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Proceso insurreccional y desgobierno en Cataluña (IV)

Puigdemont ultima una declaración sobre la independencia Foto: Europa Press

Acababa la tercera entrega de este artículo publicada en este diario el 26 de diciembre con algunas reflexiones en torno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, invocado por el gobierno de España para poner fin al intento de golpe de Estado perpetrado por el gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017 (27-O) y restablecer el orden constitucional. Sostenía, en concreto, que si bien la rápida intervención del gobierno de España, previa aprobación del Senado, permitió destituir al gobierno rebelde, presidido por Puigdemont y vice presidido por Junqueras, y también disolver el Parlamento de Cataluña, presidido por Forcadell, el breve interludio que abrió en Cataluña hasta las elecciones celebradas 55 días después el 21 de diciembre (21-D), apenas lo aprovechó el gobierno de Rajoy para tomar las riendas del gobierno autonómico y esclarecer todas triquiñuelas legales y los mecanismos administrativos y financieros empleados por el gobierno de la Generalidad y el Parlamento durante el proceso insurreccional.

El resultado de las cautelas y prisas exigidas a Rajoy por el PSOE y Ciudadanos para prestar su apoyo a la aplicación del 155 resultó nefasto porque, pese a la victoria pírrica de Ciudadanos en las elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre, todas las instituciones autonómicas volvieron en pocos meses a estar bajo el control de los partidos políticos que habían protagonizado el golpe de estado durante la legislatura constituyente. A la encarcelada expresidenta Forcadell la sustituyó Torrent (ERC) al frente del Parlamento de Cataluña el 18 de enero de 2018, el hombre que había designado el exvicepresidente Junqueras encarcelado preventivamente. Al fugado Puigdemont lo reemplazó Torra en la presidencia del gobierno de la Generalidad el 14 de mayo de 2018, el hombre que el propio Puigdemont había designado, y cuyo primer acto como presidente fue acudir a Waterloo para rendirle pleitesía al fugado. Y Torra nombró inmediatamente vicepresidente y consejero de Economía a Aragonés (ERC), el hombre elegido en este caso por el encarcelado Junqueras para sustituirle. Puede decirse que siete meses después del golpe, las piezas del desbaratado puzle volvían a estar cada una en su sitio y los partidos independentistas a tener en sus manos control completo de todos los recursos legales, humanos y financieros de la Generalidad.

Lo que no se hizo

Muy poco, por no decir nada, se hizo durante los meses en que estuvo vigente el artículo 155 para desactivar los mecanismos que habían posibilitado la quiebra del orden constitucional que Sáenz de Santamaría había denunciado en la requisitoria enviada al presidente Puigdemont el 11 de octubre, tras la primera declaración de independencia realizada el día anterior en el Parlamento de Cataluña. Permítanme recordar la situación a que habíamos llegado con las palabras de la propia vicepresidenta: “rota la neutralidad exigible a cualquier poder público, eliminada la separación de poderes por el incumplimiento sistemático de las Sentencias judiciales. Quebrados los derechos de los ciudadanos por la utilización de sus datos personales al margen de cualquier garantía, el resultado de la pretendida culminación del proceso secesionista es la creación de un grave riesgo para la convivencia democrática, del funcionamiento de las instituciones y del orden constitucional”.

Ante un problema tan serio, sólo tras una investigación a fondo que desvelara el papel que habían desempeñado las instituciones autonómicas en coordinación con las tres organizaciones independentistas, Asamblea Nacional Catalana (ANC), Ómnium Cultural (Ómnium) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y los grupos denominados comités de defensa del referéndum o de la república (CDRs), y solamente tras haber aprobado en Las Cortes los cambios normativos necesarios para prevenir su repetición en el futuro se deberían haber convocado elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña e investido a un nuevo presidente del gobierno de la Generalidad. Y ello a pesar de que los golpistas encarcelados, fugados o libres no cesaban de manifestar una y otra vez que volverán a hacerlo.

«Muy poco, por no decir nada, se hizo durante los meses en que estuvo vigente el artículo 155 para desactivar los mecanismos que habían posibilitado la quiebra del orden constitucional«

En concreto, el gobierno debería haber identificado cuáles fueron los resquicios legales que hicieron posible la creación de ‘comisiones constituyentes’ en el Parlamento de Cataluña y la puesta en marcha de estructuras de estado por el gobierno de la Generalidad; así como la aprobación de las denominadas leyes de desconexión (Ley del referéndum de autodeterminación y Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república) el 6-8 de septiembre de 2017; y, en fin, la proclamación de la república catalana el 10 de octubre y de nuevo el 27 de octubre, desacatando abiertamente al Tribunal Constitucional. Y, por supuesto, tendría que haber realizado una investigación específica dirigida a esclarecer la actuación del gobierno de la Generalidad, incluido su brazo armado, los Mozos de Escuadra, en connivencia con las organizaciones independentistas, ANC), Ómnium) y AMIen las semanas previas a la consulta ilegal celebrada el 1 de octubre (1-O).

El objetivo de esas investigaciones debería haber sido adoptar las medidas legales oportunas para impedir su repetición en el futuro. Un Estado que se precie tiene que dictaminar con rapidez sobre la constitucionalidad de las leyes orgánicas aprobadas en un parlamento autonómico y tramitadas en Las Cortes y exigir el cumplimiento del orden constitucional y las resoluciones y sentencias judiciales a los gobiernos autonómicos. Un Estado que se precie no puede permitir que se celebren oleadas de consultas como las que se celebraron en Cataluña entre 2009 y 2011 cuestionando el orden constitucional, y mucho menos cuando quienes organizan las consultas son gobiernos autonómicos, como hizo el gobierno de la Generalidad el 9-N en 2014 y el 1-O en 2017. Un Estado que se precie no puede permitir la creación de ‘comisiones constituyentes’ en un parlamento autonómico, ni que se aprueben leyes de desconexión como hizo el gobierno de la Generalidad el 6 y 8 de septiembre, ni mucho menos que sus gobernantes declaren constituida una república independiente dos veces Lamentablemente, durante la vigencia del 155 ni se investigó a fondo el proceso insurreccional y por no saber no conocemos siquiera hoy cómo se planificó y se financió la consulta del 1-O.

Huida, juicio, sentencia y mofa de la justicia

La huida de Puigdemont, algunos ex consejeros de su gobierno (Comín, Ponsatí, Puig y Serrat) y algunos líderes parlamentarios (Rovira de ERC y Gabriel de la CUP), y el encarcelamiento del exvicepresidente Junquera y los exconsejeros Bassa, Borrás, Forn, Romeva, Rull y Turull, la expresidenta del Parlamento Forcadell, y los presidentes de la ANC y Ómnium, Sánchez y Cuixar, respectivamente, aunque limitó la libertad de movimientos de los principales protagonistas del proceso insurreccional dejó intactos los cimientos de los partidos políticos, PDeCAT, ERC y la CUP, y de las tres organizaciones secesionistas que habían participado activamente en el proceso desde 2012. Y digo parcialmente porque sabido es que Puigdemont instalado en una lujosa mansión en Waterloo (Bélgica) desarrolló una notable actividad política y ejerció una notable influencia sobre el presidente Torra, y porque, por otra parte, los insurrectos encarcelados desarrollaron una intensa y desafiante actividad política desde el momento en que fueron trasladados a centros penitenciarios en Cataluña en julio de 2018, a la espera de ser juzgados. Su insólito comportamiento provocó que incluso la directora de la prisión de Lledoners se quejara de que su actitud interfería con el normal funcionamiento del centro.

Pese a las intimidaciones y agresiones sufridas por el juez Llarena, instructor de la causa, el proceso siguió su curso y el Tribunal Supremo (TS) juzgó a los golpistas encarcelados con todas las garantías procesales de un Estado de derecho en un juicio emitido íntegramente por televisión a todo el mundo. La sentencia de la sala de lo penal presidida por el magistrado Marchena no condenó finalmente por rebelión a los principales líderes del proceso, como solicitaba la Fiscalía, sino tan sólo por sedición y malversación (en algunos casos), después de que el gobierno del presidente Sánchez, aupado a La Moncloa por los secesionistas catalanes el 1 de junio de 2018, impusiera a la Abogacía del Estado rebajar la acusación a malversación y sedición, y relevara al abogado del Estado (Bal) que había llevado el peso del proceso e insistía en que los principales procesados habían incurrido en delito de rebeldía. De hecho, fue la propia abogada general del Estado (Castro) quien firmó el escrito rebajando la acusación y separándose así de los criterios mantenidos tanto por el juez instructor Llarena como por la Fiscalía del TS.

«Los insurrectos encarcelados desarrollaron una intensa y desafiante actividad política desde el momento en que fueron trasladados a centros penitenciarios en Cataluña»

La sentencia del TS hecha pública el 15 de octubre de 2019 condenó a los principales líderes del proceso insurreccional no huidos al extranjero, los exconsejeros Junqueras, Bassa, Romeva, Turull, Forn y Rull, la expresidenta del Parlamento Forcadell y los presidentes de la ANC y Ómnium, Sánchez y Cuixart, respectivamente, a penas comprendidas entre 9 y 13 años por los delitos de sedición y malversación de fondos en algunos casos. Una vez finalizado el juicio, los condenados fueron trasladados para cumplir sus condenas a los centros penitenciarios en Cataluña donde ya habían permanecido encarcelados preventivamente a la espera de ser juzgados, no sin que antes el presidente Torra cesara a la poco comprensiva directora de la prisión de Lledoners.

Pocos días después de publicarse la sentencia, el 19 de octubre de 2019, Capella, consejera de Justicia del gobierno de Torra y militante de ERC, se reunía con Junqueras y el resto de condenados en la prisión de Lledoners y les trasladaba el reconfortante mensaje de que pasadas las elecciones generales el 10 de noviembre, la Generalidad “iniciará los trámites necesarios para que puedan salir a la calle”. Dicho y hecho. No habían pasado 4 meses desde la publicación de la sentencia, cuando la Generalidad aplicó el artículo 100.2 del régimen penitenciario y concedió permisos de varios días a la semana a los exconsejeros Forn y Bassa, a la expresidenta Forcadell, y a los presidentes de la ANC y Ómnium, Sánchez y Cuixart, respectivamente, todos ellos condenados por sedición. Y el 28 de febrero de 2020 el consejo de vigilancia penitenciaria dependiente del gobierno de la Generalidad concedía permiso a Junqueras, máximo responsable junto con Puigdemont del proceso insurreccional y condenado a 13 años por sedición y malversación, para impartir docencia en el campus de Manresa de la Universidad de Vic, y a Romeva, condenado en su caso a 12 años por los mismos delitos, para realizar voluntariado en una asociación privada que evalúa los avances de los acuerdos de Paz en Bosnia-Herzegovina firmados el 25 de noviembre de 1995.

Junqueras tendría así ocasión de explicar con todo lujo de detalle a sus aplicados alumnos en Manresa como se financia un proceso insurreccional desde la consejería de Economía, y Romeva de dejarse los cuernos vigilando el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en Dayton (Ohio) con la intermediación de Estados Unidos que puso fin a la guerra en los Balcanes 25 años antes. El 14 de julio de 2020, el gobierno de la Generalidad concedía el tercer grado a todos los condenados. Un auténtico esperpento en materia de aplicación del reglamento penitenciario que venía a dar la razón a quienes como la Fiscalía había reclamado en el juicio contra los insurrectos establecer un período de seguridad para evitar que el gobierno de la Generalidad desnaturaliza la condena. Y también a quienes consideraban una temeridad que los condenados cumplieran sus condenas en centros penitenciarios administrados por el mismo gobierno que había protagonizado la insurrección. Pero el magistrado Marchena no vio peligro alguno en ello y desestimó establecer cautelas para asegurar el cumplimiento de las condenas.

Fin de los privilegios e indulto a la vista

El tratamiento de privilegio otorgado desde el primer día por el gobierno de la Generalidad a los responsables del ataque más serio realizado por civiles contra el orden constitucional desde 1978 resultó tan escandaloso que el TS, a instancias de la Fiscalía, tuvo que tomar cartas en el asunto. En agosto, se suspendió el tercer grado a los reos varones condenados que gozaban hasta ese momento de un régimen de semilibertad que les permitía salir a trabajar durante la semana y pasar los fines de semana en casa. Finalmente, el TS ordenó el reingreso en prisión de todos ellos el 20 de diciembre de 2020, tras constatar que resultaba prematuro aplicarles tales privilegios, habida cuenta que la mayoría de ellos no habían cumplido la mitad de sus condenas (y algunos ni siquiera una cuarta parte), la ausencia de arrepentimiento y el hecho de que los trabajos que desempeñaban no eran acordes con el delito por el que habían sido condenados. Un año después de la sentencia, el TS reconocía implícitamente haberse equivocado al denegar a la Fiscalía su petición de establecer un período de seguridad.

«El 14 de julio de 2020, el gobierno de la Generalidad concedía el tercer grado a todos los condenados«

El TS descalificó por sus actuaciones tanto a la consejería de Justicia del gobierno de la Generalidad por concederles el tercer grado, como a los juzgados de vigilancia penitenciaria por avalar la decisión del Ejecutivo catalán. En concreto, el Tribunal considera inadmisible haberse atribuido la potestad de reinterpretar la sentencia del TS y actuar de hecho como una tercera instancia. La revocación del tercer grado y el reingreso en prisión, la única decisión congruente con la importancia del delito y de las penas, fue saludada con rabiosas salvas por los sediciosos. Romeva declaró enfáticamente que “el Estado es una gran prisión”, Junqueras lamentó que se quiera incidir sobre la sociedad “con la represión, con la prisión y el exilio forzado”, y el inhabilitado expresidente Torra aprovechó la oportunidad para lanzar una andanada contra ERC por haber apoyado los Presupuestos “de un Estado que te quiere sometido”.

Si el arrepentimiento de los encarcelados brilla por su ausencia, Puigdemont continúa desafiando abiertamente al Estado desde su confortable retiro en Waterloo. El pasado 19 de diciembre, el expresidente resucitaba el ‘consejo de la república’ del que se proclamaba presidente, y pedía a todas las instituciones reactivar la proclamación de independencia realizada el 27-O. Él que se fugó a calzón quitao nada más proclamarla pide a esas instituciones que abandonó hacerla efectiva. Como algunos ingenuos pueden seguir apoyando a este cínico vividor instalado en su mansión belga es un misterio casi tan insondable como que 75 millones de estadounidenses votaran a Trump y algunos miles de sus frustrados seguidores se animaran a tomar al asalto el Capitolio. En todo caso, la presencia de un prófugo de la justicia española en la Eurocámara constituye una auténtica afrenta al Estado de Derecho y al imperio de la ley, los pilares que articulan la EU, y el hecho de que pueda presentarse a las elecciones autonómicas en Cataluña el próximo 14-F, una afrenta merecida a nuestros representantes en Las Cortes, que nada han hecho desde el 20-O para impedir que un prófugo pueda figurar en las listas electorales y ser elegido diputado en España.

La siguiente afrenta al Estado de Derecho será el indulto que el gobierno Sánchez está preparando como parte del pago por los servicios prestados por ERC para aprobar las cuentas del Estado de 2021. Una vez más la Fiscalía está manteniendo alta la bandera de la legalidad y ha presentado informes individuales de los 12 condenados para justificar su oposición a concederles el indulto. Los cuatro fiscales que participaron en el proceso “entienden que el espíritu de la Constitución excluye de la concesión del indulto a los miembros de un gobierno que acometieron un deliberado y planificado ataque al núcleo esencial del Estado democrático” y considera que “aceptar la responsabilidad por el delito cometido y el decidido propósito de no reincidir son condiciones mínimamente exigibles para acceder al indulto”. Ya hemos visto que esas condiciones mínimas brillan por su ausencia y resulta vergonzante que los fiscales tengan que recordarle al gobierno de Sánchez que esta medida de gracia no puede emplearse lejos de los parámetros de la justicia, como moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios”. Dudo que a los trileros gubernamentales sus argumentos los inmuten siquiera.

La ANC continúa incendiando Cataluña

En cuanto a los tres actores sociales del proceso, se puede decir que a pesar de la aplicación del 155 y el encarcelamiento de los presidentes de la ANC y Ómnium, estas organizaciones apenas se han visto afectadas y continúan, pese a las restricciones impuestas por el Covid-19, casi tan activas como durante los meses que precedieron al 27-O. Desde entonces, la ANC ha llevado a cabo numerosas iniciativas por toda Cataluña para exigir la liberación de ‘presos políticos’ y ha continuado difundiendo los beneficios de la independencia y atacando al Estado opresor. En 2019, la organización presidida por Paluzie, puso en marcha una campaña, denominada eufemísticamente ‘consumo estratégico’ con el propósito de convencer a los catalanes y a los 786 Ayuntamientos adscritos de la AMI para que adquieran únicamente bienes y servicios producidos por empresas y entidades financieras comprometidas con el objetivo de alcanzar la independencia de Cataluña, y para facilitarles el trabajo puso en marcha un buscador secreto que conecta a empresas y consumidores “que quieran contribuir a la independencia de Cataluña”. La patronal Fomento de Trabajo denunció la iniciativa ante la Agencia catalana de la competencia (Acco) por fomentar “una conducta anticompetitiva prohibida, porque es contraria a la buena fe, falsea la libre competencia en el mercado y afecta al interés público”.

En la Diada de 2020, Paluzie reclamó a los partidos políticos independentistas sentarse a hablar para conseguir el 50% + 1 de los votos en las próximas elecciones y “aplicar el mandato del 1 de octubre y declarar la independencia de Cataluña”. Ahora mismo, la ANC está desarrollando cuatro campañas para crear ‘instrumentos de país’. Quizá la de mayor alcance es la que pretende reforzar la soberanía fiscal animando a los catalanes a pagar todos sus impuestos a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), en lugar de hacerlo a la Agencia Tributaria, para empujar al gobierno de Cataluña a fortalecer la ATC y hacer de ella “un instrumento de estado indispensable, para que gestione un volumen superior de recaudación e información tributaria”. No menos preocupante son las diversas campañas puestas en marcha por la ANC para ocupar posiciones en las organizaciones sindicales y patronales y en los colegios profesionales, y reforzar propia estructura de la ANC con vistas a “conseguir un objetivo de cambio político” mediante el empleo de “la lucha no violenta”.

«No menos preocupante son las diversas campañas puestas en marcha por la ANC para ocupar posiciones en las organizaciones sindicales y patronales y en los colegios profesionales»

Además, la ANC coordina desde hace tiempo sus movilizaciones con CSC-intersindical, el sindicato independentista que ha convocado varias huelgas generales en Cataluña y cuyo secretario general, Carles Sastre, fue condenado por el asesinato del industrial catalán Josep María Bultó, perpetrado por la banda terrorista Terra Lliure en 1977. Entre los éxitos más recientes logrados por la ANC, cabe mencionar el haber logrado que su candidato, Canadell (dueño de la red de gasolineras ‘Petrolis Independents’), se hiciera con la presidencia de la prestigiosa Cámara de Comercio de Barcelona en las elecciones celebradas en junio de 2019, y que su candidato a rector de la Universidad de Barcelona, Guàrdia, resultara victorioso en las elecciones celebradas en diciembre de 2020. Entre las iniciativas recientes de menor calado de la ANC se encuentran la campaña navideña para promover la “compra cerca de casa” y favorecer a “las agrupaciones de autónomos, tiendas y comercios locales”, y la fiscalización de los programas electorales de los partidos independentistas con el objetivo de ‘orientar’ el voto de sus afiliados y simpatizantes en las elecciones autonómicas el 14-F.

Sin duda, la ANC es de las tres organizaciones secesionistas la más activa, pero no se puede minusvalorar el papel que ha desempeñado Ómnium a lo largo del proceso desde aquella manifestación convocada por el indignado Montilla en julio de 2010, ni tampoco la enorme influencia y capacidad de movilización de la AMI, una asociación creada con la finalidad de ”compartir ideas, iniciativas (legales y cívicas), experiencias, información y herramientas de gestión y todo aquello que pueda ser útil para llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia”. La AMI, a la que estaban adheridos 786 municipios de Cataluña en 2017 (no hay datos más recientes), está embarcada en estos momentos en una campaña para difundir “una guía sobre la implicación del mundo local en la construcción de la República Catalana”. Si ustedes no son independentistas, se preguntarán conmigo por qué los recursos municipales a los que todos, independentistas y no independentistas contribuimos con nuestros impuestos y tasas, se destinan a financiar una asociación de Corporaciones Locales cuyos fines son abiertamente anticonstitucionales y por qué las instituciones del Estado español que deberían velar por mantener el orden constitucional lo permiten. Resulta incomprensible que la AMI no haya sido ilegalizada todavía.

Elecciones a la vista

Con este panorama desolador desde el punto de vista del Estado de Derecho y el imperio de la ley llegamos a las próximas elecciones autonómicas, las quintas desde noviembre de 2010 sin perspectivas de que el Parlamento y el gobierno que salgan de estas elecciones abandonen las ensoñaciones pseudo históricas y las políticas de confrontación con las instituciones centrales del Estado, y empiecen a gobernar Cataluña mirando al frente en lugar de al retrovisor. Tengo la impresión de que los políticos independentistas, contrariamente a lo que sostenía el expresidente Pujol hace 35 años, han encontrado en la supuesta opresión y expolio del Estado español el chivo expiatorio para encubrir su incompetencia y sus corruptelas como gobernantes y administradores, así como una suerte de ancestral complejo de inferioridad hacia la corte. Pregúntense por qué el club de fútbol Barcelona, al que nadie le obliga a participar en la Liga Española de Fútbol, no se independiza ya: tal vez porque si lo hiciera no podría achacar sus fracasos a Franco, ni a los Borbones, ni a la persecución arbitral. Se consuelan pensando que si no fuera por Madrid… seríamos los mejores. Una ensoñación más.

Vivo en un pueblecito en el Alto Penedés y tanto en mi municipio como en casi todos los demás Ayuntamientos de la comarca los símbolos de la insurrección están muy presentes en calles y plazas. En Vilafranca, la capital comarcal, la casa de la Vila exhibe un enorme lazo amarillo y la plaza de la Vila está plagada de pancartas pidiendo la libertad de los ‘presos políticos’ y el retorno de los ‘exiliados’. De nada sirvió que rellenara una solicitud hace más de dos años exigiendo su retirada, pero lo triste es que nada hayan hecho las delegaciones del Gobierno para subsanar esta afrenta al Estado de Derecho. Durante el confinamiento primaveral, mi Ayuntamiento nos repartió dos mascarillas gratuitas de color amarillo, claro está, y en estos meses el concejo aprobó dos mociones rechazando la negativa del Parlamento Europeo a reconocer su condición de eurodiputado a Junqueras, condenado como sabemos a 13 años por sedición y malversación, y la inhabilitación de Torra por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (confirmada por el TS) que, a su entender, “vulnera tanto el Reglamento del Parlamento de Cataluña como el Estatuto de Autonomía”. Por supuesto, estas resoluciones no están respaldadas por ningún argumento jurídico: se trata de meras afirmaciones gratuitas que acaban conformando el estado de opinión de los ciudadanos a los que van dirigidas. La situación actual puede resumirse así: aunque Junqueras y Torra no han podido escapar de la justicia, los alcaldes de la AMI que apoyaron la insurrección y acudieron al Parlamento el 27-O para celebrar la proclamación de la república catalana, continúan actuando con total impunidad.

Estos días navideños he recibido la publicación municipal y su contenido me reafirma en que todo sigue igual. El Ayuntamiento ha prestado sus locales y su aportación económica al ‘Correllengua’, no para impulsar el uso de la lengua catalana sin más, sino para “apoyar la plena normalización del uso social de la lengua catalana en todos los territorios de habla catalana y a favor de su unidad”. El 27 de febrero, Ómnium y la ANC presentaron al alimón en el local social del pueblo el libro de Turull, condenado por sedición y malversación a 12 años de prisión, titulado “Persistimos”, y en la fotografía puede verse una bandera estrellada presidiendo el acto. El 23 de junio y por quinto año consecutivo el Ayuntamiento fue a recoger la llama del Canigó, aquel lugar mítico que escalaba Pujol, el nada honorable (N.H.) expresidente y defraudador confeso, y el 11 de septiembre el presidente local de la ANC celebró la Diada leyendo en un parquecito el manifiesto de la organización. Solo las restricciones por el Covid-19 han aminorado el ritmo del proceso insurreccional.

El próximo 14-F acudiré a votar y desde mi colegio electoral podré ver como ondea una bandera estrellada en lo alto de una farola situada en la rotonda de entrada al municipio. Y cuando vaya al colegio electoral veré impreso en primer lugar en las papeletas de Junts per Catalunya el nombre de un prófugo de la Justicia: Puigdemont. Pero la culpa de que estas vulneraciones de la neutralidad exigible a cualquier autoridad constituida sigan ocurriendo aquí y ahora no hay que achacarla a los partidos independentistas, ellos hacen todo lo que les permite la ley y bastante más, a sabiendas de que pueden hacerlo con casi total impunidad, sino a los gobiernos de España, a los Delegados del Gobierno, y a los diputados y senadores en Las Cortes que han preferido mirar desde 2010 hacia otro lado y han preferido en tantas ocasiones comprometer la defensa del orden constitucional por obtener el apoyo de unos votos deshonorables en el Congreso.

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