El Claustro de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha aprobado este martes una moción en la que denuncia «la injusticia» del procedimiento sancionador iniciado por el Tribunal de Cuentas contra varios ex miembros del gobierno catalán, entre ellos, los profesores Andreu Mas-Colell y Albert Carreras de Odriozola y se solidariza con los afectados sumándose a la declaración del Instituto de Estudios Catalanes (IEC), formulada el 23 de junio de 2021.
El IEC considera en su declaración que tanto las multas impuestas como la confiscación de bienes y pensiones a diversos antiguos miembros del gobierno catalán por sus actuaciones en política exterior son desorbitadas y enmarca la actuación del Tribunal de Cuentas dentro de «la persecución política que (…) se estaba produciendo en Cataluña en forma de una acción concertada de los órganos de poder del Estado español contra políticos catalanes”.
«Pena anticipada por delitos no cometidos»
A lo largo de la declaración, el IEC hace referencia a «afectados» a los cuales se les han imputado hechos que no han cometido que se cimientan en «opiniones políticas que manifestaron o en la atribución de supuestas intenciones no probadas». Por tanto, concluye «no caben en un procedimiento de autoría y que, por otra parte, se pueden considerar actos o manifestaciones comprendidas dentro del derecho de libertad de opinión y expresión».
«El IEC hace referencia a «afectados» a los cuales se les han imputado hechos que no han cometido que se cimientan en «opiniones políticas que manifestaron o en la atribución de supuestas intenciones no probadas».
Según el texto, «la extraordinaria cuantía de la multa, de diversos millones de euros, tiene un carácter confiscatorio injustificable» cuyo único objetivo es el de buscar la ruina personal de los afectados. En este sentido, sostiene el IEC, se estaría produciendo una vulneración clara del derecho de toda persona a la dignidad personal y familiar.
Universitaris per la Convivència reprueba la moción
El eje fundamental de la reprobación de Universitaris per la Convivència a la moción es la violación explícita del deber de neutralidad ideológica a la que todas las administraciones públicas (también las universidades) están sujetas, por lo que, aseguran «el Claustro no es competente para opinar sobre tales cuestiones».
Privilegiado acceso a la verdad
Resulta sorprendente, según Universitaris per la Convivència, «la certeza con la que se proclama que las personas encausadas por el Tribunal de Cuentas no han cometido” los hechos que se les imputan, a saber, el uso ilegal de importantes cantidades de dinero público».
Resulta sorprendente, según Universitaris per la Convivència, «la certeza con la que se proclama que las personas encausadas por el Tribunal de Cuentas no han cometido los hechos que se les imputan”.
La falta de transparencia en cuanto al gasto y actividades en materia de acción exterior por parte de la Generalitat ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación. La negativa al seguimiento de agendas o a la rendición de cuentas ha estado en el centro del debate en el propio Parlamento. Por tanto, Universitaris per la Convivència se pregunta si ¿acaso los 93 claustrales que votaron a favor de la moción disponen de privilegiados accesos a la verdad de las cosas que están vedados al resto de los mortales?.
En caso negativo, resuelven, «no cabe más que lamentar el ridículo que supone opinar sobre lo que no se conoce, comprometiendo frívolamente el bien ganado prestigio de la UPC. Sobre todo, considerando la reciente noticia de la dimisión de una de sus vicerrectoras, después de que el pasado día 11, con motivo de la Diada, expresara en público sus ganas ‘de fuego, de contenedores quemados, de aeropuerto colapsado’, y por ello recibiera la muy justificada censura de buena parte de la opinión pública».
«No cabe más que lamentar el ridículo que supone opinar sobre lo que no se conoce, comprometiendo frívolamente el bien ganado prestigio de la UPC».
Universitaris per la Convivència
«Secuestro a la libertad de pensamiento«
Finalmente, se recuerda, de nuevo, que la universidad es una institución consagrada a la enseñanza y a la investigación y no a opinar sobre cuestiones políticas. «Al hacerlo, no solo viola su deber de neutralidad sino que secuestra la libertad de pensamiento de todos los que integran la comunidad universitaria, al opinar en su nombre. Además, al asumir por vía de autoridad una posición partidista, ejerce una ilegítima dominación ideológica que sin duda dificulta la libre expresión de las ideas por parte de alumnos y profesores, estos sí auténticos titulares de ese derecho».
Por hechos como el que motiva el presente comunicado, Universitaris per la Convivència ha obtenido ya resoluciones favorables del Defensor del Pueblo y de diversos tribunales, además de abundantísimos apoyos de colegas de diferentes universidades y profesionales de múltiples ámbitos. Esta plataforma no cesará en la defensa de su objetivo fundacional: que en los campus catalanes se respete la libertad ideológica y se fomente el debate plural y respetuoso de ideas para contribuir así a una verdadera convivencia democrática en nuestra comunidad.
