A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió indultos a los dirigentes del procés para abandonar lo que el separatismo y parte de la izquierda considera una excesiva «judialización» del problema nacionalista, las consecuencia judiciales del otoño de 2017 están lejos de terminar. Sin ir más lejos, la Fiscalía acaba de pedir tres años de cárcel y 17 de inhabilitación para el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont.
Así, la Fiscalía acusa a Alay de pagar con fondos públicos un viaje de 2018 como observador del referéndum de Nueva Caledonia, a pesar de ser «ajeno a sus funciones». En su escrito de acusación, el Ministerio Público atribuye a Alay los delitos de malversación de caudales y prevaricación y exige que se le condene a indemnizar a la Generalitat con los 4.732 euros que costó el viaje, que fueron asumidos por el Departamento de Presidencia a cargo del presupuesto de la Oficina del President.
Y es que, según sostiene la Fiscalía en su escrito, Alay contrató en octubre de 2018 el vuelo a Nueva Caledonia «abusando» de su condición, «excediéndose en sus funciones» y «apartándose de su obligación de servir a intereses generales propios de la administración pública». En este sentido, motivó que los gastos del viaje «se abonaran indebidamente a cuenta del erario público de la administración autonómica, con un claro perjuicio económico para este último».
Investigado también por el Caso Voloh y Tsunami Democràtic
Cabe recordar que ALay también está imputado por el Caso Voloh por un supuesto desvío de fondos al procés, así como por la Audiencia Nacional por haber formado parte de Tsunami Democràtic, la entidad que alentó en 2019 los tumultos tras la sentencia del proceso separatista.
