Las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los líderes de la promoción del procés y del referéndum ilegal del 1-O han hecho entrar en cólera al siempre excesivamente sensible separatismo catalán. En total, los líderes del procés tendrán que depositar fianzas por 5,4 millones de euros ante esta entidad para afrontar así los gastos generados a los catalanes por la promoción del proyecto separatista.
Medios como El Nacional, el digital más subvencionado de Cataluña, dedican la práctica totalidad de sus portadas a la decisión del Tribunal de Cuentas y a las reacciones de los afectados. Y es que a las cuantiosas cantidades se une que, en esta ocasión, la llamada Caixa de Solidaritat carece de fondos para ayudar a los separatistas como ha hecho en otras ocasiones.
35 son los altos cargos que deberán depositar estas millonarias fianzas. Se da la circunstancia de que se consideran fianzas de responsabilidad solidaria, por lo que las cantidades impuestas a cada uno de los afectados deben permitir afrontar las que otros no puedan o no quieran pagar. Así, el más afectado es Albert Royo, exsecretario general del Diplocat que tendrá que abonar nada menos que 3,6 millones de euros. Francesc Homs, Andreu Mas-Collell y Artur Mas tendrán que pagar cerca de 3 millones de euros cada uno de ellos, mientras que otros como Raül Romeva, exconseller de Exteriores, deberán afrontar el pago de 2,1 millones de euros.
La ira del fugado Puigdemont
El expresidente Carles Puigdemont deberá pagar 1,9 millones, mientras que el exvicepresidente de su Govern, el republicano Oriol Junqueras, tendrá que cumplir con el pago de una cantidad muy similar. Recordando al Tribunal de los Tumultos, Puigdemont, desde Twitter, ha calificado a los responsables del Tribunal de Cuentas de «fanáticos sucesores del Duque de Alba en su relación con Cataluña». «El 155 también era esto», ha afirmado, «y lleva la firma de Pedro Sánchez«.
El abogado de Puigdemont y procesado por blanqueo en una trama de narcotráfico, Gonzalo Boye, también ha utilizado Twitter para desahogarse. En su caso, lo ha hecho con un mensaje en el que ha calificado todo el procedimiento llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas de «incoherente, arbitrario, parcial, poco riguroso, ilegal y, además, inconstitucional».
El independentismo, por otro lado, está demostrando este martes su peculiar concepto de lo que es la separación de poderes. Los independentistas exigen a Pedro Sánchez que ponga «fin a la represión» económica de los implicados en todo el procés, sin tener en cuenta que el Gobierno nada puede hacer en estos casos. Pero ya se sabe que el marco mental separatista todo lo soporta y difícilmente aceptarán la realidad si esta no les favorece.
