El Ayuntamiento de Barcelona ha cifrado en 1,1 millones de euros el coste de los daños públicos provocados por los altercados contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que terminaron con 40 detenidos y 150 identificados, según el balance final del Consistorio. Así lo ha detallado el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, este miércoles en la comisión extraordinaria que han solicitado los grupos municipales de Cs y PP para abordar los disturbios en la ciudad.
En concreto, se quemaron 300 contenedores y quedó afectado más de 4.850 metros cuadrados de suelo público; y, respecto los daños en materiales y furgonetas de la Guardia Urbana, la cifra se eleva hasta los 30.000 euros.
El Gobierno municipal, por otro lado, ha rechazado, con el apoyo de ERC y JxCat, la propuesta del concejal del PP Josep Bou de personarse como acusación particular «en los delitos contra el mobiliario urbano». «El Gobierno municipal», ha advertido Bou, «tiene la obligación, y no la posibilidad, de defender la ciudad y no se puede usar la figura de la acusación particular al antojo de la alcaldesa, Ada Colau».
Bou ha asegurado que «no tiene ningún sentido que el Ayuntamiento se pueda personar para otros delitos y no para los delitos contra el mobiliario urbano». El reglamento actual, según ha informado el PP barcelonés en una nota de prensa, solo permite que el Consistorio se persone como acusación particular en el caso de los delitos de odio.