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Un estudio asegura que la corrupción en Cataluña se agravaría con la independencia

El think tank EPICENTER alerta del riesgo de perpetuar la violencia radical si el separatismo logra su objetivo

Participantes sentados en las sillas de separación en una concentración de la ANC, Òmnium y la AMI por la Diada de Cataluña. Foto: Europa Press

Un estudio del European Policy Information Center (EPICENTER) asegura que, en una Cataluña independiente, la corrupción, tanto institucional como política, se agravaría con respecto a la situación actual. Esta entidad, formada por nueve think tank europeos, considera que «la independencia se ha utilizado para encubrir la corrupción» y por ello prevé que esta pueda «continuar bajo una Cataluña independiente» e, incluso, «agravarse» por la «mayor presión de sus grupos de interés y la capacidad de controlar los juzgados y tribunales».

El mismo estudio cuestiona, además, la calidad de las instituciones democráticas catalanas, denunciando un «rápido deterioro» que atribuye tanto al proyecto separatista como «al uso espurio» de las mismas y a su falta de independencia con respecto al poder político. En opinión de los autores del análisis, esto no es solo atribuible al independentismo, sino que es también producto de «la satisfacción de intereses privados, corporativos y partidistas, que ha dilapidado la confianza construida durante décadas y ha supuesto un coste económico difícil de calcular pero, sin duda importante».

Más violencia

Los analistas de EPICENTER, por otro lado, no son optimistas con respecto a los índices de violencia que podrían registrarse en una Cataluña independiente. Constatan en su estudio que los «principales episodios de violencia» registrados en esta comunidad en los últimos años han tenido como protagonistas al terrorismo yihadista y al vandalismo de los radicales separatistas. Sobre este último aseguran que «es un modus vivendi que bien podría perpetuarse bajo una incierta república independiente». Algo que, a su juicio, «podría desencadenar disturbios civiles por una serie de variadas razones sociales». «Hay muchos escenarios en los que la violencia podría continuar», advierten.

Queman dos muñecos con la imagen de Felipe V y Felipe VI en un acto de los CDR (EP).

EPICENTER denuncia también cómo la Administración catalana en manos de los separatistas ha abandonado áreas como educación o sanidad al «anteponer elementos ideológicos y partidistas al cumplimiento de sus funciones». Y es que, añaden, «la causa de la secesión ha sido continuamente tratada como una prioridad absoluta». Por ello alertan de que, de producirse la independencia, los catalanes podrían encontrarse ante una Administración que siguiera ejerciendo esta «inclinación ideológica o partidista».

Referéndum sí, pero en otras condiciones

El estudio, finalmente, constata que Cataluña «ha experimentado una fractura social y política interna» por la corrupción y por el procés. Sus autores no se oponen a la realización de un referéndum sobre la independencia. Pero sí alertan sobre las condiciones en las que debería celebrarse. De este modo, consideran que, en estos momentos, el procés tiene el respaldo de menos del 50% del electorado, teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones autonómicas. A la vez, aclaran que este respaldo no está del todo claro pues los votantes no solo debían pronunciarse sobre la separación, sino sobre el resto del programa electoral. Por ello creen que, primero, «sería necesario definir con precisión la pregunta que se plantea a los votantes».

Independentistas posando con urnas del referéndum ilegal del 1-O de 2017.

En cuanto a qué tipo de mayoría sería la conveniente para sacar adelante la independencia, los autores del estudio de EPICENTER tienen claro que no podría ser una mayoría simple porque «cuanto más importante sea la cuestión que se decida, más exigente debe ser la norma de votación». En su opinión, declarar la independencia con un 51% de respaldo, como propone, por ejemplo, JxCAT, tendría «poca legitimidad«. Por ello apuestan por la «regla de la mayoría cualificada«, que «constituye una defensa para la parte de la población que no está de acuerdo con una determinada medida propuesta por un gobierno porque podría afectar negativamente a su bienestar».

Aunque admiten que esta mayoría cualificada iría contra los intereses de los partidos separatistas, creen que «no cabe duda de que una solución con un mayor grado de acuerdo sería preferible». Y es que, de no ser así, «una gran parte de los catalanes quedaría fuera del consenso constitucional, lo que acentuaría también la polarización del gran porcentaje de la población que sería expulsado de su propio país en la hipotética independencia».

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