Empecé este año publicando en este diario un artículo titulado ‘Ni los Borbones ni Franco’ en el que sostenía que desde 1714 hasta 1975, dejando al margen los turbulentos años de la II República y la trágica Guerra Civil, Cataluña vivió su período de mayor progreso económico y social de su historia. Ese proceso tuvo un colofón feliz cuando se aprobó la Constitución en 1978 y se inauguró un período de libertad, concordia y progreso económico sin igual en la historia de España.
Desafortunadamente, en última década del siglo XX y, sobre todo, en las dos primeras décadas del siglo XXI, Cataluña se ha adentrado en un proceso de radicalización, primero, y abierta insurrección en los últimos años que, más allá del elevado coste económico que ha supuesto para las arcas públicas financiarlo, en el caso del gobierno de la Generalidad, y hacerle frente en el caso del gobierno de España, ha producido una notable inestabilidad política y una grave fractura social, que están afectando a la actividad económica en Cataluña, desde luego, pero también en el conjunto de España, así como a la convivencia cordial entre catalanes, y entre catalanes y el resto de españoles.
A punto ya de concluir este funesto 2020, me ha parecido oportuno presentar una sinopsis del proceso insurreccional y la descomposición política y social en que está inmersa Cataluña, y que, nadie se llame a engaño, está muy lejos de haber concluido ya. Comprendo que estamos en fechas navideñas con el COVID-19 rondando nuestras cabezas y nuestras preocupaciones inmediatas son otras, pero quizá encuentren los lectores un hueco para dedicar unos minutos a pensar si el proyecto de vida en común y la estabilidad presupuestaria de un país, España, pueden estar en manos de políticos como Iglesias, Rufián y Otegui. A ver, si lo encuentran.
Reafirmación del soberanismo
La sociedad catalana atraviesa uno de los momentos más difíciles de los dos últimos siglos. La pérdida de músculo económico de la región se inició cuando Cataluña dejó de ser la ‘fábrica de España’ en el último cuarto del siglo XX, coincidiendo con las primeras crisis del petróleo a nivel mundial y el inicio de la Transición en España, y se aceleró, cuando una vez culminada la ilusionante entrada del Reino de España en la CEE con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, el gobierno autonómico de Cataluña, dirigido con mano firme por Pujol desde 1980, considero que había llegado el momento de elevar sus exigencias soberanistas y convertir la Generalidad en una suerte de mini estado europeo con una administración sobredimensionada y cara.
Al principio, la operación ‘independencia’ se puso en marcha de manera soterrada y sibilina, sin estridencias, asumiendo los Mozos de Escuadra mayores competencias en materia de seguridad, y haciendo el gobierno de la Generalidad uso de sus competencias en materia de educación para excluir, por la vía de los hechos consumados, el castellano, la lengua materna de la mayoría de los catalanes, como lengua vehicular en el sistema educativo y en los medios de comunicación públicos o subvencionados por el gobierno de la Generalidad. El mensaje soberanista del pujolismo caló también entre los dirigentes del PSC, y un ejemplo paradigmático de ello es la virulenta respuesta que provocó el tímido intento de Cabrera, ministra de Educación en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, de sumar una tercera hora de Lengua y Literatura castellanas en los ciclos de educación primaria en Cataluña. Se ignoró la voluntad del gobierno central y las sentencias de los tribunales y nunca se puso en práctica.
«Al principio, la operación ‘independencia’ se puso en marcha de manera soterrada y sibilina, sin estridencias»
Pero fue en el ámbito estrictamente político donde el legado de Pujol dejó su mayor impronta y resultó más dañino al asumir los dirigentes del PSC, recambio natural de CiU al frente del gobierno de la Generalidad, las tesis nacionalistas, incluso por parte de aquellos que habían ocupado altos cargos en el gobierno de España, como Montilla e Iceta. Buena prueba de ello es que nada más llegar de la mano de ERC e ICV-EUIA al gobierno de la Generalidad en 2003, el PSC situó como objetivo central de la legislatura reformar el Estatuto de Cataluña, una iniciativa que nadie demandaba en esos momentos y que ni siquiera Pujol se había atrevido a plantear. La Ley Orgánica finalmente aprobada el 30 de septiembre de 2005, con apoyo entusiasta de CiU, entonces en la oposición, era un texto tan abiertamente inconstitucional que tuvo que ser enmendado dos veces: primero, durante su tramitación en el Congreso en 2006 tras un pacto innoble entre Rodríguez Zapatero y Mas cerrado en La Moncloa, a espaldas del PSC, y, posteriormente, en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en julio de 2010.
¿Acaso cabía esperar otra respuesta? El texto enviado al Congreso otorgaba a la Generalidad competencias exclusivas en casi todos los ámbitos de actuación, incluidos el sistema judicial y la hacienda pública. Podría decirse, echando mano de un término muy empleado por Mas, Puigdemont y Junqueras en los últimos años, que el Proyecto de Reforma del Estatuto desconectaba Cataluña del Reino de España. Pues bien, nada más conocerse la sentencia del TC sobre el Estatuto, que anulaba unos pocos artículos y reinterpretaba algunos más, el presidente Montilla (PSC) que había sustituido a Maragall al frente del gobierno de la Generalidad, compareció en la sede del gobierno envuelto en la bandera catalana y con la estatua de San Jorge detrás, para expresar, como digno sucesor de Pujol, su indignación con la sentencia, y convocar a los catalanes a participar en una manifestación unitaria contra una de las instituciones centrales del Estado, el TC, del que dijo «está lamentablemente desacreditado y moralmente deslegitimado».
Increíble pero cierto: Montilla, ministro unos años antes y ahora presidente de una Comunidad Autónoma de España, negaba al TC capacidad para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una Ley Orgánica aprobada en el Parlamento de Cataluña, algo tan disparatado como si el presidente del TC negara al gobierno de la Generalidad capacidad para presentar proyectos de ley en el Parlamento de Cataluña aduciendo el descrédito y la deslegitimación moral del mismo. Pudimos comprobar ya entonces que el soberanismo catalanista rechazaba tres principios esenciales en cualquier democracia representativa: imperio de la ley, división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y distribución de competencias entre Administraciones. El asunto era de una gravedad máxima por tratarse de la primera vez que un poder Ejecutivo y un Parlamento de una Comunidad pretendían situar su legalidad por encima de la de cualquier otra institución del Estado. Desgraciadamente, era la primera de una serie interminable.
«Pudimos comprobar ya entonces que el soberanismo catalanista rechazaba tres principios esenciales en cualquier democracia representativa: imperio de la ley, división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y distribución de competencias entre Administraciones.»
A partir de ese momento, la tea incendiaria se extendió por todos los rincones de Cataluña ante la pasividad del gobierno del Estado, más preocupado por contener los efectos de la Gran recesión económica y la crisis financiera (2009-2013) que habían desplomado la recaudación y disparado los gastos y la deuda del Estado, que por frenar las pulsiones secesionistas que iban tomando cuerpo en Cataluña con el beneplácito, cuando no con el apoyo expreso del gobierno de la Generalidad, el Parlamento de Cataluña y los Ayuntamientos. En la última década, estas tres instituciones, ignorando la neutralidad exigible a quienes deberían representar a todos los catalanes, se han adentrado de la mano de partidos y organizaciones independentistas en un proceso ‘irreversible’, según dicen, hacia la república catalana, un objetivo que ni han logrado ni van a lograr consumar, pero cuyas consecuencias más visibles –desgobierno y descomposición política, enfrentamientos estériles con las instituciones del Estado, fractura social y estallidos recurrentes de violencia, declive económico y endeudamiento creciente- ponen en peligro la convivencia y el bienestar de los catalanes.
De las consultas al primer ensayo
Entre 2009 y 2010, siendo todavía presidente Montilla, se llevaron a cabo las primeras oleadas de consultas independentistas en los municipios de Cataluña que culminaron con la consulta de Barcelona celebrada el 11 de abril de 2011 en la que votaron, y alardearon de haberlo hecho, tanto Mas, ya por entonces presidente del gobierno de la Generalidad, como la mayoría de sus consejeros y el expresidente Pujol. La movilización del ‘pueblo’ catalán -los catalanes que no participaron en las consultas, cuatro de cada cinco aproximadamente, no éramos ni pueblo ni catalanes para los apóstoles de la independencia- contra las instituciones del Estado fue el caldo de cultivo que propició la radicalización de Ómnium durante la presidencia de Casals (2010-2015) y el nacimiento de dos nuevas organizaciones independentistas, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), cuyas labores de propaganda y movilización resultarían esenciales para cultivar y propagar el sentimiento independentista en los años siguientes.
En efecto, la ANC se constituyó el 11 de abril 2011 y Forcadell la presidió desde el 22 de abril de 2012 hasta mayo de 2015, cuando cedió el timón a (Jordi) Sánchez para concurrir como número 2 en las listas de Junts pel Sí (JxS) y acabar siendo elegida presidenta del Parlamento el 26 de octubre de 2015. La AMI fue creada también en 2011 y tras la presidencia de Vila d’Abadal, alcalde de Vic, fue Puigdemont, entonces alcalde de Gerona, quien tomó el relevo en julio de 2015, cargo que ostentó hasta que fue investido presidente del gobierno de la Generalidad el 10 de enero de 2016. Tras la exitosa celebración del 11 de septiembre de 2012, organizada por la ANC, Ómnium y la AMI con el lema ‘Cataluña, nuevo estado de Europa’, Mas se decidió a dar un paso adelante y convocó elecciones autonómicas que se celebraron el 22 de noviembre. Los resultados no le fueron propicios, y aunque Mas acabó siendo investido presidente el 24 de diciembre, quedó ya rehén de ERC y la CUP en el Parlamento y de las tres organizaciones independentistas, ANC, Ómnium y AMI, en la calle.
El 23 de enero de 2013, el Parlamento aprobó la Resolución 5/X «Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña», en la que se afirmaba que «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano», y animaba «a todos los ciudadanos y ciudadanas a ser protagonistas activos en el proceso democrático de ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña». Esta resolución, al igual que otras posteriores, fue declarada inconstitucional. Un mes después, el decreto 113/2013 de 12 de febrero creaba el Consejo Asesor para la Transición Nacional con el objetivo expreso de asesorar jurídica y políticamente al gobierno de la Generalidad «para llevar a término el proceso de transición nacional», en cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente Mas en la sesión de investidura, y en concreto a «la identificación e impulso de estructuras de estado y/o aspectos necesarios para llevar a término la consulta». Los informes elaborados por el CATN abarcan, además de los aspectos relacionados con la consulta, el proceso constituyente y la internacionalización del proceso, otros aspectos vitales para asegurar la viabilidad de la república catalana: el sistema judicial, la administración tributaria, la integración en la UE, el sistema de pensiones, la política monetaria y la supervisión financiera, etc.
«Tras la exitosa celebración del 11 de septiembre de 2012, organizada por la ANC, Ómnium y la AMI con el lema ‘Cataluña, nuevo estado de Europa’, Mas se decidió a dar un paso adelante y convocó elecciones autonómicas»
La hoja de ruta aprobada en la Asamblea general de la ANC el 13 de marzo de 2013 incluía la celebración de una consulta sobre la autodeterminación de Cataluña, y el 12 de diciembre de 2013 el presidente Mas mantenía una reunión, en la sede del gobierno de la Generalitat, con Junqueras y otros líderes parlamentarios (Herrera, Fernández, etc.) para acordar las preguntas de la consulta y fijar la fecha de su celebración. Pese a las objeciones de Junqueras, al final se impuso la propuesta de Mas de formular dos preguntas encadenadas: «¿Quiere que Cataluña sea un estado?» «Y si es así, ¿quiere que Cataluña sea independiente?», y acordaron celebrarla el 9 de noviembre de 2014. Pese a subrayar su insatisfacción con la pregunta, la asamblea general de la ANC celebrada en Tarragona el 14 de abril de 2014 reafirmó también «el apoyo a las preguntas y a la fecha hechas públicas por el Presidente de la Generalidad», porque «ponía las bases para un acuerdo permanente y estable entre la mayoría de fuerzas políticas», y se comprometió a «hacer todo lo posible para que el proceso de secesión sea lo más rápido posible».
Para dar cobertura a la consulta, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley X/2014 de 26 de septiembre, de consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciudadana, recurrida por el gobierno de España, y al día siguiente el gobierno catalán publicaba el Decreto 129/2014 convocando la consulta. Pese a la suspensión de la consulta y de todos los actos para su preparación ordenada por el TC, la consulta se celebró en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. El gobierno de la Generalidad permitió a ciudadanos no identificados ocupar centros educativos públicos y dependencias municipales para colocar las urnas y les proporcionó ordenadores personales, adquiridos por el gobierno de la Generalidad, para efectuar el recuento. Los Mozos se desplegaron por las ciudades y pueblos para garantizar el normal desarrollo de la jornada como si se tratara de una consulta legal.
El presidente Mas, desafiando abiertamente al TC, depositó su voto mostrando ostensiblemente su carnet de identidad y compareció exultante al término de la jornada para dar cuenta de los resultados de la consulta ante los medios de comunicación. La debilidad del Estado que iba siempre dos o tres pasos por detrás, incapaz de adoptar otras medidas más allá de recurrir las Leyes y los Decretos que el Parlamento y el gobierno de la Generalidad iban aprobando, parecía darles la razón a quienes creía que podían actuar con total impunidad, saltándose la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y veían vía libre el camino hacia la independencia, Años más tarde, el TS inhabilitaría a Mas, cuando ya era un cadáver político, y el Tribunal de Cuentas lo condenaría a devolver 5,0 millones de euros. Pero esas penas, además de ser livianas, llegaban muy tarde para sofocar el incendio provocado por una generación de políticos que rechazaban abiertamente los principios esenciales de la democracia representativa -imperio de la ley, división de poderes y distribución de competencias-, y se mostraban dispuestos a emplear todos los resortes en manos del gobierno y el Parlamento de Cataluña para llevar al límite su confrontación con el Estado.
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