda sobre la corrupción de CDC e impulsaba con los convergentes el anticonstitucional Proyecto de Reforma del Estatuto de Cataluña aprobado en septiembre de 2005, algo que ni Pujol ni Mas se habían atrevido siquiera a plantear mientras CDC estuvo al frente del gobierno de la Generalidad. Por otra parte, la confrontación institucional con el gobierno de España subió también unos cuantos decibelios cuando el gobierno de Maragall se negó a implementar los Decretos de Enseñanzas Mínimas aprobados por el gobierno de Rodríguez Zapatero y se comenzaron a multar a los establecimientos que no rotulaban en catalán.

Montilla, rehén también de ERC, mantuvo una tensa confrontación con los gobiernos de Rodríguez Zapatero tanto en el ámbito lingüístico, a cuenta de la inmersión lingüística, como en el ámbito fiscal, a cuenta de las exigencias entablar una negociación bilateral para mejorar la financiación de Cataluña. Pero su gran error fue convocar a los catalanes a salir a la calle contra el TC, encabezando con Pujol y Carod-Rovira la primera manifestación organizada por el gobierno de la Generalidad contra las instituciones del Estado. Montilla, por cierto, se vio obligado a abandonar la cabecera acosado e insultado por algunos de los indignados manifestantes a los que el propio e indignado President había convocado, escapó por piernas y tuvo que refugiarse en la sede de la Consejería de Justicia -¡qué paradoja!- hasta que fue liberado por los Mozos de Escuadra. Todo un anticipo de las situaciones violentas vividas en Cataluña en los últimos años.

La responsabilidad por la pérdida de peso de Cataluña en España y por la fractura social creada en la sociedad catalana no hay que achacarla ni a los Borbones ni a Franco, sino a las decisiones adoptadas por los líderes de CiU (1980-2003 y 2010-2015), PSC y ERC (2003-2010) desde los gobiernos de la Generalidad con una doble finalidad: alimentar los sentimientos soberanistas e independentistas en una parte (nunca hasta ahora mayoritaria) de los ciudadanos catalanes y mantener una tensa confrontación con las instituciones del Estado democrático aprobado por los catalanes en 1978. La suma de los errores históricos cometidos durante los gobiernos de Maragall, Montilla y Mas entre 2003 y 2015 están detrás del proceso ya abiertamente insurreccional que, alimentado y financiado desde el gobierno de la Generalidad al alimón por el delfín ahora prófugo (Puigdemont) del delfín caído (Mas), y el nuevo ‘mártir’ republicano ahora encarcelado (Junqueras), acentuó la descomposición política, el desgobierno y la pérdida de vigor económico en que está inmersa Cataluña desde finales del siglo XX.

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