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La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra en su segunda causa por los lazos

El Ministerio público acusa al expresidente de «incumplimiento desafiante» y le exige 30.000 euros de multa

El ex presidente de la Generalitat Quim Torra. EFE.

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para el expresidente catalán Quim Torra en su segunda causa por desobediencia, por desoír una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que retirara una pancarta con un lazo amarillo de la Generalitat. En su escrito, el Ministerio Público acusa a Torra de desobediencia por su «incumplimiento desafiante» del ultimátum que el 23 de septiembre de 2019 le dio el TSJC para que retirara del Palau una pancarta con un lazo amarillo que pedía la libertad de los «presos políticos y exiliados».

Torra dejó la Presidencia de la Generalitat en septiembre del año pasado, tras ser condenado a año y medio de inhabilitación por desobediencia, en ese caso por desoír una orden de la Junta Electoral que le ordenaba retirar las pancartas de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos en período electoral. Esta segunda causa deriva de una pieza separada a raíz de las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano en un recurso contencioso administrativo, en virtud del cual el TSJC dictaminó el 19 de septiembre de 2019 que Torra debía retirar esta simbología independentista del Palau de la Generalitat en el plazo de 48 horas.

El expresident, sin embargo, no atendió este requerimiento judicial en el plazo indicado, de manera que el Alto Tribunal catalán emitió el 23 de septiembre una nueva resolución con una «orden clara y ejecutiva», que Torra tampoco cumplió. Finalmente, a primera hora de la tarde del 27 de ese mes funcionarios de los Mossos d’Esquadra procedieron a retirar del Palau de la Generalitat la pancarta en favor de los líderes independentistas en prisión, a instancias de una providencia dictada por el TSJC.

«Incumplimiento desafiante»

En su escrito de acusación, el Ministerio Público esgrime el «patente incumplimiento desafiante» y «contumaz» del acusado a las resoluciones judiciales que «contenían las órdenes claras para las que había sido personalmente requerido». Para el fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito de desobediencia, por el que pide un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de diez meses a razón de 100 euros diarios, es decir, un total de unos 30.000 euros, así como hacer frente a las costas procesales

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