A la pretensión de JxCat de imponer a ERC la dirección del procés en la próxima legislatura a través del Consell per la República y bajo la dirección del fugado Carles Puigdemont responderán los republicanos con la oferta de una mesa de coordinación acordada con Guanyem-CUP. En este organismo, se debería integrar el Consell per la República, así como la Assemblea de Càrrecs Electes, de la que forman parte los cupaires.
Con esta oferta, ERC intenta sortear la conversión de Puigdemont en el presidente de facto de Cataluña y mantener a Pere Aragonés al mando desde la Generalitat. La oferta forma parte del preacuerdo alcanzado entre republicanos y cupaires, a cuyo documento ha tenido acceso Europa Press y que contempla que esta mesa sirva para «trazar las líneas estratégicas y preparar las condiciones para el nuevo embate democrático con el Estado». Establece, además, que se debe convocar lo más pronto posible y tiene que quedarse fuera del foco de las disputas del día a día coyunturales o tácticas entre los partidos.
En este sentido, el preacuerdo subordina el Consell per la República a la mesa de coordinación estratégica y, aunque no especifica su función, sitúan esta entidad privada al mismo nivel que la Assemblea de Càrrecs Electes, en la que que participa la CUP. «En esta mesa se deberá acordar cómo se establece la coordinación entre todos los espacios existentes, como el Consell per la República o la Assemblea de Càrrecs Electes y se deberán establecer los grupos de trabajo necesarios», concretan.
Dos años de diálogo con el Estado
El preacuerdo, por otro lado, mantiene el diálogo con el Gobierno central a través de la mesa de negociación acordada en la pasada legislatura entre ERC y el PSOE. Esta mesa debe centrarse en la autodeterminación y la amnistía pero, eso sí, se impone por primera vez un plazo de dos años para lograr resultados. Justo el tiempo que, como máximo, le queda al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
«Desde la crítica y el escepticismo la CUP se compromete a dar un cierto margen de tiempo a la Mesa de Negociación y no basará su apoyo u oposición al Govern en función de su existencia», recoge el documento, que concreta que los cupaires se mantendrán en una posición de oposición al PSOE y al Gobierno central, y que solo se plantearían formar parte de la mesa si logra el compromiso de autodeterminación y amnistía.
ERC apuesta por ese diálogo y la resolución política en ese espacio, pero se compromete a «no dilatar la mesa innecesariamente y propone que sus trabajos se sometan a una rendición de cuentas que permita su evaluación y desarrollo». Una rendición que consideran que tiene que tener una parte pública y otra más discreta, que debe realizarse en los espacios que quieren componer para desplegar la estrategia independentista.
O referéndum legal o «embate democrático»
El documento contempla dos escenarios posibles: el primero, que la mesa de diálogo con el Estado dé sus frutos y el Gobierno se abra a negociar una solución basada en la autodeterminación y la amnistía, y el segundo, que no ocurra esto, y entonces ERC y la CUP se comprometen a generar las condiciones para «plantear el nuevo embate democrático durante esta legislatura por la vía que el conjunto del independentismo valore como la más adecuada», priorizando el referéndum.
Asimismo, incluye el compromiso de los dos partidos de que la Mesa del Parlament garantice los derechos materiales, civiles y políticos «pese a las consecuencias que puedan suponer», y apuestan por reformar el reglamento de la Cámara para garantizar su soberanía.í
También contemplan la confrontación con el Estado para blindar derechos en ámbitos como la vivienda, derechos de ciudadanía, derechos y libertades, suministros, antifascismo y ecologismo, para «superar el terreno simbólico«, y para ello crearán un grupo de trabajo jurídico-político que estudie cómo llevarlo a cabo y cómo evitar consecuencias para los funcionarios.
Todo atado y bien atado
El documento va acompañado de mecanismos y órganos de coordinación entre ambos partidos para garantizar la estabilidad de la legislatura y el cumplimiento de los pactos, y uno de ellos es el anunciado el lunes por el candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, de someterse a una cuestión de confianza en la primera mitad de 2023.
En este punto, la CUP «se compromete a trabajar para facilitar la gobernanza en todas aquellas cuestiones vinculadas a los compromisos adquiridos y que los impliquen de forma concreta incluyendo la estabilidad presupuestaria«, si los Presupuestos recogen las partidas necesarias para desplegar los puntos del acuerdo.
Para coordinarse y monitorizar los pactos crearán varios grupos de trabajo, como el Comité Permanente de Seguimiento, que se reunirá cada mes para evaluar el cumplimiento de los acuerdos, y la Comisión de Coordinación Parlament-Govern, que hará un seguimiento técnico-político de los acuerdos y la coordinación con la acción del Govern, reuniéndose de manera semanal.
Además, tendrán grupos de trabajo sectoriales para abordar temas en los que no hay un pacto cerrado, y también contemplan grupos de trabajo en el ámbito presupuestario y en el análisis de los grandes proyectos urbanísticos e infraestructuras.
