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Un decreto de suspensión de las elecciones que genera reticencias entre los expertos

La fecha del 30 de mayo está sujeta a lo que decida el Ejecutivo presidido interinamente por el republicano Pere Aragonés

Urnas y papeletas Foto: Europa Press

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tendrá que decidir hoy sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por algunas de las organizaciones que han impugnado la suspensión de las elecciones del 14 de febrero. En unos días, se pronunciará sobre el fondo de una suspensión que ha suscitado graves reticencias entre numerosos expertos. Los comicios han sido suspendidos por el Govern poniendo como excusa la pandemia del COVID-19 y tras la irrupción del ministro socialista Salvador Illa como candidato del PSC. En principio, la fecha prevista es la del 30 de mayo, pero esto tampoco está claro puesto que todo queda sujeto a la situación de la pandemia en Cataluña.

Algunos expertos tienen claro que esta cancelación de la convocatoria de febrero es, cuando menos, irregular. Es el caso de Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado, quien pone en tela de juicio, incluso, la convocatoria electoral en sí misma. En un artículo publicado en El Imparcial, Arenas recuerda que la convocatoria electoral obedece al hecho de que, tras la inhabilitación de Quim Torra y la no presentación de ningún candidato, el Parlament quedaba automáticamente disuelto en virtud de lo que señala el Estatuto de Autonomía.

Esta disolución conlleva aparejada la convocatoria «inmediata» de elecciones. «No hay ninguna decisión del presidente de la Generalitat», apunta Arenas en su escrito. «La convocatoria» del 14 de febrero, añade el catedrático, «es resultado de la concurrencia de un supuesto de hecho (no hay candidato a la presidencia de la Generalitat) sin que medie una decisión política». Y es que, asegura, «ahora mismo nadie en Cataluña tiene capacidad para decidir la disolución del parlamento con la inevitable convocatoria de elecciones que lleva aparejada dicha disolución».

Una aberración contra la democracia

La decisión del Govern de suspender la convocatoria del 14 de febrero y trasladarla al 30 de mayo es, según Rafael Arenas, «una aberración«. Y es que el Ejecutivo que preside interinamente el republicano Pere Aragonés se está arrogando «competencias que no tiene» como la de desconvocar unas elecciones y la de «convocar las siguientes». Algo que, en su opinión, se agrava si se tiene en cuenta que el decreto firmado por Aragonés sobre esta cuestión «lo que hace es anunciar que en el futuro se convocarán elecciones» y que será el mismo Aragonés el que lo decida. «El decreto atribuye al vicepresidente de la Generalitat una competencia que no tiene ni de acuerdo con el Estatuto de Autonomía ni con la Ley de la Presidencia de la Generalitat«, abunda Arenas.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès en una imagen de archivo (Generalitat).

El catedrático subraya en su artículo la gravedad de la situación en la que se encuentra hoy la democracia en Cataluña cuando recuerda que lo sucedido significa que «tenemos el parlamento disuelto, funcionando solamente con la comisión permanente, un gobierno que no está en funciones, sino con competencias plenas y no hay elecciones convocadas» pues «se celebrarán el 30 de mayo si las circunstancias lo permiten». «Es un ataque a la democracia que no tiene calificativos«, concluye.

Neutralizar ‘el efecto Illa’

Desde Federalistes d’Esquerres, organización que ha impugnado la suspensión de los comicios, se hace una lectura más política de lo sucedido. Su presidente, Joan Botella, catedrático de Ciencia Política, tiene claro que la cancelación de las elecciones de febrero está directamente relacionada con la irrupción del ministro Illa como candidato del PSC. En una entrevista con e-noticies, Botella, que asegura que no tiene ningún vínculo con los socialistas, considera que el aplazamiento es «un error» y cree que está basado en la necesidad del separatismo de «poder hacer más campaña, durante más tiempo y poder ganar las elecciones en mayo».

Salvador Illa, ministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas (Europa Press).

Botella apunta que podría darse la «interesante paradoja» de que por primera vez en mucho tiempo y, a pesar de estar en la «legislatura más improductiva», el Govern aguantara los cuatro años que legalmente puede trabajar. Y es que el decreto de suspensión de los comicios permite al Ejecutivo independentista «volver a aplazar la fecha electoral en base a no se sabe qué informes«. El catedrático tiene claro que no son argumentos sanitarios los que han llevado a la suspensión y apunta en este sentido que «es comprensible» que los «rivales» del PSC «hayan querido neutralizar» lo que ya muchos llaman el efecto Illa. «La respuesta», añade en la entrevista, «es muy exagerada. Alargar el plazo electoral cuatro meses y medio es algo contundente«.

Sin ley electoral catalana

Expertos como la catedrática Teresa Freixes también han criticado duramente lo sucedido. Freixes recuerda que la suspensión de una convocatoria electoral no está prevista ni por el Estatuto de Autonomía ni por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Cataluña no tiene ley electoral propia). En su opinión, y dada la situación de pandemia y la previsión de que Torra fuera definitivamente inhabilitado, el Parlament podría haber aprovechado el último año para dar luz verde a su propia ley electoral previendo este tipo de supuestos.

Queda, pues, por ver si el TSJC dará la razón a ERC y JxCat o si, por el contrario, se mantendrá la cita electoral del 14 de febrero. Sea cual sea la decisión, a buen seguro que será utilizada por el separatismo como un nuevo motivo para echar mano de su habitual victimismo. Aquello que tanto decían rechazar, que fuera la Justicia española la que marcara la deriva electoral, ha sido lo que finalmente ha sucedido. Tal vez era lo que realmente querían.

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