Durante mucho tiempo el separatismo apeló al «marco mental» para justificar cosas como la creencia de que Carles Puigdemont es un presidente en el exilio o que la efímera declaración unilateral de independencia de octubre de 2017 tenía validez. Este martes se ha podido comprobar que el marco mental sigue ahí y, mientras que el presidente Pedro Sánchez ha expuesto ante Pere Aragonés deberes y compromisos para que Cataluña y España salgan juntas de la crisis, el catalán se ha centrado, al menos de cara a los medios, en asegurar que ambos han constatado «la existencia de un conflicto político que se ha de resolver a través del diálogo y la negociación».
Ante las posibles críticas a que la reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat no se vaya a celebrar hasta finales de septiembre, Aragonés ha explicado que comenzarán a trabajar «a nivel técnico y metodológico» en las próximas semanas. De este modo, ha dicho, se fijarán «la metodología, la composición de las delegaciones y el orden del día de la primera reunión», que se celebrará en Barcelona.
El Govern no renunciará a sus exigencias
Aunque Sánchez haya evitado pronunciarse sobre las reclamaciones de amnistía y referéndum pactado del separatismo, el presidente Aragonés ha celebrado que se haya acordado retomar la mesa de diálogo. Y ha admitido implícitamente que la postura del Gobierno no es favorable a los intereses de los independentistas al asegurar que no renunciará ni a la amnistía ni a la consulta.
Aragonés ha señalado también que es necesario encontrar «una solución global a toda la represión» y ha insistido en la idea de que «el futuro de Cataluña lo han de decidir los ciudadanos de Cataluña a través de los votos». El presidente se ha aferrado al dictamen del Consejo de Europa para exigir, al menos de cara a la galería, «la retirada de las demandas de extradición de los exiliados y parar la persecución de representantes políticos en el ejercicio de su mandato».
El republicano, finalmente, ha explicado que, en estos momentos, existen dos ámbitos de negociación entre España y Cataluña. Por un lado, la mesa de diálogo, que se ha de centrar en el «conflicto político». Y, por otro, la Comisión Bilateral, que, presidida por el catalán Miquel Iceta, deberá resolver problemas prácticos como «incumplimientos a nivel estatutario y de inversiones, la gestión de los fondos europeos o la gestión de la pandemia».
