Las entidades posicionadas a favor del proceso secesionista han recibido cuantiosas subvenciones por parte de diversos organismos de la Generalitat, lo que facilita que algunas de estas ayudas hayan pasado desapercibidas. Es lo que denuncia hoy el diario El Confidencial, que informa de que la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, una entidad que forma parte de Exteriores, ha otorgado 100.000 euros el pasado mes de diciembre a la asociación Iridia para el proyecto Protesta segura y Administración transparente y garantista (Cataluña).
Casualmente, Iridia es el gabinete de abogados al que recurren los activistas separatistas cuando participan en altercados violentos. El despacho, que estuvo vinculado al actual portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, suele defender a activistas violentos, a los que piden grabaciones y fotografías para poder acusar a los antidisturbios, sometiendo a los agentes a una permanente presión judicial.
El mismo despacho que elaboró un informe sobre el 1-O
Asimismo, llama la atención que Iridia fuese el despacho encargado de realizar un contundente informe sobre los altercados del 1 de octubre de 2017. En él, se recogían como ciertos rumores y hechos sin demostrar, como agresiones sexuales a las manifestantes femeninas por parte de la policía. Ello no impidió, no obstante, que el propio Asens entregase el documento en el Parlamento Europeo como prueba de la «represión» del Estado español.
En cualquier caso, no solo resulta significativo que el despacho en cuestión fuese el autor del informe sobre el 1-O, sino que ahora un estudio suyo sobre las protestas reciba fondos que, en principio, deberían haberse destinado a proyectos internacionales.
