De nuevo, las fuerzas separatistas en el Parlament reivindican el legado del 1-O y forzarán al máximo las costuras del Estado de derecho. Según cuenta El Confidencial, tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana, aspiran a que dos fugados de la Justicia por su implicación en los hechos del otoño catalán, puedan ejercer durante esta legislatura como diputados el Parlament. Se trata de Lluís Puig, número 9 de Junts por Barcelona, y de Meritxell Serret, número dos de ERC por Lleida, ambos elegidos diputados en los últimos comicios y cuya pretensión es ejercer su puesto a distancia.
Inquirido por esta cuestión, fuentes de JxCAT han declarado que no «está decidido lo que haga Lluís Puig». Por su lado, ERC no ha querido responder a las preguntas del citado diario. Según fuentes del entorno separatista en Bruselas, el objetivo es otorgar notoriedad a los políticos catalanes que se encuentran en lo que ellos llaman «el exilio».
Jugarán con el vacío legal
La idea es que los diputados firmen de manera telemática e intervengan de la misma forma, aprovechando que durante la pandemia este tipo de actuaciones han estado permitidas. Sin embargo, su petición revista el problema de la recogida del acta. Tanto Lluís Puig y Meritxell Serret no pueden acudir a España sin ser detenidos, con lo que no pueden asistir al Parlament. Sin embargo, no está regulado que la recogida del acta haya de ser física, solo se estipula que deben firmar su recepción. Presumiblemente, este vacío legal conllevará un conflicto jurídico que podría elevarse a los Servicios Jurídicos del Parlament —sin descartarse otros ámbitos judiciales—.
Por lo que respecta a Lluis Puig, si accede a su acta de diputado, podría disponer de unos ingresos mínimos de 63.000 euros brutos anuales. Puig es un símbolo para el secesionismo en el exterior por cuanto los tribunales belgas rechazaron su extradición alegando que no debería haber sido juzgado por el tribunal Supremo. Por su lado, Meritxell Serret es delegada de la Generalitat ante la UE, por lo que actualmente cobra 87.456 euros brutos. Un puesto que peligra ya que, tal como cuenta El Confidencial, JxCAT estaría pidiendo la conselleria de exteriores. Así, la manera de asegurar su sueldo sería que pudiese cobrar como diputada.
