El BOE publicó el pasado 15 de abril el Real Decreto 316/2026 impulsado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que modifica el Reglamento (Real Decreto 1155/2024) de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, explicó que “con este proceso se pretende garantizar los derechos de las personas migrantes y dotar de seguridad jurídica al sistema” y aseguró que “la regularización va a ser un procedimiento ágil, eficaz y sin trabas y dará respuesta a todos los que cumplan los requisitos”. Según el Ministerio los solicitantes “tendrán que acreditar encontrarse en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes del momento de presentación de la solicitud. Además, será requisito imprescindible carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública”.
Del dicho al hecho va un trecho
Contrariamente a lo afirmado por la ministra Saiz, la regularización extraordinaria impulsada a toda máquina por el gobierno ‘sanchista’ está muy lejos de ser “ágil, eficaz y sin trabas”. Para empezar, la puesta en marcha ha provocado auténticas avalanchas de inmigrantes ilegales que se agolpan a las puertas los Ayuntamientos, las sedes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) colaboradoras del Ministerio de Inclusión, y otros organismos encargados de expedir y tramitar algunos de los documentos requeridos para regularizar su situación. La realidad es que la falta de instrucciones claras y suficiente personal cualificado para atender a cientos de miles de potenciales solicitantes han dejado en papel mojado las palabras de la ministra y creado una situación casi tercermundista.
El caótico proceso de regularización no ha hecho más que empezar, promete prolongarse durante muchos meses más allá del 30 de junio y cabe esperar que se convierta en un auténtico coladero, de ahí la preocupación de tantos españoles y las críticas que han expresado las autoridades de Bruselas, muy conscientes de que esta regularización extraordinaria puede tener consecuencias negativas para el resto de países de la UE. El tema es muy complejo para abordarlo en un artículo, pero voy a señalar algunos aspectos que ponen de manifiesto la improvisación del gobierno de Sánchez y la falta de garantías que están convirtiendo el proceso de regularización en una mera formalidad al darse por buena la documentación aportada por los solicitantes para iniciar el proceso de regularización sin contrastar con rigor la veracidad de lo acreditado.
En cuanto a los requisitos formales y la presentación de la documentación
El proceso de regularización “por razón de arraigo extraordinario” está abierto a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y hayan “permanecido en España de forma ininterrumpida durante los cinco meses anteriores al momento de presentar la solicitud de autorización de residencia”, bastando para acreditarlo “cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales”. El solicitante deberá acreditar también no tener antecedentes penales en los países donde hubiera residido durante los últimos cinco años, no representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública, y “no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España haya firmado un convenio en tal sentido”. Finalmente, se requiere haber abonado las tasas fijadas para tramitar el expediente.
La presentación de las solicitudes puede hacerse telemáticamente o de forma presencial. En el primer caso, el solicitante tiene que disponer de un certificado electrónico de persona física, algo fuera del alcance de un inmigrante ilegal, o bien completar el proceso a través de entidades o profesionales inscritos en el Registro Electrónico de Apoderamientos, abogados, gestores o graduados sociales, y las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería. Para hacerlo presencialmente, se exige contar con cita previa y para ello se habilitan cinco oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, en horario de tarde, de 16:00 a 19:00 horas, una oficina al menos de la Seguridad Social en cada provincia y las oficinas de Correos en ciudades con más de 50.000 habitantes. El plazo máximo de la resolución de los expedientes es de tres meses a partir del registro de la solicitud.
Quiero llamar la atención sobre la laxitud del legislador para probar la presencia del solicitante en España al aceptar “cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales” y la improvisación que supone los escasos medios y horarios habilitados en las oficinas de Extranjería, Seguridad Social y Correos para tramitar y resolver la avalancha de solicitudes. Así como la circunstancia de que el inicio de la tramitación habilita al solicitante de forma provisional, “a residir y a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en todo el territorio nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad”. El proceso da luz verde a trabajar legalmente a todos los inmigrantes ilegales que lo soliciten incluso antes de verificar la veracidad de la documentación aportada.
En cuanto a los requisitos no formales
Para demostrar el arraigo extraordinario en España, basta con que el solicitante pueda acreditar encontrarse en alguna de estas tres situaciones:
a) “Haber trabajado, por cuenta ajena o por cuenta propia, durante su permanencia en España o acreditar la intención de trabajar por cuenta ajena, presentando una oferta de trabajo, o por cuenta propia, a través de la presentación de una declaración responsable, presentada a través de modelo específico”. (Subrayados míos). En el caso de haber trabajado, la suma de contratos presentados ha de superar 90 días en el último año.
b) “Permanecer en España junto con su unidad familiar, siempre que esté compuesta por hijas e hijos menores de edad o mayores de edad que tengan una discapacidad que requiera de apoyo”.
c) Encontrarse en situación de vulnerabilidad, acreditada, conforme a modelo específico, emitido por las entidades competentes en materia de asistencia social.
Con relación al arraigo extraordinario
Conceder “una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario para aquellas personas que estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026” cuando se den alguna de las tres circunstancias previstas en el apartado anterior resulta frívolo por varias razones. Primera, haber trabajado 90 días no es un requisito demasiado ambicioso ni permite suponer que “la incorporación plena al sistema administrativo y económico fortalece la Seguridad Social, mejora la recaudación tributaria y contribuye a un mercado laboral más transparente y eficiente”, como afirma el Gobierno. Uno más bien puede temer que la concesión de residencia a personas que no trabajan o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad pueda suponer una mayor carga financiera para las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos y un riesgo para los propietarios de los inmuebles donde residen.
Por otra parte, resulta paradójico que el presidente Sánchez y los ministros que tanto han criticado los pactos de gobierno alcanzados en varias Comunidades Autónomas entre el PP y Vox exijan estar arraigados en España a quienes solicitan regularizarse. Debería Sánchez y su ministra Saiz explicar por qué priorizar las ayudas sociales en función del arraigo en las Comunidades Autónomas es una manifestación de racismo y xenofobia y exigir a los inmigrantes arraigo para acceder al proceso de regularización es el no va más de la progresía. Pero en este asunto como en tantos otros, la hipocresía del gobierno ‘sanchista’ no tiene límites.
Con relación a la vulnerabilidad
Ya se ha indicado que “hallarse en situación de vulnerabilidad acreditada por entidades competentes” abre las puertas a los inmigrantes ilegales a regularizar su situación. Estos certificados están siendo emitidos por “las entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería regulado por la Orden ISM/164/2026, de 2 de marzo” con gran premura y sin que nadie contraste la veracidad de la información acreditada. Un artículo publicado en el diario El País el 24 de abril, cita fuentes del Ayuntamiento de Madrid que “explican que su sistema colapsó la semana pasada porque, antes del decreto, gestionaban unas 1.500 citas diarias, pero al día siguiente de su aprobación en el Consejo de Ministros recibieron 4.000 solicitudes para este informe, y el jueves la cifra ascendió a 5.500”. Fuentes del Ministerio de Inclusión citadas en ese artículo reconocían haber recibido ya más de 80.000 solicitudes sin detectar problemas significativos, y en otro artículo publicado también en El País el 24 de abril informaba de que “más de 130.000 personas solicitan la regularización durante la primera semana en vigor del nuevo real decreto”.
En lugar de reconocer el cuello de botella producido por la imprevisión y mala fe del Gobierno, al trasladar a los gobiernos autonómicos y a las Administraciones Locales la patata caliente, exactamente como hicieron tras la desastrosa gestión del gobierno de Sánchez de la pandemia entre el 9 de marzo y el 10 de mayo de 2020, la ministra de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión insiste en que el proceso es sencillo, los servicios sociales de los Ayuntamientos están muy preparados y el documento resulta fácil de completar. En efecto, el Anexo II de apenas página y media, incluye 11 apartados (Aislamiento social, Situación de sinhogarismo o vivienda precaria, Víctima de discriminación o exclusión social, Carencia de ingresos suficientes, Situación de pobreza o riesgo de exclusión económica, Dificultad de acceder a empleo, Personas a cargo, unidad familiar en situación de vulnerabilidad, Monoparentalidad en contexto de precariedad, Riesgos psicosociales, Exposición a situaciones de explotación o abuso y Otros) y basta con hacer una cruz en cada recuadro para tenerlo listo en unos segundos.
La realidad es bien distinta de como la pinta la ministra Saiz porque como las asociaciones que asisten a personas inmigrantes señalan “la mayoría de quienes soliciten la regularización lo harán alegando una situación de vulnerabilidad”, y para ello, como reconoce Europa Press Sociedad, “tendrán que acudir a los servicios municipales o a ONG acreditadas, pero el principal problema es la falta de citas disponibles con plazos que, en muchos casos, se alargan uno o dos meses”. Pero más allá de las pavorosas colas que se han formado a las puertas de los organismos que expiden el certificado de vulnerabilidad y la dificultad de verificar si los solicitantes son o no vulnerables, esta situación obliga a preguntarse si estamos regularizando a potenciales trabajadores, al facilitarles desempeñar una actividad productiva y contribuir al PIB, o si estamos otorgando la residencia a personas vulnerables que a partir de ahora disfrutarán de los derechos y ayudas que esa condición les otorga.
Con relación a los antecedentes penales
Uno de los temas que más preocupa a los españoles es que puedan regularizarse inmigrantes con un pasado delictivo. El Real Decreto exige a los solicitantes “aportar certificado de antecedentes penales o documento equivalente expedido por las autoridades del país correspondiente” en los países donde hubiese residido durante los cinco años anteriores a la fecha de entrada en España, sin embargo, basta para poner en marcha el proceso de regularización presentar el justificante de haberlo solicitado. Si transcurrido un mes el solicitante no hubiera obtenido respuesta, “la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería solicitará al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que [lo] recabe, por vía diplomática”, y una vez recibida la contestación el Ministerio trasladará la respuesta a la Unidad de Tramitación. Como todos estos procesos pueden dilatarse durante varios meses, los inmigrantes ilegales serán considerados residentes legales desde el mismo momento en que registren su solicitud con independencia de cuál sea su condición penal.
¿Por qué tantas prisas?
Algo está muy claro: un proceso de regularización de inmigrantes de esta envergadura debería hacerse ordenadamente, con transparencia y rigor, virtudes que en este caso brillan por su ausencia. No obstante, el Gobierno de Sánchez ha optado por impulsar un procedimiento exprés que está poniendo contra las cuerdas los servicios sociales de las Autonomías y los Ayuntamientos y las entidades sociales homologadas para expedir certificados de vulnerabilidad real o imaginaria y facilitando la obtención de la residencia a personas con antecedentes penales. Descartado que el objetivo de la regularización sea inflar el censo electoral en las elecciones Autonómicas y Municipales que tendrán lugar como muy tarde en mayo de 2027, la explicación más plausible a las prisas del Gobierno es presentarse ante los ciudadanos como el garante de las políticas ‘progresistas’.
Con su “No a la guerra” desde finales de febrero y con el proceso de regularización de inmigrantes ahora, el gobierno de Sánchez quiere relanzar su agenda ‘progresista’, presentándose como el defensor de la paz en el mundo y de los vulnerables en España y desviar así la atención de los casos de corrupción protagonizados por Ábalos y Cerdán, los dos secretarios de organización del PSOE entre 2017 y 2025, y los casos de Begoña Gómez y David Sánchez que afectan al entorno familiar del presidente. Y del apagón de hace un año, y del accidente de Ademuz de hace unos meses y de la catastrófica gestión de los trenes de cercanías e infraestructuras viarias. A estas alturas de una Legislatura fallida, este Gobierno sólo pretende ya ganar tiempo para intentar recuperar a una parte de su electorado antes de convocar elecciones generales. Y está dispuesto para lograrlo a usar y abusar del BOE para impulsar con Reales Decretos cualquier política con vitola ‘progresista’, aunque como la regularización de inmigrantes sea en realidad una completa chapuza.
