La CUP ha presentado este lunes un escrito en la Oficina Antifraude de Cataluña ante «presuntas irregularidades» cometidas por la Conselleria de Economía y la de Territorio en la operación de compraventa de terrenos para el proyecto BCN World. En una rueda de prensa, la concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona, Laia Estrada, ha recordado que el partido lleva años combatiendo este proyecto para «garantizar un futuro digno» a las comarcas de Tarragona afectadas.
«Es un proyecto que no responde al interés público en ningún caso porque perjudica al territorio, al medioambiente, y además atenta contra la salud pública porque promueve la ludopatía», ha declarado Estrada.
Los ‘cupaires’ han criticado que este proyecto está pensado para «salvaguardar intereses privados, concretamente de La Caixa» y supone que el Govern asuma unos costes de tipo notarial que no le corresponderían. «Tenemos que asumir esta responsabilidad ante la negativa de ERC y JxCat de poner fin a un proyecto que desde el principio ha sido humo y que vacía las arcas públicas, en un momento en el que este dinero tendría que ir a parar a otras cuestiones», ha afirmado la regidora.
Presuntas irregularidades
La CUP ha destacado las sucesivas prórrogas de la compra de estos terrenos, que ahora se encuentran en una «situación rocambolesca» en la que la Generalitat prevé comprar los terrenos a La Caixa teóricamente para después venderlos a Hard Rock, ha explicado. Para la diputada de la CUP Natalia Sánchez, las excepcionalidades de la compraventa benefician a La Caixa, ya que le ayudarían a «quitarse de encima unos terrenos completamente tóxicos» por su proximidad con un Complejo Petroquímico de Cataluña.
Sánchez ha criticado además que el precio de los terrenos se continúe manteniendo en 120 millones de euros tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en que declara nulo el plan urbanístico que condiciona el mismo proyecto. Además, ha cuestionado algunas de las cláusulas del acuerdo que son perjudiciales para la Generalitat: «Hay muchos supuestos de los cuales el Incasol, y por tanto una entidad publica, acabaría perjudicado si se diese el caso de que Hard Rock no pudiese llegar a lograr sus objetivos y sus beneficio con el impulso del proyecto».
Para la CUP, es una obligación pública iniciar una petición de investigación ante «la obstinación de mantener, impulsar y proteger un proyecto privado en contra de los intereses públicos» por parte de las Consellerias de Territorio y Economía.