La Lliga Democràtica, que preside Astrid Barrrio, ha decidido recurrir en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el decreto por el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones del 14 de febrero a causa de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.
En un comunicado, consideran de «extrema gravedad dejar sin efecto la convocatoria electoral, teniendo en cuenta la precariedad institucional que vive la Generalitat, sin presidente desde la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat y con un Govern absolutamente dividido».
«Acomodar la celebración de los comicios y la formación de un nuevo Govern a sus intereses electorales poniendo como excusa la pandemia es, en estas circunstancias, una enorme irresponsabilidad que ocasiona un agravio inasumible» al conjunto de catalanes y su economía, apuntan.
«Abuso de poder»
La formación critica que las elecciones queden aplazadas y remarca que «esto constituye un abuso de poder inaceptable por parte de un gobierno en funciones» y denuncia que, en ningún caso, este gobierno está habilitado a tomar esta decisión sin extralimitar sus atribuciones. Y a la vez expresa su preocupación por el hecho que el Parlament esté disuelto y esto limita su capacidad de control parlamentario del mismo.
La Lliga manifiesta además su «sorpresa» por el silencio de los partidos que hasta ahora «se habían caracterizado por su escrupuloso respeto a la democracia y al estado de derecho».
Crisis sanitaria
El partido también critica que hace más de diez meses que se está conviviendo con la pandemia y que el Govern ha tenido tiempo para preparar un dispositivo para llevar a cabo los comicios en un contexto de crisis sanitaria.
Según la Lliga, con «el tiempo del que disponían no era difícil mejorar el voto por correo, habilitar espacios más amplios, prever más mesas electorales, disponer de las protecciones necesarias por sus miembros o establecer una pauta por ordenar colas en los locales de votación». En esta línea, tila de «intolerable» que quien ostenta el poder de Cataluña sea «incapaz de cumplir la legalidad y la manipule a su conveniencia».
Por otro lado, el pasado viernes, Vox anunció que estudiaría la posibilidad de presentar recurso contra el aplazamiento electoral, mientras que el PSC también sopesará una impugnación si se «cambian las reglas de juego» para el 30 de mayo.