La presión de las voces constitucionalistas que claman contra la exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana parece que empieza a encontrar eco. Aunque el Gobierno sigue negando que las políticas lingüísticas practicadas por el nacionalismo en Cataluña quebranten los derechos de los castellanohablantes —sin ir más lejos, no piensan hacer cumplir la sentencia del TSJC que obliga a que el 25% de las clases en Cataluña sean en castellano—, ha empezado a dar tímidos pasos para dar respuesta a las quejas constitucionalistas.
Así, en una entrevista en el diario El Mundo, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha prometido reforzar el castellano el currículo escolar. «En el marco de las competencias de este Gobierno, estamos trabajando en el borrador de la distribución horaria de las distintas asignaturas, y en él vamos a dar más importancia a la Lengua Castellana, como sucederá con las Matemáticas y las enseñanzas artísticas». De este modo, asegura Alegría, «Lengua Castellana será la asignatura que más horas tendrá en ESO» en toda España.
Sostiene que la Lomloe garantiza el conocimiento de todas las lenguas
Sin embargo, Alegría rechaza que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña como lo es el catalán. Y es que, en este sentido, admite que el Ejecutivo no contempla tomar medidas para que se cumpla la sentencia que establece que en esta comunidad al menos el 25% de las clases se impartan en lengua castellana —es decir, que haya asignaturas que se impartan en español más allá de la propia asignatura de lengua española, convirtiendo así a la lengua común en vehicular. Su argumento es que la «última sentencia del TSJC está en casación ante el Supremo», por lo que no considera «prudente entrar en un terreno aún por resolver».
Por otro lado, Alegría afirma que el Gobierno se da por satisfecho con el asunto recordando que la Lomloe obliga a tomar medidas a las administraciones para que «todos los estudiantes alcancen un dominio pleno de ambas lenguas» al terminar la educación básica, obviando que la Generalitat no cumple con este extremo.
