El constitucionalismo no piensa quedarse quieto ante la ofensiva contra el bilingüismo emprendida por la Generalitat. Desde que el Tribunal Supremo estableciese que todas las escuelas catalanas deben atenerse a la Constitución e impartir un mínimo del 25% de las clase en castellano para que éste sea vehicular junto al catalán, la Generalitat ha endurecido su política de exclusión del castellano en el ámbito escolar. Así, tras amparar a los acosadores de la familia de Canet que pedían el 25%, acaban de lanzar una campaña promocional en la prensa informando de las medidas que tomarán para esquivar el fallo del Supremo. La respuesta por parte del constitucionalismo no se ha hecho esperar, y Ciudadanos ha anunciado que llevará la campaña al Tribunal de Cuentas.
«El Govern vuelve a utilizar el dinero de los catalanes para hacer una campaña de propaganda haciendo apología de la desobediencia a los tribunales», ha denunciado el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa. Y ha añadido: «Mientras otros miran a otro lado, Cs lo denunciará al Tribunal de Cuentas. Si quieren campañas, que las paguen de su bolsillo».
El texto difundido en la prensa y sufragado con dinero público avisa de que el Govern velará por que los centros cumplan con su plan lingüístico —los cuales vetan por sistema el castellano— enviando a inspectores a las clases, elaborará un nuevo marco normativo para consolidar la inmersión monolingüe y, finalmente, formará a todo el cuerpo docente para que eviten en lo posible que los alumnos se expresen en español.
