La sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a que el castellano sea vehicular en el 25% de las clases en la escuela catalana ha puesto de acuerdo a toda la izquierda catalana, que la rechaza de plano. Así, sabíamos que tanto el PSC, como los comunes se habían unido al separatismo en su rechazo a la sentencia que anulaba la inmersión lingüística —al menos, así lo hicieron en una votación en el Ayuntamiento de Barcelona el pasado diciembre, en el que ambas fuerzas respaldaron una moción de Junts per Cataluña para mostrar su oposición a la sentencia.
Ahora, tal y como ha hecho notar el portal antiseparatista Dolça Catalunya, hemos sabido que el sindicato UGT también se opone de manera vehemente a dicha sentencia. Así lo hace saber en una entrada de su web publicada el pasado 6 de agosto, en la que, tras compartir una noticia de El Nacional en la que se informa de que el Gobierno no forzará la ejecución de la sentencia citada, comentan: «Parece que hay una buena noticia para el futuro de catalán. El Gobierno español no forzará la sentencia que obligaba a hacer el 25% de las clases en castellano». Y añaden la siguiente aclaración: «Una sentencia absurda y que desconoce la realidad de la inmersión lingüística en Cataluña y su aplicación».
Las entidades constitucionalistas, a favor de su aplicación
Dicha actitud contrasta con la de entidades constitucionalistas como Sociedad Civil Catalana que, en colaboración con la Asociación Cataluña por España, emprendió recientemente una campaña para forzar a Educación a cumplir la sentencia del 25%. En un escrito dirigido a la comunidad educativa, ambas entidades recordaron que las últimas cinco sentencias sobre esta cuestión «avalan por ley el bilingüismo vehicular que debería haber existido siempre». Asismismo, precisaron que «la inmensa mayoría de catalanes apuesta por un sistema educativo bilingüe o trilingüe». Por ello, lamentaron que «se están primando posturas ideológicas, muchas veces sectarias y restrictivas, en detrimento de la formación en libertad».
